Entre adoptar y prohibir: cómo el mundo está regulando a bitcoin

Investigación y Redacción: Glenda González y Nickolas Plaza

La regulación de las criptomonedas ha pasado a ser, en los últimos meses, un tema prioritario para la mayoría de los gobiernos del mundo, actualmente abocados a intentar poner control a una tecnología que vio luz en 2008 con la aparición del libro blanco de Bitcoin.   

El hecho es obvio, sobre todo si tomamos en cuenta la cantidad de comentarios que a diario se leen en los medios de comunicación, principalmente en el transcurso de este 2022.

¡Hay que regular a bitcoin urgentemente! parece ser la nueva consigna de los gobiernos.  

El colapso de Terra (LUNA) y la stablecoin UST, ocurrido el pasado mes de mayo, fue la gota que derramó el vaso. La consigna se tornó unánime en las últimas semanas: el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo de los 7, y los banqueros del Foro de Davos, entre otros, ahora insisten en la necesidad de crear un marco legal para bitcoin. 

Pero no siempre fue así. En los primeros años de bitcoin no hubo ese gran interés de las autoridades por la regulación. El mundo de las criptomonedas se movía de forma paralela (prácticamente marginal) al de las finanzas, una situación que ha ido cambiando y que ha derivado en un mayor seguimiento al ecosistema.  

El alto interés del público y el posicionamiento ganado por bitcoin en los últimos años, con un rol importante en el juego económico y geopolítico mundial, es una de las razones que ha hecho que las autoridades hayan dejado de considerar al sector como una industria secundaria. 

Esta situación ya la advertía  Jacob Farber, consejero general del consorcio R3, quien ha actuado como abogado y consultor en regulación de criptomonedas desde 2012.  

Farber vislumbró que la regulación del ecosistema se haría cada vez más estricta, en proporción al avance de los niveles de adopción.

Tal como informó CriptoNoticias, el experto hizo esta afirmación considerando el significativo crecimiento de las inversiones institucionales en criptomonedas que se comenzó a experimentar entre 2020 y 2021. 

Sobre ello, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) elaboró un informe  el pasado mes de mayo. Allí habló sobre el aumento de la adopción de bitcoin y las repercusiones -en el entorno financiero tradicional- de la aceptación de unos activos emitidos bajo la promesa de un manejo del dinero descentralizado y sin intermediación.  

Y es justamente la popularidad que alcanza esta promesa, entre personas naturales y jurídicas de todo el mundo, la que ha encendido las alarmas de la mayoría de los organismos financieros internacionales, entes supervisores, bancos centrales y gobiernos.  

Particularmente los analistas del BIS apuntan a un discurso que vienen repitiendo la mayoría de los reguladores desde hace varios años, viendo a las criptomonedas como un peligro para las finanzas y un foco para la comisión de delitos. Un argumento bajo el cual subyace un reconocido temor a perder el control del sistema financiero mundial:  

Los objetivos de regular las criptomonedas son en gran medida similares a los de otros activos y servicios financieros y se pueden clasificar en tres categorías: combatir el uso de fondos para actividades ilícitas; proteger a los consumidores e inversores contra el fraude y otros abusos; y garantizar la integridad de los mercados y los sistemas de pago y la estabilidad financiera general.

Banco de Pagos Internacionales.

Cinco niveles en la regulación de bitcoin 

A inicios de 2019, el Banco de la Reserva de Sudáfrica publicó un documento en el cual fijó su postura sobre la regulación de las criptomonedas. Expuso los principales enfoques que utilizan los reguladores, los cuales se mueven entre dos posturas regulatorias opuestas: regular o dejar pasar. 

Determinó así que las principales líneas de acción de los gobiernos oscilan entre los que pretenden controlar las criptomonedas (adoptando o prohibiendo), y aquella que aconseja «permitir que las cosas sucedan sin intervenir».  

Tal hecho ha devenido en un mapamundi regulatorio desigual, pero en constante movimiento.

Algunos países se han convertido en defensores globales, como El Salvador y la República Centroafricana, que decidieron declarar a bitcoin como moneda de curso legal. Otros prohíben activamente las criptomonedas, tal como ocurrió en China y Turquía. Un tercer lote de países opta por matices intermedios. 

Jan Lansky, de la Universidad de Finanzas y Administración de Praga, República Checa, realizó en 2018 un estudio en el cual presenta un sistema de puntuación que permite clasificar las posturas gubernamentales sobre la regulación de los criptoactivos. 

