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"La ley envalentonaría a los estafadores", advierten los fiscales.
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Mañana se decidirá en el Senado si se le da apertura al debate sobre el proyecto de ley.
Una coalición bipartidista de 18 fiscales generales de Estados Unidos envió hoy, 14 de septiembre de 2026, una carta a los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren fijando posición sobre la Ley Clarity. La iniciativa de los funcionarios judiciales argumenta que el proyecto legislativo debilitará las herramientas estatales existentes contra los delitos financieros dirigidos a inversionistas de todo el país.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza el grupo, advirtió que la norma “pondría en peligro su capacidad para proteger a los inversionistas del fraude y las estafas generalizadas con criptomonedas”.
Los representantes estatales solicitaron frenar el avance del proyecto en el Congreso. “Tal como está redactada, la ley envalentonaría a los estafadores y podría privar a los fiscales generales de nuestra autoridad para proteger a los inversionistas de nuestros estados y sus finanzas. Junto con mis colegas fiscales generales, insto al Congreso a que no apruebe la Ley Clarity”, demandó James.
La funcionaria neoyorquina argumentó el daño sufrido por las víctimas. “El impacto financiero de las estafas con criptomonedas en las víctimas puede ser devastador”, sostuvo en la misiva.
Asimismo, la coalición expuso las complicaciones normativas previstas para las dependencias investigadoras. “En su forma actual, la Ley Clarity generaría confusión, dificultando que la Oficina del Fiscal General (OAG) y los fiscales generales de todo el país continúen sus esfuerzos para combatir las estafas con criptomonedas y exigir responsabilidades a las plataformas que infringen la ley”, detallaron las autoridades.
El frente judicial advirtió que el articulado contempla otorgar facultades a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para anular las competencias estatales de registro.
Sobre la transferencia de poder hacia el regulador federal, los juristas señalaron: “Esta concesión de autoridad sin precedentes no solo se aplicaría a los activos digitales, sino que también otorgaría a la SEC una amplia discreción unilateral para redefinir el alcance de la primacía federal, lo que podría alterar el régimen regulatorio estatal de valores. Los fiscales generales afirman que el Congreso no debería ceder un poder tan significativo a la SEC”.
Ante este panorama, la representación estatal abogó por cuatro puntos: preservar el papel territorial en la aplicación de la ley para valores tokenizados y no tokenizados, mantener la cooperación entre el gobierno federal y los estados, codificar la función regulatoria estatal exigiendo la certificación obligatoria de plataformas, y aclarar el lenguaje ambiguo del texto.
El documento remitido al Poder Legislativo fue suscrito por los fiscales de Arizona, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Virginia, Washington, Wisconsin, el Distrito de Columbia y Nueva York.
La acción colegiada ocurre justo antes de que el Senado de Estados Unidos decida mañana 15 de septiembre de 2026 la apertura del debate sobre la iniciativa. Como reportó CriptoNoticias, la votación, fijada para las 14:15 hora del este estadounidense, requiere 60 votos para autorizar la discusión formal del borrador sustituto de 635 páginas en el recinto parlamentario.
