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La propuesta incluye 126 cambios pedidos por los demócratas.
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"Un voto negativo el martes significa oponerse a reformas éticas reales", dice Cynthia Lummis.
El Senado de Estados Unidos decidirá mañana, 15 de septiembre de 2026, la apertura del debate sobre la Ley Clarity. La votación, fijada para las 14:15 hora del este de ese pais, requiere 60 votos. Este paso no representa la aprobación final del proyecto, sino la autorización formal para comenzar la discusión en el recinto.
A fin de destrabar la negociación, los senadores republicanos Cynthia Lummis, John Boozman y Tim Scott presentaron un borrador sustituto de 635 páginas como su propuesta definitiva. La iniciativa llega al pleno respaldada por el presidente Donald Trump tras acordarse un régimen ético reforzado. Este marco impone severas restricciones financieras a los funcionarios públicos y busca regular la estructura del mercado.
Dentro del paquete de medidas, la norma prohíbe explícitamente a las personas sujetas a la regulación emitir o patrocinar un activo digital.
A la par de esta restricción, los involucrados quedan obligados a desinvertir cualquier «interés financiero significativo» en criptomonedas o colocar esos activos dentro de un fideicomiso ciego. La cobertura de esta disposición alcanza a funcionarios electos a nivel federal, jueces y sus cónyuges.
«Tras aceptar de manera voluntaria nuevas disposiciones éticas, el presidente Trump respaldó una medida que sujetará a funcionarios electos a nivel federal, jueces y sus cónyuges a un régimen de control sin precedentes en Estados Unidos», expresó la senadora Lummis.
Para garantizar el cumplimiento de estas prohibiciones éticas, el texto otorga legitimación activa a los fiscales generales estatales, una competencia a la que la Casa Blanca se había opuesto previamente.
Este compromiso ético terminó por absorber el 80% de la propuesta formulada por los legisladores Thom Tillis y Ruben Gallego, según informó la periodista Eleanor Terrett a partir de fuentes de la bancada republicana. Además de estas concesiones en materia de transparencia, el borrador final terminó integrando 126 modificaciones que habían sido solicitadas por el Partido Demócrata.
«La propuesta atiende más de 120 peticiones del Partido Demócrata», indicó Lummis al defender la iniciativa. «Rechazar el proyecto este martes implicaría bloquear reformas clave sobre las finanzas personales de los cargos públicos, comprometer el liderazgo estadounidense en la industria digital frente a rivales internacionales y dejar a los inversores sin un marco de protección», agregó la senadora.
En el plano financiero y bancario, el texto introduce un mecanismo denominado «interruptor de circuito» —propuesto por Tillis en julio— orientado a prevenir riesgos sistémicos. La herramienta faculta a las autoridades a intervenir de inmediato ante una eventual fuga masiva de depósitos desde bancos comunitarios hacia stablecoins. La responsabilidad final de actuar como árbitro en estos escenarios recaerá sobre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló Terrett.
Por otro lado, según Terrett, la actualización legal acota el alcance del Ley de Secreto Bancario a la vía civil y elimina las protecciones que se extendían a los procesos penales. En la misma línea, el texto impone salvaguardas estrictas contra la integración vertical y los conflictos de interés en intercambios de «commodities digitales», al tiempo que ratifica la vigencia de las leyes estatales de protección al consumidor.
Con el texto ya modificado, la presión recae ahora sobre la oposición. «Dado que se han integrado sus demandas, la bancada demócrata tiene en sus manos respaldar el acuerdo», afirmó Lummis. Como reportó CriptoNoticias, la decisión resulta determinante para el sector, ya que, si la iniciativa no prospera en el Congreso actual, la oportunidad de discutir una regulación para la estructura del mercado podría quedar postergada hasta 2030.
