Aunque no existe un consenso global sobre la regulación de las criptomonedas, el auge de su uso entre un público cada vez más numeroso está obligando a los gobiernos de todo el mundo a volcar su atención en el tema.
Este interés por los movimientos del ecosistema de los criptoactivos suma un número cada vez mayor de autoridades reguladoras de países de América Latina en los últimos años, a pesar del retraso en materia de regulación reseñado tiempo atrás, en comparación con las naciones de otros continentes. Veamos qué se ha planteado al respecto hasta ahora:
Los países más receptivos
El primer país de la región en establecer un marco legal para el uso de criptomonedas y el funcionamiento de las casas de cambio es México. Un logro alcanzado a través de la ley Fintech que se acaba de entregar a consulta pública.
El Banco de México estableció que, a partir del 30 de julio pasado, las casas de cambio de criptomonedas deben cumplir con nuevas regulaciones correspondientes a las transferencias bancarias electrónicas, según lo que establece esta nueva ley. Así, además de reconocer a las criptomonedas como activos virtuales, permite su manejo para el envío de remesas y establece que el Banco de México es el organismo tutelar de las casas de cambio de criptoactivos. No obstante, algunas de las disposiciones de esta ley, que fueron reveladas a inicios de septiembre, podrían desfavorecer las operaciones con criptoactivos.
Venezuela, por su parte, es una de las naciones latinoamericanas que más ha llamado la atención con respecto a la adopción de las criptomonedas recientemente. No obstante, la relación entre Gobierno y Bitcoin ha tenido altibajos drásticos; dado que, luego de un período de persecuciones a la práctica de la minería de criptomonedas, el presidente anunció, a finales de 2017, que Venezuela lanzaría su propio criptoactivo, el petro, y otorgó un rango legal al sector.
A partir de ese momento han escalado una serie de anuncios gubernamentales en lo que va de 2018, que incluyen la creación de un ente supervisor, la certificación de 16 casas de cambio y el establecimiento del petro como nueva unidad de cuenta. Además, el valor de la moneda oficial del país luego del reciente cambio del cono monetario, el bolívar soberano (BsS), está anclado al del criptoactivo nacional.
Todo este reconocimiento luciría como uno de los mejores indicios para el avance del ecosistema en el país suramericano, si no estuviera rodeado de opacidades y contradicciones relacionadas con la falta de transparencia y de reconocimiento internacional al criptoactivo.
Mientras tanto, la población venezolana acude a las criptomonedas como reserva de valor, en aras de contrarrestar una grave crisis inflacionaria y la devaluación de su moneda. Esta reacción ha traído como consecuencia que el mencionado país se convierta en uno de los que muestra un mayor volumen de intercambio de bitcoins de la región.
Argentina es otro de los países con avances en materia regulatoria, a pesar de que las criptomonedas aún no cuentan con un reconocimiento legal. Sin embargo, esto no impide el crecimiento de su adopción como forma de pago y como reserva de valor entre la población.
Además, el Banco Central del país sudamericano está interesado en aprender más acerca de criptomonedas y blockchain, según reveló un reciente llamado de la institución financiera a proveedores de libros.
La capital, Buenos Aires, está considerada como «la capital Bitcoin de Latinoamérica» gracias a la creciente adopción del uso de bitcoin (BTC) e iniciativas que han surgido para educar a la población al respecto, como la ONG Bitcoin Argentina y el Bitcoin Day.
Por otro lado, existe también una propuesta al Congreso Nacional para supervisar e imponer obligaciones tributarias a las operaciones con criptomonedas. Una noticia que no fue recibida con agrado por los bitcoiners argentinos, pero es un primer paso que puede impulsar el establecimiento de un marco legal.
Los gobiernos más neutrales
En América Central destaca Costa Rica, donde algunas disposiciones de la legislación brindan la posibilidad a las empresas de pagar a sus trabajadores parte del salario con otro tipo de bienes, además del dinero de curso legal, siempre que las partes estén de acuerdo. Ello ha dado pie para que algunos expertos consideren que las criptomonedas pueden entrar en esta categoría, lo que permitiría a empresarios pagar parte de los salarios con criptoactivos.
