Hechos clave:
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La tendencia mayoritaria fue aplicar o adecuar leyes preexistentes y comenzan a cobrar impuestos.
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Normas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo fueron las principales exigencias.
Este 2018 fue un año en el que la mayoría de los gobiernos del mundo pusieron más fuerte su mirada sobre el pujante sector de las criptomonedas, después del crecimiento exponencial de la nueva industria, a partir del rally de los precios de bitcoin a finales de 2017.
El año destacó por la toma de posición en torno a los criptoactivos por parte de organismos reguladores nacionales e internacionales, que se pusieron en en alerta debido al auge de la adopción. Muchos gobernantes siguieron de cerca la evolución del mercado, los precios y los movimientos del público usuario, para así anunciar sus decisiones, bien sea para aupar al sector o para tratar de restringirlo.
De esta forma, se establecieron operaciones de vigilancia y se ejerció una mayor presión en países como Estados Unidos, aunque con la aplicación de las leyes vigentes. Se trata de una práctica que también usaron otros países, como por ejemplo Suráfrica, donde se están haciendo revisiones y enmiendas a normas preexistentes para adecuarlas al sector financiero emergente de las criptomonedas.
En términos generales, las tendencias regulatorias de 2018 se inclinaron por tratar de establecer normas fiscales y contra el lavado de dinero y blanqueo de capitales, además de establecer controles para las ofertas iniciales de monedas. En muchos lugares, las normativas fueron implícitamente prohibitivas, debido a algunas de las restricciones impuestas, como en China, Indonesia, Bangladesh, Arabia Saudita, Taiwán, India y Lituania, entre otras.
La regulación en Estados Unidos
Hasta el momento, Estados Unidos no ha aprobado ninguna ley federal para regular las criptomonedas. Por ello, las acciones de diferentes organismos son las que sirven de guía para interpretar las normas a aplicar con base en las leyes ya existentes.
La estrategia de la Comisión Nacional de Bolsa y Valores (SEC) determina la aplicación de la legislación vigente para la comercialización de activos digitales, incluyendo las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). En ese sentido, en junio pasado el organismo catalogó a ether como commodities o mercancía, al igual que bitcoin, por lo que su regulación no está relacionada con la SEC, sino con la Comisión Nacional de Operaciones con Futuros y Materias Primas (CFTC).
En el caso de los tokens, la SEC decidió utilizar la prueba Howey para determinar si se tratan o no de valores. En la práctica, esto significa que la SEC regula las ICO en las regiones donde las criptomonedas se consideran un valor, y la CFTC lo hace donde las monedas digitales están relacionadas con futuros, opciones y contratos de derivados. A efectos fiscales, el impuesto sobre plusvalías los cobra el Servicio de Impuestos Internos.
Las actividades relacionadas con las criptomonedas también se incluyen en la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ya que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ordena que la Ley de Secreto Bancario se aplique a negocios involucrados en actividades con criptomonedas, incluidos los mercados financieros. Esto significa que todas las empresas que ofrecen servicios con criptomonedas deben recoger información sobre sus clientes y confirmar sus identidades.
Ante este panorama regulatorio, que aplica al ecosistema leyes vigentes desde hace años, en septiembre pasado unos 80 inversionistas de Wall Street, delegados de las empresas de criptoactivos, representantes de la Cámara de Comercio y una comisión del Congreso de los Estados Unidos, debatieron sobre la puesta en marcha de una regulación que les permita seguir innovando y no quedar rezagados ante otros países, que ya cuentan con marcos regulatorios modernos que promueven la expansión del ecosistema.
Propuestas en Europa
La Unión Europea (UE) se muestra partidaria de legislar en torno a las criptomonedas y ha mantenido una posición abierta, catapultando proyectos regulatorios e investigaciones sobre el tema para su aplicación en toda la región, al considerar que las mismas pueden beneficiar a toda la sociedad debido a sus herramientas disruptivas.
En agosto, el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE publicó las modificaciones de su proyecto de regulación para las empresas proveedoras de servicios de captación de fondos (crowdfunding), en el que se decidió que las ICO de toda la región tendrán un tope de recolección de 8 millones de euros.
En abril, este organismo publicó una enmienda de la ley sobre la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a fin de eliminar el anonimato en los servicios relacionados con las casas de cambio, carteras y tarjetas prepagadas basadas en criptomonedas. Esta enmienda hizo obligatoria la identificación de los usuarios de tarjetas prepagadas financiadas a través criptoactivos y que tengan un límite de entre 150 y 250 euros.
Por su parte, la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo (BCE) recomiendan aplicar una legislación más específica en el futuro cercano para asegurar que la UE mitigue los riesgos asociados a las criptomonedas. En ese sentido, en mayo pasado entraron en vigencia nuevas directrices que regirán la UE, con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
Cabe destacar que Europa es el continente donde se han identificado a muchos de los países más amigables con las criptomonedas, entre ellos Eslovenia, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Bielorrusia y Estonia. La lista incluye además a la isla de Malta, donde en julio pasado fueron aprobados tres proyectos de ley que regularán todo el espacio de blockchain y criptomonedas.
