Regulación latinoamericana dejó importantes retos para la criptoindustria en 2018  

En los diferentes países de Latinoamérica, la regulación de la industria de las criptomonedas fue uno de los temas que se abordó recurrentemente en 2018. Algunos expertos del ecosistema regional creen que, aunque se registraron avances, las autoridades parecen no haber comprendido del todo la tecnología y sus principios fundamentales. Esto ha derivado en actuaciones y normativas desvinculadas del propósito de la criptoeconomía.

En el encuentro Labitcoinf 2018, un importante evento del ecosistema latinoamericano, un panel de invitados coincidió en que aún existe un importante desconocimiento del funcionamiento de la industria por parte de los reguladores. En este sentido, algunas normativas tienden a ser coercitivas, con elevadas cargas impositivas, o con trabas burocráticas que podrían llegar a hacer inviable la operatividad.

La ignorancia y prejuicios sobre el sector, la percepción de riesgo, y la intención de preservar el mercado, fueron señaladas entre las principales causas de las actuaciones adversas contra la industria latinoamericana de criptomonedas. No obstante, se consideró que la situación actual plantea un reto trascendental para los actores del ecosistema, en cuanto a la educación en tecnología de los criptoactivos y la promoción de buenas prácticas y autorregulación.

Estos son algunos países latinoamericanos donde la regulación de los criptoactivos se mantuvo en la palestra a lo largo de 2018.

México

La promulgación en México de la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, fue sin duda uno de los hechos de mayor impacto del 2018 en materia de regulación latinoamericana. Se trata del único país de la región, hasta el momento, que cuenta con un instrumento legal para el sector de los criptoactivos. Esto lo convierte en una referencia regional sobre el tema.

El instrumento legal entró en vigencia a principios de marzo de este año, con el objetivo de regular los servicios que prestan las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). La ley abarca los servicios de financiamiento colectivo, manejo de fondos de pago electrónico y la comercialización de criptomonedas, definidas como «activos virtuales» para los efectos del instrumento legal.

La normativa para la implementación de la Ley FinTech en materia de criptomonedas quedó a cargo del Banco Central de México, el cual la emitió en julio de este año. Estas normas incluyeron limitaciones a las casas de cambio de criptomonedas, ya que establecieron que el Banco de México será en encargado de determinar cuáles criptoactivos serán comercializables y cuáles no.

En el mes de septiembre entraron en vigencia un paquete de disposiciones secundarias de la Ley FinTech. El grupo de normas para las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) incluyó lineamientos que pueden considerarse más estrictos de lo necesario. Por ejemplo, identificar la geolocalización del cliente, como requisito para establecer un contrato con una empresa del sector.

Otras disposiciones para la regulación de las operaciones con «activos virtuales» (criptomonedas), quedaron pendientes para el próximo año. Se espera que el Banco Central de México abra una consulta pública en enero o febrero de 2019 para completar las disposiciones secundarias de la Ley Fintech.

En Labitconf 2018, algunos representantes de casas de cambio de criptomonedas se quejaron de la enorme cantidad de trámites burocráticos que implica la adecuación a la nueva Ley Fintech. Andrés Fleischer, COO de Ripio, dijo que la entrada de nuevas startup al mercado mexicano representa un «proceso que es carísimo y larguísimo, eterno. Es como si te convirtieras en un banco».

Venezuela

Las regulaciones relacionadas con las criptomonedas en Venezuela iniciaron 2018 con el anuncio del registro y certificación de las personas dedicadas a la criptominería en ese país. En el mes de febrero, se abrió el registro online de los mineros y el otorgamiento de certificados, como paso previo a obtener una licencia como «minero digital».

El sistema de registro fue la antesala a la preventa del Petro, el criptoactivo respaldado por petróleo y otros commodities, creado este año por el ejecutivo nacional. Más adelante, en el mes de abril, se oficializó la creación de un ente regulador para el sector de las criptomonedas, así como una tesorería encargada de la emisión, custodia, recaudación, distribución de criptoactivos. Dichas instituciones se inauguraron, finalmente, en octubre, bajo los nombres de Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, respectivamente.

En noviembre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un cuerpo legislativo paralelo al parlamento venezolano, promulgó la «Ley del Sistema Integral de Criptoactivos». Según la información divulgada por los medios de comunicación estatales, la ley cuenta con 64 artículos y cinco disposiciones transitorias. Sin embargo, el contenido de este instrumento legal no se hizo público. Se indicó también que la Ley fue redactada con apoyo de expertos en el área, aunque tampoco se divulgó quiénes participaron.

