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Los cambios realizados recortan la protección penal a desarrolladores sin custodia de fondos.
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La organización reconoce el “progreso significativo” en el lado regulatorio.
La organización sin fines de lucro Coin Center emitió una alerta este 14 de septiembre de 2026 sobre las modificaciones que la Ley Clarity sufrió a último minuto.
Según Jason Somensatto, director de políticas de la entidad, las revisiones a la Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain (BRCA) —que está incorporada dentro de la Ley Clarity— recortan la protección penal para desarrolladores de software que no controlan fondos de usuarios.
Coin Center advirtió que el texto revisado avanza en el ámbito administrativo, pero “se queda corto” al resolver la responsabilidad penal. Esta omisión mantiene expuestos a los programadores a acusaciones judiciales. Por ello, Coin Center concluyó que los ajustes incorporados al proyecto de ley son “difíciles de aceptar”.
La BRCA busca evitar que creadores de software no-custodial, mineros de Bitcoin y de redes de criptomonedas sean regulados como transmisores de dinero. En el plano regulatorio, la nueva sección 10604(c) exime a estos actores no controladores de las reglas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). También protege la autocustodia, entendida como la gestión directa de activos por parte del usuario.
Seomensatto sostiene que este apartado “esencialmente codificaría” la guía emitida por FinCEN en 2019. La organización enfatizó que “los desarrolladores que no pueden controlar los fondos de los usuarios no deberían cargar con obligaciones AML que a menudo no tienen capacidad técnica de cumplir”. Las siglas AML refieren a las normas contra el lavado de dinero.
El problema radica en la eliminación del blindaje expreso frente al estatuto 18 U.S.C. § 1960, que sanciona la transmisión de dinero sin licencia. “Ese es un cambio importante de una disposición que Coin Center ha defendido durante años y que ahora, increíblemente, ha llegado al punto de una posible aprobación como ley”, denunció el grupo.
Al suprimirse esa cláusula, se mantiene abierto el inciso 1960(b)(1)(C). Esta norma castiga la transmisión de fondos vinculados a actividades ilícitas y ha sido aplicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para acusar penalmente a programadores de herramientas de privacidad como Tornado Cash y Samourai Wallet, bajo el argumento de que sus aplicaciones no custodiales facilitaron el procesamiento de capitales de origen criminal, como lo ha reportado CriptoNoticias.
Este escenario legislativo se da en la antesala de la votación fijada para mañana 15 de septiembre de 2026. El Senado necesita 60 votos para abrir el debate sobre la Ley Clarity. Para destrabar la negociación, los senadores republicanos Cynthia Lummis, John Boozman y Tim Scott presentaron un borrador sustituto de 635 páginas respaldado por el presidente Donald Trump.
Pese a los cuestionamientos penales, Coin Center admitió un efecto positivo en el terreno administrativo. El organismo reconoció que la iniciativa contiene un “progreso significativo” al establecer en estatuto que no debe regularse como transmisor de dinero a quien solo construye infraestructura. “Eso vale la pena reconocerlo”, indicó la entidad, tras advertir que “si se aprueba, todavía quedará trabajo importante por hacer”.
