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Los especialistas aseguran que es un efecto provocado por la caída del exchange FTX.
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En el sector advierten que hay una “legislación sofocante” a nivel local.
Entre enero y mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México registró un aumento significativo en el número de alertas de prevención de lavado de dinero con activos virtuales o criptomonedas, alcanzando un total de 607,404 avisos.
Se trata de una suba del 113% interanual, en comparación con el mismo período del año pasado. Y es más de 100 veces respecto a 2022, lo que revela tanto el crecimiento de la adopción en el país centroamericano como la mayor preocupación por las regulaciones.
Desde la promulgación de la Ley Fintech en 2020, en México, los exchanges de criptomonedas y otros proveedores de activos virtuales deben registrarse como actividad bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La normativa establece la obligación de generar avisos a la UIF, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando las operaciones superen el umbral de 645 Unidades de Medida y Actualización. Es una suma que a valores actuales representan 70.111 pesos mexicanos, es decir, de casi 4 mil dólares.
Ahora bien, en la industria atribuyen el aumento de los reportes sospechosos en parte al impacto de la caída del exchange FTX, entre otros eventos relevantes en el ecosistema de criptomonedas.
Así lo señaló Isaac López, socio de la división Blockchain y Crypto de la firma Legal & Compliance Advisors, que evaluó los efectos que tuvo la quiebra de la empresa, tras contraer una deuda de 9.000 millones de dólares.
“México sigue estando en el top tres de países de América Latina de adopción de criptomonedas. El incremento de avisos a la UIF se debe a que muchas empresas al ver lo que pasó con el colapso de FTX, optan por la autorregulación y no tienen otro mecanismo en México, más que el registro antilavado, de transmitir seguridad a sus usuarios”.
Isaac López, socio de la firma Legal & Compliance Advisors.
Por lo tanto, el dato no es necesariamente negativo. Hasta marzo pasado, se autorizaron 53 empresas e instituciones para registrarse ante la SAT, frente a un total de 135 solicitudes recibidas desde el año 2020.
Según contó López al diario El Economista, en este último tiempo hubo “una consolidación del mercado cripto en México” que, al aplicar la normativa, “aumenta el número de avisos”.
“Regulación sofocante”
A pesar del avance en la regulación de criptomonedas en distintas partes del mundo, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantienen la postura de mantener estos instrumentos alejados del sistema financiero.
Como reportó CriptoNoticias, hay gobiernos que aceptaron a los bancos para que custodien criptomonedas. En México, las instituciones tradicionales no pueden ofrecer activos digitales, y los proveedores no financieros sólo están sujetos a regulaciones antilavado.
En otros países de la región, como Argentina, los exchanges y este tipo de proveedores de servicios también están dentro del área de fiscalización del organismo antilavado. Esta última exigencia se aprobó en marzo de este año, luego de que se actualizó en el Congreso una ley a tono con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y su sección regional.
Este tipo de legislación es de las primeras acciones que implementan los estados en materia regulatoria, ante la preocupación de que se utilice los bitcoins y otros activos descentralizados para financiar el crimen organizado. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) reconoció los esfuerzos de México en ese sentido.
En esa línea, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) insistió este año en que el tráfico ilegal de fentanilo y su producción está ligado al uso de criptomonedas. Se trata de una observación controversial, ya que otros organismos, como la DEA, remarcan la preferencia del narcotráfico por el dinero en efectivo.
En el marco de este debate regulatorio, en México las demandas para actualizar la normativa está vigente. En agosto del año pasado, durante un evento, el subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio, se sinceró: ¿Qué vamos a hacer con los criptoactivos? O los prohibimos o los regulamos. Pero ya tenemos que tomar una decisión”.
Por el momento, se está lejos de una legislación que conforme a la industria. “Hay una fiesta regulatoria (de criptomonedas) en el exterior y México no está en esa fiesta a raíz de una regulación sofocante que crea incertidumbre”, lamentó López.