El comunicado señala que «la normativa regula la integración de El Petro como moneda digital para intercambio comercial en el país, de manera que permita la adquisición de bienes y servicios, en la novedosa plataforma de blockchain». El funcionario encargado de hacer el anuncio, Andrés Eloy Méndez, recalcó que la ley contribuye a romper «el bloqueo financiero y comercial» que, en su opinión, afectan el desarrollo económico y financiero de Venezuela. No obstante, fuentes oficiales contactadas en ese momento por CriptoNoticias, sostuvieron que sólo se conocerá el texto legal cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela.

Brasil

La batalla entre las casas de cambio de criptomonedas y los bancos brasileños por el cierre de cuentas bancarias, se decantó a favor de las instituciones financieras. El argumento de la banca para justificar sus acciones, la «falta de regulación de la industria», prevaleció en instancias como el Tribunal Superior de Justicia. El resultado de un largo proceso judicial entre la criptobolsa Mercado Bitcoin e Itaú Banco, sentó un precedente negativo para las operaciones con criptomonedas en ese país.

A principios de 2018 la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) prohibió la adquisición de criptomonedas a los fondos de inversión regulados. La entidad reguladora alegó que éstas no son activos financieros. Esta prohibición fue levantada en septiembre, cuando la institución anunció que autorizaba este tipo de inversión «siempre y cuando estén regulados en esos mercados».

En el transcurso del año, el parlamento brasileño realizó varios debates sobre la regulación a la industria de las criptomonedas, tomando en consideración el incremento del uso de criptoactivos en el país. Incluso, en septiembre, un grupo de diputados conformarón un Frente Parlamentario Mixto de Blockchain y Activos Digitales, para desarrollar un marco regulatorio favorable a la innovación. No obstante, las discusiones parlamentarias aun no derivan en un anteproyecto de ley para la industria.

Más recientemente, en el mes de noviembre, el Ministerio de Hacienda brasileño, a través de su brazo de recaudación de impuestos, sometió a consulta pública una normativa para pechar la posesión de criptoactivos. La regulación incluye la obligatoriedad, para las casas de cambio de criptomonedas, de presentar un reporte mensual con información detallada sobre sus operaciones. Asimismo, las cargas impositivas y multas que establece el reglamento son superiores a las de actividades financieras similares.

Colombia

Durante este año, en Colombia también se produjo el cierre de cuentas bancarias de una importante casa de cambio de criptomonedas, Buda.com. Este hecho se fundamentó en una instrucción de la Superintendencia Financiera, ente regulador de la actividad bancaria en Colombia. Tal disposición se produjo en febrero de este año, cuando dicha institución remitió una comunicación a los bancos, solicitando «información sobre empresas, funcionarios y clientes que operen o hayan hecho operaciones en criptomonedas, así como solicitar las acciones que han realizado para evitar estas transacciones» (negrillas nuestras).

La consecuencia directa de esta acción fue el cierre de operaciones de Buda.com en ese país. Este anuncio se produjo en el mes de agosto, tras meses de gestiones infructuosas para lograr la reapertura de cuentas bancarias.

La Superintendencia Financiera presentó al Parlamento colombiano un proyecto de Ley para regular las criptomonedas en el mes de julio, que fue considerado deficiente por expertos del sector. Luego de un análisis técnico y jurídico, encontraron que el proyecto solo considera la actividad de trading y desatiende el resto de los usos de las criptomonedas. Además, propone permitir su utilización solo a algunas entidades, previendo sanciones para el uso no autorizado, añade el cobro de impuestos a las transacciones y establece límites de participación en el mercado.

La ley permanece en manos de los congresistas colombianos, quienes siguen discutiendo en torno al tema. De hecho, el Senado abrió un debate en el mes de junio sobre blockchain y criptomonedas convocado el senador Antonio Navarro Wolff, quien ve en las criptomonedas un «mecanismos para modernizar la economía digital del país».

El mismo presidente de Colombia, Iván Duque, quien tomó posesión en agosto de este año, se pronunció a favor de abandonar la excesiva regulación de nuevas tecnologías como blockchain, para poder avanzar. Dijo además que, en cuanto a la legislación en materia tecnológica, la nación ha tenido «una actitud timorata».

Otras regulaciones en Marcha

En Chile, se produjo este año una decisión judicial similar a la de Brasil en una demanda por el cierre de cuentas bancarias. Solo que, en este caso, el Tribunal Supremo aludió explícitamente la falta de regulación para fallar contra la casa de cambio Orionx. El hecho activó todas las alarmas de la criptocomunidad chilena, por los precedentes negativos que genera para el sector. La decisión se conoció a principios de diciembre.

A los pocos días, las autoridades financieras de Chile anunciaron que siguen trabajando en la creación de un marco para la regulación de las criptomonedas en ese país.

Por su parte, la Cámara Uruguaya de Fintech informó, a mediados de año, la creación de una Comisión de Criptomonedas. El objetivo es realizar un trabajo conjunto entre los reguladores y las empresas, consultores y emprendedores, integrantes de la Cámara, para desarrollar un marco normativo específico para este sector.

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