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Si el Comité lo aprueba, deberá ser votado en la Cámara de Representantes y en el Senado.
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El proyecto establece que el bitcoin de la Reserva se mantenga inmóvil por 20 años al menos.
El miércoles 16 de septiembre de 2026, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pondrá en agenda el proyecto H.R. 8957, es decir, la American Reserve Modernization Act of 2026, o la popularmente llamada «Reserva Estratégica de Bitcoin y Criptomonedas».
Durante esta sesión de trabajo, el comité debatirá, evaluará posibles enmiendas y votará si avanza esta propuesta legislativa que busca establecer por ley la custodia gubernamental de bitcoin (BTC) y otros activos digitales.
El proyecto, presentado el 21 de mayo por el republicano Nick Begich y el demócrata Jared Golden junto a un grupo bipartidista, pretende dar rango de ley a las políticas introducidas por la orden ejecutiva 14.233, firmada —tal como lo reportó CriptoNoticias— el 6 de marzo de 2025.
Dicha orden ordenó la creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin y de un fondo para los demás activos digitales provenientes de decomisos. Sin embargo, al depender de un mandato del Poder Ejecutivo, la medida puede ser revertida por futuras administraciones y ha generado disputas de jurisdicción para la custodia entre los departamentos del Tesoro y de Comercio.
Al convertir la orden ejecutiva en ley, H.R. 8957 establece que el bitcoin retenido quedará inmovilizado por un mínimo de 20 años. Durante ese lapso se prohíbe su venta, canje o subasta, salvo ante órdenes judiciales o razones de seguridad nacional. Una vez concluido el período, la Secretaría del Tesoro podría recomendar la venta de un máximo del 10% en una ventana de dos años.
La propuesta legislativa separa a bitcoin de las demás criptomonedas e incluye exigencias de transparencia, como reportes trimestrales, atestaciones criptográficas, auditorías independientes y supervisión del contralor general. Asimismo, habilita a los estados a mantener sus propios fondos en cuentas segregadas y prohíbe explícitamente la confiscación de activos en manos de entidades privadas.
Además de formalizar la reserva, el texto ordena estudiar vías para adquirir más unidades sin recurrir a la creación de nuevos impuestos o deuda, evaluando mecanismos como la reconversión de activos, remesas de excedentes de la Reserva Federal o decomisos.
El proceso no será instantáneo. Si el proyecto recibe el aval del mencionado Comité, deberá superar las votaciones en el pleno de la Cámara y en el Senado, para luego ser enviado al despacho presidencial para su firma y promulgación definitiva.