España aprueba proyecto de ley
En el caso específico de España, la regulación se encuentra en pleno proceso. En octubre de 2018 se aprobaron una serie de propuestas de ley para establecer las medidas de regulación para las transacciones con criptoactivos, la tributación y la prevención contra el fraude fiscal.
Entre estas propuestas, se encuentra el cobro de impuestos a empresas cuyos ingresos derivados de los servicios digitales en cuestión superen los tres millones de euros. El anteproyecto de ley busca también la inclusión de las criptomonedas como activos en la declaración de bienes, tanto de los contribuyentes como de las empresas.
La iniciativa también pretende regular la obtención de información sobre las operaciones realizadas con criptomonedas con una detallada identificación de los titulares, beneficiarios o autorizados. A tal efecto, ya identificaron a unos 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas en España.
Estas propuestas de ley se sumarían a la obligación ciudadana, bajo el esquema de “bienes inmateriales”, de declarar las ganancias provenientes del intercambio con criptomonedas.
Paralelamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) comenzó a aumentar los niveles de exigencia de información a los proyectos relacionados con ofertas iniciales de monedas (ICO) que se realizan en el país ibérico, al publicar un documento con nuevos criterios sobre la supervisión de las ICO, enfocados en la clasificación y el respaldo de los tokens.
Reino Unido comienza a cobrar impuestos
El Reino Unido tampoco tiene leyes específicas sobre las criptomonedas, por lo que la Autoridad de la Conducta Financiera (FCA) solo regula la actividad con criptomonedas que se encuentra bajo la legislación existente, de forma semejante a lo que hace Estados Unidos.
El organismo regulador lleva dos años manejando un programa de caja de arena regulatoria para probar las medidas exitosas para su ecosistema.
Respecto a los impuestos, la Administración de Hacienda y Aduanas publicó este 19 de diciembre un documento en el cual estipula la forma de gravar al sector, tal como lo había anunciado en un plan presentado en abril pasado. Allí establece la obligatoriedad de pagar el impuesto sobre las ganancias de capital por la venta de criptoactivos, además de hacer a las personas responsables de pagar las contribuciones del impuesto sobre la renta y de seguro nacional por las criptomonedas que obtengan como pago del empleador y por actividades de minería.
En Japón las casas de cambio se autorregulan
La Ley de Servicios de Pago de Japón fue modificada en 2016 para otorgar a la Agencia de Servicios Financieros (FSA) el poder de supervisar los sistemas financieros, emitir órdenes para mejorar las prácticas de las empresas y revocar o suspender licencias.
A partir del hackeo a Coincheck, ocurrido en enero 2018, el organismo comenzó a reforzar medidas para exigir a las casas de cambio que protejan el dinero de los clientes, provisionando sus fondos en cuentas diferentes a las de las propias empresas y manteniendo los criptoactivos en cartera frías, a la par de excluir a criptomonedas anónimas, como Monero, Dash y Zcash.
A las empresas también se les exige comprobar la identidad de sus clientes, guardar registros de las transacciones y denunciar actividades sospechosas bajo la Ley de Prevención de Ganancias Criminales. Por otro lado, la Ley del Impuesto sobre la Renta requiere que los beneficios por la transacción de criptomonedas sean tratados como ingresos ordinarios por la Agencia Tributaria (NTA).
Entre las novedades de 2018 se halla la entrega de certificación legal a la Asociación de la industria de bolsas de moneda virtual de Japón, un grupo de 16 casas de cambio y empresas relacionadas, conformada en abril pasado con fines autorregulatorios.
Corea del Sur trabaja en proyecto de ley
En 2018, luego de un crecimiento acelerado del sector en Corea del Sur durante 2017, las autoridades comenzaron a aplicar un nuevo grupo de normativas sobre los mercados, prohibiendo la comercialización anónima de criptoactivos. El objetivo es evitar el lavado de dinero, disminuir la especulación de los mercados y erradicar el manejo de capital sin controles gubernamentales.
Por ello, el trading de activos digitales sólo está permitido con cuentas bancarias con nombres legales, así que los mercados financieros deben tener contratos en regla con bancos para facilitar el intercambio de información.
Los bancos, a su vez, deben llevar a cabo un extenso proceso de verificación de los mercados financieros antes de firmar estos acuerdos. Asimismo, deben informar sobre las actividades financieras sospechosas y los bancos y mercados financieros deben comprobar la identidad de los inversionistas.
En septiembre pasado, el gobierno decidió excluir de la clasificación de empresas de alto riesgo a los negocios dedicados a la comercialización, intermediación y corretaje de criptoactivos.
En materia de impuesto, el gobierno elabora un plan para establecer gravámenes a las ganancias por las ventas en moneda digital; en cuanto a las ICO, un grupo de legisladores se encuentra trabajando, desde mayo pasado, en un proyecto de ley que permitiría la realización de estas ofertas bajo la supervisión del gobierno, además de procurar el establecimiento de reglas más claras para un mejor funcionamiento del sector.
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