Otro punto a favor de las criptomonedas en este país centroamericano es que ya, desde septiembre de 2017, cuenta con su primer cajero automático de bitcoins y las monedas criptográficas son aceptadas en muchos lugares como medio de pago.
A pesar de lo anterior, en octubre del año pasado, el Banco Central de Costa Rica emitió un decreto en el que establecía que las criptomonedas están fuera del sistema bancario nacional. La entidad acotó que llevar a cabo cualquier tipo de transacción comercial con este tipo de monedas es una “opción limitada” en el país, advirtiendo a quienes las utilizan a asumir los riesgos asociados. Aun así, no hay una prohibición explícita en cuanto al uso de criptomonedas.
Por su parte, el Estado panameño también se ha involucrado con las tecnologías emergentes, decisión que impulsó el estreno de una incubadora para productos tecnológicos financieros y ha posibilitado que el Banco Central de Panamá estudie la aplicación de DLT (Tecnología de Contabilidad Distribuida).
Sin embargo, no existe un pronunciamiento gubernamental claro, aunque tampoco parecieran tener una posición desfavorable. Actualmente existe una propuesta de ley para modernizar el sistema financiero y adoptar nuevas tecnologías financieras, como las criptomonedas, pero todavía no se ha debatido en la Asamblea Nacional.
La neutralidad de Nicaragua ha sido tal que hasta ahora no se ha dado a conocer ningún tipo de opinión, a favor o en contra, del uso de criptomonedas. La cercana Honduras ya llegó a realizar pruebas con tecnología blockchain a principios del 2015, aunque en cuanto a las criptodivisas, el gobierno advierte sobre sus riesgos sin prohibirlas.
Guatemala es otro país donde no existe una norma jurídica que regule el uso de monedas criptográficas. El presidente del Banco Central de Guatemala declaró que no pueden ser consideradas como monedas de curso legal, pero no existe un comunicado formal al respecto, por lo que se asume que pueden seguir siendo usadas en el territorio guatemalteco sin mayores inconvenientes.
Más hacia el sur de la región, las autoridades regulatorias peruanas, como la Superintendencia Financiera, han estado dándole seguimiento al creciente mercado de criptoactivos y recomiendan usarles tras haberse informado bien al respecto, ya que en el Perú las criptomonedas no están ni reguladas ni amparadas por la ley.
Algo similar ocurre en Paraguay, donde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes advierte sobre los riesgos de la inversión en criptomonedas, pero indica que no está en contra de la innovación. Entre tanto, en Cuba, donde se han dado transacciones con bitcoin, pero nada se ha dicho sobre su legalidad.
Posiciones ambivalentes
Chile es uno de los países con mayores niveles de adopción. Sin embargo, no existe regulación. El gobierno no ha manifestado una postura clara, señalando solo que “debe estudiar y entender mejor el ecosistema” y ha planteado, además, un debate sobre el tema en el que participen varios sectores.
Entre tanto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha mantenido una postura restrictiva, al apoyar el cierre de las cuentas bancarias de varias casas de cambio a principios de este año; una batalla que ganaron las casas de cambio y que quizás abra las puertas para un mayor desarrollo en el país austral.
En Brasil, la población muestra cada vez mayor interés las criptomonedas. No obstante, al igual que en Chile, varias de casas de cambio vieron sus cuentas bloqueadas en los bancos. Aunado a ello, la Comisión de Valores Mobiliarios prohibió que los fondos de inversiones realicen operaciones con bitcoin u otras criptomonedas.
En medio de estos litigios, el presidente del Banco Central de Brasil mantiene una posición crítica frente a los criptoactivos. En diciembre pasado los calificó de burbuja, aunque 4 meses después dijo que “bitcoin es un activo riesgoso con una tecnología innovadora”. Su actitud aparenta ser más receptiva hacia el uso de blockchain que hacia las criptomonedas.
