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A pesar de las concesiones a pedidos demócratas no se consiguió el apoyo legislativo necesario.
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Según Lummis, si Clarity no se aprueba este mes podría quedar pendiente hasta 2030.
Los impulsores de la Ley Clarity, que busca regular la industria de las criptomonedas en Estados Unidos, no consiguieron este 15 de septiembre de 2026 los 60 votos necesarios para que el proyecto de ley sea debatido por la Cámara de Senadores.
Lo ocurrido significa que el tratamiento legislativo de esta ley deberá ser pospuesto hacia una fecha todavía no definida.
La senador Cynthia Lummis había advertido que, si no se lograba la aprobación este mes, podría quedar pendiente hasta el año 2030, tal como informó CriptoNoticias.
Tras conocerse esta novedad, el precio de bitcoin (BTC) tiene una reacción inicial a la baja.
Minutos antes de la votación que bloqueó la iniciativa, la senadora Cynthia Lummis pronunció un encendido discurso en el que instó a sus colegas a no dejar «de lado el liderazgo estadounidense» frente a competidores extranjeros.
La legisladora por Wyoming defendió el trabajo bipartidista detrás del documento, el cual creció de 300 a 635 páginas tras «un año completo de negociaciones diarias, incluso los fines de semana».
En su intento por convencer a los detractores, enfatizó que «este no es un proyecto de ley partidista», detallando que los senadores demócratas «consiguieron 126 concesiones independientes en este texto y escribieron más de la mitad» del mismo. «Eso no es capitulación. Así es como se ve legislar de buena fe», aseguró ante sus pares.
El núcleo de su argumento se basó en el éxito de su estado natal, recordando que Wyoming «escribió el modelo para regular los activos digitales». Destacó que esa jurisdicción fue la primera en «trazar la línea entre un título valor (security) y una mercancía (commodity)» y en integrar de manera segura el ecosistema al sistema bancario de la nación a través de instituciones de depósito de propósito especial.
Para destrabar el debate legislativo, el texto final incluía severas medidas de control. Lummis reveló que el presidente Donald Trump «se sometió voluntariamente a sí mismo, al vicepresidente, a cada juez, a cada funcionario electo federal y a sus cónyuges a las restricciones éticas más estrictas» vistas en el país.
Ante las exigencias de un mecanismo de cumplimiento independiente, se otorgó «autoridad directa» a los fiscales generales estatales para sancionar a funcionarios, plataformas de intercambio y emisores bajo las leyes de protección al consumidor.
En ese contexto, la senadora acusó a la oposición de emitir «un voto para proteger las tenencias personales en criptomonedas de los políticos de los mismos límites» exigidos durante la negociación.
Además, consideró que el rechazo representa entregar el futuro de la innovación a competidores extranjeros, recordando que Estados Unidos construyó internet y llevó al hombre a la luna. «No nos quedemos a ver cómo la historia nos pasa de largo», exclamó.
Comentarios tras el rechazo legislativo
Desde Grayscale, empresa de gestión de fondos de inversión basados en criptomonedas, comentaron:
Hoy, el Senado no aprobó la Ley Clarity para su debate formal. Si bien este no fue el resultado que esperábamos, la industria continúa logrando avances notables gracias al trabajo constante de reguladores como la SEC y la CFTC. Grayscale mantiene su compromiso de promover normas claras e integrales para los activos digitales y seguiremos colaborando de manera constructiva con legisladores y reguladores para que la política estadounidense sobre criptomonedas continúe madurando.
Grayscale, empresa administradora de fondos de inversión.
Por su parte, la cuenta en X de Strategy —la empresa de cotización pública con más bitcoin en su poder— destacó el hecho de que «bitcoin cuenta con claridad legal y regulatoria en Estados Unidos desde hace años», a diferencia de las criptomonedas y la industria en torno a este ecosistema.
Strategy detalla que bitcoin ha sido tratado durante mucho tiempo como una materia prima bajo el marco de la Ley de Intercambio de Materias Primas (Commodity Exchange Act).
Además, se menciona que para fines de impuestos federales de EE. UU., bitcoin se trata como propiedad; se aplican los principios generales de los impuestos sobre la propiedad».
Otro que se pronunció sobre la noticia fue el trader y analista de mercados neerlandés Michaël van de Poppe. El especialista financiero señaló que —a su criterio— es «una lástima para Bitcoin y las altcoins». Añadió que «Estados Unidos necesita esto y lo logrará, pero llevará tiempo».
Las concesiones y advertencias que definieron el debate
El borrador final sometido a votación incluía 126 modificaciones solicitadas por legisladores demócratas, diseñadas para intentar asegurar los votos necesarios para avanzar.
Estos cambios se enfocaron fuertemente en exigencias éticas sobre conflictos de interés para funcionarios públicos, una condición que había sido fundamental en las negociaciones de senadores como Ruben Gallego.
A pesar de estas concesiones, figuras de la oposición como Elizabeth Warren mantuvieron su rechazo, argumentando que el proyecto estaba «muerto al llegar» por considerar insuficientes sus salvaguardas para el sistema financiero y la seguridad nacional.
En el sector corporativo, la legislación enfrentó la resistencia de ocho asociaciones bancarias, las cuales reclamaron al Senado la prohibición de pagar rendimientos por la tenencia de stablecoins de pago.
Las instituciones tradicionales advirtieron que el mecanismo propuesto en la ley —que otorgaba al Departamento del Tesoro la facultad de congelar operaciones por 18 meses ante retiros masivos— era netamente reactivo. Según las entidades, esta disposición no prevenía el riesgo de una fuga de depósitos que pudiera poner en peligro la disponibilidad de crédito.
Por el lado de la industria de activos digitales, la organización Coin Center calificó los ajustes de última hora como difíciles de aceptar, debido a que eliminaron la protección penal para los desarrolladores de software que no custodian fondos de usuarios.
Aunque la entidad reconoció un progreso significativo al eximir a los programadores y mineros de las obligaciones administrativas ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), alertó que la falta de blindaje frente a los estatutos de transmisión de dinero sin licencia mantiene a los creadores expuestos a acusaciones judiciales.
El bloqueo de la Ley Clarity paraliza el intento de establecer un marco federal que delimite de manera definitiva las jurisdicciones de la SEC y la CFTC sobre el mercado. Con el debate legislativo suspendido, los exchanges, intermediarios y desarrolladores tecnológicos deberán continuar operando bajo el escrutinio de los lineamientos actuales, a la espera de que el Congreso logre destrabar los puntos de fricción bipartidista o confirme la postergación de la reforma regulatoria a largo plazo.