La clasificación de Lansky enumera los enfoques en una escala que va de 0 a 5, con un nivel 0 que implica ignorar y un 5 que indica la prohibición o la integración de la tecnología. Los distintos niveles se muestran en la siguiente tabla:  

TABLA CON LOS NIVELES DE REGULACIÓN DE BITCOIN

En 2018, al darse a conocer la anterior clasificación, se calculaba que unos 150 países estaban en el nivel 0, con muy pocos gobiernos ocupándose de hablar sobre bitcoin. Para este 2022 los países en ese nivel se redujeron a 61.

En aquella fecha, unos 36 países se ubicaban entre los niveles 1 al 4, con sus bancos centrales emitiendo advertencias y dando algunas orientaciones. Ahora son más de 100. En 2018 solo 11 naciones se agrupaban en el nivel 5, una cifra que ya llegó a 19.  

Las cifras anteriores muestran los cambios en la dinámica regulatoria en torno a las criptomonedas desde hace unos tres años hasta hoy. Reflejan cómo el tema pasó de ser de poco interés (nivel 0) a girar alrededor de los niveles 4 y 5 de regulación (máximo interés), tal como se explicó al inicio de este escrito.  

El propio Jansky lo planteó al presentar su clasificación. Predijo que la tendencia llevaría a que los países se movieran del nivel 0 y llegaran al 5, en función del ritmo de adopción.  

Eso es justo lo que estamos experimentado este 2022, con un aumento significativo de países pronunciándose a favor o en contra de las criptomonedas.  

Una investigación del Instituto Thomson Reuters da cuenta del cambio en las tendencias regulatorias. Presenta al año 2021 como un punto de inflexión en el cual las criptomonedas dejaron de estar al margen de la economía mundial. 

En 2021, los activos digitales se movieron desde los márgenes de la economía y comenzaron a ingresar a la corriente principal, lo que provocó una adopción pública más generalizada. Crecen exponencialmente las plataformas para el comercio de criptomonedas y el sector es cubierto por medios masivos, convirtiéndose en un foco de la conversación cotidiana. 

La regulación de bitcoin por países, Instituto Thomson Reuters.

El Instituto Reuters reitera el hecho de que el marco regulatorio mundial está evolucionando rápida y constantemente, con jurisdicciones que imponen prohibiciones absolutas, y otras que se proclaman como defensores acérrimos. 

Los dilemas de la regulación de bitcoin 

Si bien los gobiernos y los organismos reguladores de los países están proponiendo una regulación más estricta para la industria de las criptomonedas, el proceso no está exento de problemas. 

En primer lugar, la regulación puede también convertirse en un arma de doble filo, al desestimular la innovación.  

Una consecuencia contraproducente para un sector que, nada más con bitcoin, el principal activo digital del mercado, tiene una capitalización que alcanza los USD 573 mil millones en la actualidad. 

Recientemente, la profesora y economista de la Universidad de Nueva York, Hanna Halaburda, reflexionó sobre este aspecto. La catedrática considera que una excesiva regulación puede acabar con la innovación, pero también los reguladores tienen que lograr un equilibrio que garantice el funcionamiento eficiente de los mercados y protección a los consumidores e inversionistas. 

«Lo que vemos es que tenemos nuevas oportunidades y nuevos retos, y tanto las oportunidades como los retos provienen de los incentivos, y lidiar con los incentivos es lo que hacen los economistas», dijo Halaburda en una entrevista al portal Pymnts.  

Halaburda explicó que, para los reguladores, la dificultad radica en que blockchain originalmente fue creada para Bitcoin. Una criptomoneda, que, según señala, tiene entre sus características principales «la privacidad».

Aquí cabe acotar que Bitcoin realmente es una criptomoneda pseudo-anónima y no anónima , como plantean la mayoría de las autoridades. Esto porque todas las transacciones pueden ser rastreadas a través de la red blockchain, a pesar de que no pueden asociarse las direcciones con una identidad.  

Se trata de una propiedad que para los reguladores de muchos países va en contra de su interés por el control de los usuarios. Por ello, la economista ve en esta característica un inconveniente para su uso a nivel trasfronterizo.  

Halaburda considera que deben existir regulaciones claras, al tiempo que crece la adopción de criptomonedas, porque esto también produce fraudes multimillonarios, hackeos y ciberdelincuencia.  

«A los proveedores de esos servicios les resultaría atractivo decir: ‘Cumplimos con la normativa, tenemos el sello de aprobación de los reguladores’, lo que es una especie de señal de calidad (…) les permite decir: ‘Estamos bien diseñados y no tenemos intenciones maliciosas y nuestro código no nos va a beneficiar», expresó.  

La economista se mostró favorable a la regulación de las DeFi, en el caso de los préstamos rápidos, porque con esos fondos, los atacantes «pueden tomar prestados varios tokens de gobernanza, votar a su favor y cambiar completamente la trayectoria del protocolo y no tenemos reglas contra eso».