Asimismo, en Colombia, la actitud de los reguladores colombianos ha sido más abierta a blockchain, en relación con las criptomonedas. El Banco Central de este país también declara que el dinero digital no puede ser moneda de curso legal. La idea contrasta con lo dicho por el presidente Iván Duque, quien indicó que posiblemente emplee la tecnología de criptoactivos en su gobierno. El pasado 29 de agosto, el primer mandatario propuso la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta a todas startups relacionadas con criptomonedas y blockchain.
Recientemente, la casa de cambio Buda cesó sus operaciones en Colombia, tras haber agotado «todas las instancias de dialogo» con las autoridades regulatorias, aunque estas digan que no están prohibidas las monedas criptográficas; puesto que, en efecto, no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. Una conducta contradictoria que se ha manifestado entre muchos gobiernos a nivel mundial.
Uruguay ha mostrado una actitud aparentemente receptiva para con el uso de las criptomonedas. A pesar de que el establecimiento de un marco regulatorio no está en los planes gubernamentales, recientemente la Cámara Uruguaya de Fintech anunció la creación de la Comisión de Criptomonedas que se encargará de redactar un marco legal.
En contraste, el presidente del Banco Central de Uruguay hace dudar sobre la aparente afinidad del Gobierno con los criptoactivos, tras afirmar, el pasado mes de abril, que bitcoin no es competencia para las monedas nacionales. Una percepción que podría complicar el estatus legal de las criptomonedas en esta nación, cuando llegue el momento de tomar posiciones.
En El Salvador, aunque existen servicios de intercambio, las autoridades han declarado que no existe marco legal ajustado al uso de criptomonedas y hasta ahora pueden ser utilizadas libremente. Por otro lado, el país centroamericano estableció restricciones en cuanto a las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO), que fueron prohibidas en un comunicado del Banco Central emitido el año pasado.
En el Caribe, República Dominicana resalta por la amplia aceptación de los criptoactivos por parte del público, pero el gobierno, a través de su Banco Central, manifestó no aceptarlas como moneda de curso legal y mantiene una postura contraria a su uso, sin prohibirlas del todo.
Las zonas más restrictivas
Bolivia y Ecuador son los países con más prohibiciones a las operaciones con criptomonedas en América Latina, dada la estricta la legislación vigente en cuanto a esta actividad.
Bolivia prohibió el uso bitcoin el 6 de mayo de 2014. Con ello se convirtió en la primera nación en toda Latinoamérica en desterrar las criptomonedas y se sumó a la lista de países del mundo que han hecho lo mismo. Desde entonces, hacer transacciones con criptomonedas o cualquier operación referida a ellas es ilegal en Bolivia.
Ecuador por su lado no posee control sobre su política monetaria (dado que se usa el dólar como moneda). Esto ha imposibilitado instaurar controles cambiarios, pero durante la presidencia de Rafael Correa, en 2014 se tomaron dos acciones clave, aunque suenen algo contradictorias entre sí: prohibir las criptomonedas y crear la suya propia.
El Sistema de Dinero Electrónico (SDE) fue creado en 2015 para canalizar el interés de los ecuatorianos por los criptoactivos. Se trata de una especie de “criptomoneda oficial”. A partir de entonces, su uso se volvió obligatorio. Sin embargo, desde su instauración, la “moneda digital” de Ecuador ha caído en desuso.
Un largo camino por delante
De acuerdo con el panorama anterior, todavía queda un largo camino por andar en materia de regulación de los criptoactivos en América Latina, pues a pesar de algunos avances, como el caso de México, existen muchas zonas borrosas en el mapa y varios países de la región no tienen ni siquiera una estructura regulatoria básica, mientras ciertos gobiernos locales mantienen una posición ambivalente al respecto, generando confusión.
De este modo, se observa cómo a veces los reguladores pasan de largo ante esta situación, sin impulsar decretos que brinden mayor claridad al público, mientras que otros establecen marcos restrictivos con efectos negativos para el desarrollo. De todas formas, el tema de la regulación a nivel mundial todavía está en pleno esbozo, lo que ofrece a Latinoamérica mayores chances para comenzar a trazar mejor su propio camino.
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