Prohibir rendimientos de stablecoins apenas impulsa el crédito bancario

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (CEA, por sus siglas en inglés) determinó que prohibir el pago de rendimientos a los tenedores de stablecoins tendría un efecto insignificante en el volumen de préstamos bancarios.

En una actualización de su investigación publicada este 15 de septiembre de 2026, el organismo evaluó las justificaciones detrás de normativas restrictivas, concluyendo que los costos económicos de implementar dicha prohibición superarían a los supuestos beneficios crediticios en una proporción de 6,6 a 1.

El debate regulatorio se fundamenta en la Ley GENIUS, promulgada en julio de 2025. Esta legislación exige a los emisores de stablecoins un respaldo uno a uno en activos de reserva específicos y prohíbe ofrecer rendimientos directos.

Dado que la ley dejó un vacío legal sobre los productos que devengan intereses ofrecidos por terceros o filiales, propuestas complementarias como la Ley Clarity (que fue recientemente rechazada para su votación en el Senado, tal como informó CriptoNoticias) buscan cerrar definitivamente esta vía.

El sector bancario tradicional sostiene que, si las stablecoins ofrecen retornos competitivos, los usuarios retirarán sus fondos de las cuentas convencionales, reduciendo la capacidad del sistema para otorgar créditos comerciales y personales.

No obstante, el análisis del CEA desmiente la premisa de una destrucción mecánica de capital. Según el documento, cuando un usuario adquiere una stablecoin regulada, el depósito original no desaparece del sistema financiero.

El derecho sobre los fondos se transfiere a quien vende el activo de reserva al emisor, como letras del Tesoro, o permanece como un depósito bancario a nombre de la entidad custodia. Así, los fondos cambian de institución o titular, pero no se evaporan del circuito comercial.

Bajo la calibración base del modelo gubernamental, donde el mercado actual de stablecoins representa el 1,7% de los depósitos, eliminar el pago de intereses sumaría apenas 2.100 millones de dólares en préstamos adicionales. Esta cifra equivale a un incremento del 0,02% en los créditos totales de la banca. Para los bancos comunitarios, el aumento proyectado es de 500 millones de dólares, un 0,026% de su cartera.

Por el contrario, la medida representaría un costo de bienestar negativo de 800 millones de dólares anuales, funcionando como un gravamen indirecto que obliga a los usuarios a trasladar sus carteras hacia depósitos menos atractivos sin aportar beneficios sustanciales a la emisión de crédito.

Diversas organizaciones, como la American Bankers Association (ABA) y la Independent Community Bankers of America (ICBA), han cuestionado el informe.

Los banqueros argumentan que el CEA subestima el crecimiento potencial de las stablecoins y el impacto en las entidades regionales.

Existen estimaciones de agrupaciones bancarias, como la impulsada por Andrew Nigrinis de la Consumer Bankers Association, que proyectan contracciones crediticias de hasta 1,5 billones de dólares. Estas posturas se alinean con la presión ejercida por los bancos durante el primer trimestre de 2026, cuando exigieron que la Ley CLARITY imponga multas de hasta 500.000 dólares diarios a quienes paguen intereses por saldos inactivos.

El CEA refutó las estimaciones de contracción extrema afirmando que, para alcanzar tales niveles, deben darse cuatro escenarios improbables de forma simultánea. Se requeriría que el mercado de stablecoins se multiplique por seis hasta representar el 10% de los depósitos, que los emisores mantengan el 100% de sus reservas inmovilizadas en efectivo bancario, que la sensibilidad de los usuarios al rendimiento alcance picos históricos y que la Reserva Federal abandone su actual marco de reservas amplias.

En la realidad operativa, el CEA aclara que la firma emisora Circle mantiene apenas un 12% de sus reservas en efectivo, mientras que Tether registra porcentajes cercanos a cero.

La continuidad de las negociaciones en torno a la Ley CLARITY expone una disputa central entre la protección del modelo de negocio tradicional de los bancos y la posibilidad de que los usuarios obtengan retornos por sus activos digitales.

De implementarse una prohibición total impulsada por el sector bancario, los datos oficiales proyectan que la normativa limitará las opciones financieras del público sin lograr un impacto significativo en la liquidez operativa o la capacidad de préstamo de las instituciones.