A los organismos supervisores les falta personal preparado  

Al aplicar regulaciones a bitcoin y las criptomonedas no solo se corre el peligro de frenar la innovación, sino que se añade otro problema. Se trata de la ausencia de personal capacitado y la infraestructura necesaria para que los entes supervisores puedan afrontar una tarea de tal magnitud.  

Hace unos días, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, Gary Gensler, admitió que necesitan más recursos humanos para poder tratar de regular la industria de las criptomonedas porque el que tienen es insuficiente para la cantidad de trabajo que deben abordar.  

El Congreso de ese país está estudiando una solicitud de presupuesto de la SEC, que espera recibir USD 240 millones para el año fiscal 2023. «Ojalá tuviéramos más para dedicar a esto» y «estamos realmente superados» fueron las palabas de Gensler para justificar el gasto.  

La intención es contratar a 20 especialistas más en el área, para aumentar a 80 el tamaño de su unidad cibernética con nuevos investigadores y abogados en el grupo de trabajo. El plan es prepararse mejor para establecer directrices regulatorias al sector.

El interés de aumentar la plantilla de la unidad cibernética parece también estar impulsado por la orden ejecutiva emitida en marzo pasado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que traza la estrategia del gobierno para la regulación de bitcoin.  

Más dilemas: ¿crear nuevas leyes o usar las existentes?  

En el proceso regulatorio surgen además otros dilemas. Es importante considerar qué deben hacer los legisladores para darle cabida a bitcoin y otras criptomonedas en su marco legal.

¿Se crean nuevas leyes o se usan las ya existentes? La naturaleza disruptiva y de las criptomonedas, con características diferentes a la de otros activos tradicionales, hace difícil elegir entre las dos opciones. En este contexto, la mayoría de los países está optando por crear nuevas legislaciones.  

Es conocido el caso de El Salvador y la República Centroafricana, los países que han abierto las puertas por completo a los criptoactivos, entre 2021 y 2022. Ambas naciones son las primeras en el mundo que promulgaron a bitcoin como moneda de curso legal creando leyes nuevas.  

En El salvador, la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin trajo consigo una serie de medidas para incentivar a los ciudadanos a usar la criptomoneda. Entre otras cosas, los comerciantes recibieron puntos de venta, se instalaron cajeros automáticos de bitcoin en el país y el gobierno creó un monedero propio, llamado Chivo Wallet. A través de Chivo, los salvadoreños realizan pagos y convierten sus fondos a dólares, la otra moneda legal de ese país.

Por otro lado, la República Centroafricana hace obligatorio el uso y la aceptación de bitcoin como medio de pago con una nueva ley. Además, ha dado a conocer el proyecto Sango, una iniciativa con la cual prevén atraer inversionistas del sector bitcoin y las criptomonedas.  

Para lograr ese objetivo, van a crear un Banco Digital de la Nación para facilitar la ejecución de operaciones con criptomonedas, suprimieron el cobro de impuesto sobre la renta a los inversionistas de la industria en ese país e incluso podrán adquirir terrenos con BTC. 

La situación no es tan clara en otros países que también se debaten entre crear nuevas leyes o modificar las existentes. En Estados Unidos, la Orden Ejecutiva de Biden delineará la acción a seguir.

El mandatario ordenó a las agencias federales del país que evalúen los riesgos y oportunidades que representan las criptomonedas. La orden establece un plazo de 180 días para que las agencias gubernamentales presenten sus informes sobre el papel que desempeñarán las criptomonedas en la actualidad. Ahí se decidirá si crear nuevas leyes o utilizar las preexistentes.  Por su lado, la Unión Europea ya trabaja en una nueva ley.

Ejemplos de esta disyuntiva los hay también en países de América Latina.  

En Cuba se comenzó a regular la entrega de licencias a compañías que deseen llevar a cabo actividades de intercambio de bitcoin, el pasado abril. Según la nueva norma, para realizar actividades como proveedores de servicios de activos virtuales, las personas naturales o jurídicas solicitan licencia al Banco Central de Cuba, a quien se le suma la una nueva tarea: la supervisión del ecosistema.  

Por su parte, Panamá, Brasil y Paraguay se decantan por preparar, debatir y aprobar nuevas leyes. 

El debate y la polémica sigue abierta en muchos territorios y es probable que se acentúe en los próximos meses. Sobre todo, a partir de los grandes movimientos para regulación del sector que se están realizando en las grandes economías del mundo, principalmente EE. UU., la Unión Europea y el Reino Unido.