En el episodio treinta y siete de Separando el Dinero y el Estado, Iván Gómez conversa con Micael Margiotta, General Manager de Bull Bitcoin en Argentina y autor de El Gran Parásito sobre por qué su empresa decidió llevar al Estado francés a los tribunales para tumbar la DAC8. Esta directiva europea obliga, desde enero de 2026, a los proveedores de servicios cripto a reportar automáticamente identidad, domicilio y transacciones de todos sus usuarios, y a compartir esa información entre los 27 Estados miembros.
La distinción que Margiotta subraya no es de cantidad sino de naturaleza: hasta ahora el exchange guardaba los datos y solo los entregaba ante una sospecha concreta o una orden judicial respaldada —y podía negarse si no la había—; con la DAC8 entrega todo, siempre, sin que nadie sea sospechoso de nada.
El argumento del recurso es la proporcionalidad, y el riesgo que denuncian no es abstracto: en Francia, ya convertida en la capital de los criptosecuestros, hubo funcionarios que vendieron datos a bandas criminales. Multiplicar eso por 27 administraciones, dice, no es supervisión responsable sino un tesoro de datos que pone en peligro a los usuarios y a sus familias.
Lo más relevante:
- Bull Bitcoin es un exchange no custodial y solo-bitcoin, de origen canadiense, con presencia en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Europa vía Francia, donde tiene licencia MiCA.
- Bull Bitcoin sí hace KYC: no es una empresa no-KYC. La pelea contra DAC8 no es contra la identificación del cliente sino contra el reporte automático masivo.
- DAC8 obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos de la UE a recolectar y reportar identidad, dirección de domicilio y todas las transacciones de sus usuarios, y a compartir esa información entre los 27 Estados miembros.
- La diferencia central con el régimen anterior: antes se reportaba solo ante conducta sospechosa o requerimiento concreto de la autoridad; con DAC8 se reporta todo, sin sospecha ni pedido previo.
- Bull Bitcoin ha rechazado pedidos de información que llegaron sin una orden judicial respaldada.
- El objetivo del recurso es que la ley se derogue; en el peor de los casos, que se modifique.
- El argumento jurídico central es la proporcionalidad: el Estado ya cuenta con herramientas suficientes para investigar sin recolección masiva.
- En Francia, empleados públicos con acceso a información de tenedores vendieron esos datos a bandas criminales.
- Otros exchanges se acercaron a Bull Bitcoin: uno estaría involucrado directamente y otros manifestaron intención de apoyar, pero todos prefieren mantenerse anónimos por el momento.
- El proceso legal implica millones de dólares en estudios jurídicos.
- Bull Bitcoin no utiliza Chainalysis y considera el análisis de cadena una «pseudociencia» basada en supuestos probabilísticos, no en pruebas matemáticas.
- Margiotta sostiene que el dinero y el Estado ya se separaron el 3 de enero de 2009, con el bloque Génesis.
