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La propuesta incluye 126 modificaciones demócratas para intentar destrabar su avance legislativo.
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Bancos y 18 fiscales estatales enviaron cartas advirtiendo sobre vacíos en el texto definitivo.
El Senado de Estados Unidos somete a votación este martes 15 de septiembre de 2026 la apertura del debate sobre la Ley Clarity.
El procedimiento parlamentario, programado para las 14:15 hora del este, requiere alcanzar 60 votos afirmativos para invocar la moción de proceder. Dado que el Partido Republicano controla 53 escaños, la iniciativa necesita asegurar al menos siete respaldos de la bancada demócrata o independiente para continuar su discusión en el pleno.
Para destrabar las negociaciones, los senadores republicanos Cynthia Lummis, John Boozman y Tim Scott presentaron un borrador sustituto de 635 páginas, tal como lo informó CriptoNoticias esta semana.
El documento final incorpora 126 modificaciones solicitadas por los legisladores demócratas, concentrando los cambios clave en áreas de ética, protección de desarrolladores y regulación de stablecoins.
La versión cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump tras acordarse un régimen ético reforzado. Este marco prohíbe explícitamente a funcionarios electos a nivel federal y jueces poseer o patrocinar activos digitales, obligándolos a colocar sus intereses financieros en fideicomisos ciegos.
Además, impone sanciones civiles de 500.000 dólares o el 20% de lo recibido, y otorga a los fiscales generales estatales la facultad de hacer cumplir estas prohibiciones, una competencia a la que la Casa Blanca se oponía previamente.
Pese a estas concesiones, el proyecto llega a la votación rodeado de rechazos formales por parte de sectores regulatorios, financieros y de la propia industria de los activos digitales.
En el ámbito judicial, una coalición bipartidista de 18 fiscales generales estatales, encabezada por Letitia James de Nueva York, envió el 14 de septiembre una misiva a los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren exigiendo frenar la ley. Los fiscales argumentan que el texto otorga a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) un poder unilateral para redefinir la primacía federal, lo que anularía las competencias estatales de registro y envalentonaría a los estafadores al limitar las herramientas locales.
De forma paralela, el sector bancario también manifestó su oposición. Ocho asociaciones gremiales remitieron una carta a los líderes del Senado criticando el tratamiento de las stablecoins. Las entidades rechazan el mecanismo que permite al secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervenir si detecta una fuga masiva de depósitos hacia estos activos por un máximo de 18 meses. Los bancos sostienen que es una medida reactiva ineficaz y advierten que la fuga de fondos reducirá la disponibilidad de crédito comunitario, por lo que exigen prohibir cualquier esquema de rendimientos para las stablecoins.
En el frente tecnológico, la organización Coin Center alertó que las revisiones de última hora dejaron vulnerables a los creadores de software. Jason Somensatto, director de políticas de la entidad, explicó que, aunque el texto exime a mineros de Bitcoin y desarrolladores sin custodia de las normas administrativas contra el lavado de dinero, se eliminó el blindaje frente al estatuto penal federal que sanciona la transmisión de dinero sin licencia. Coin Center sostiene que esta omisión mantiene a los programadores expuestos a acusaciones judiciales penales.
La votación de esta tarde pondrá a prueba si las concesiones logran conformar una mayoría. De acuerdo con la senadora Lummis, rechazar el proyecto bloquearía reformas éticas y dejaría a los inversionistas sin un marco de protección. Si la iniciativa no prospera en el actual Congreso, la oportunidad de establecer una regulación clara para determinar la jurisdicción sobre el mercado podría quedar postergada hasta el año 2030.
