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El principal objetivo de la ley es la regulación de las Instituciones de Tecnología Financiera.
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La ley regulará los proyectos de financiamiento colectivo o crowdfunding.
Después de la aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), también conocida como Ley Fintech, por parte de la Cámara de Diputados mexicana, ocurrirán importantes cambios en todo el sector financiero de ese país. Esto debido a que dicha ley abordará áreas en las que no existen regulaciones formales a empresas como las dedicadas al crowdfunding o financiamiento colectivo, al manejo de los fondos de pago electrónico o las operaciones de comercialización de criptoactivos, además de introducir elementos nuevos en el sistema financiero mexicano.
El principal objetivo de la Ley Fintech, tal y como lo expresa su nombre, es el de la regulación de las Instituciones de Tecnología Financiera o ITF, las cuales son definidas por esta normativa como plataformas que ofrecen servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento y la inversión, servicios de emisión, administración y transmisión de fondos de pago electrónicos y servicios relacionados con activos virtuales. El manejo de este tipo de valores no está cubierto por otras instituciones financieras.
De hecho, esta ley (en el artículo 30) brinda una definición de activo virtual que juega un papel crucial en su puesta en marcha. Este término es definido como: “…la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.”
Fondos de pagos y remesas
Uno de los impactos más notorios de la nueva ley ocurrirá en el rubro de fondos de pago electrónico, pues únicamente las ITF autorizadas para esta actividad podrán dedicarse a ello. La Ley Fintech, en el artículo 22, describe las potestades que tendrán estas instituciones de la siguiente manera:
Abrir y llevar una o más cuentas de fondos de pago electrónico por cada Cliente, en las que se realicen registros de abonos equivalentes a la cantidad de fondos de pago electrónico emitidos contra una recepción de una cantidad de dinero, en moneda nacional o extranjera o de activos virtuales determinados.
Ley Fintech
Es conocida la importancia de las remesas que envían a México los nacionales de ese país que viven en EE. UU. En 2017 se llegó nuevamente a un máximo histórico con más de 28 millardos de dólares en remesas, lo cual representó la décima parte del crecimiento del PIB de ese año.
La frase clave del parágrafo citado se refiere a que los depósitos a familiares en las cuentas de estos fondos de pagos electrónico que prevé la ley, puede hacerse en “activos virtuales determinados”, es decir, en las criptomonedas que el Banco de México determine.
Si bien no contamos con los datos exactos sobre las comisiones que cobran los bancos por ser intermediarios para transferir casi 30 millardos de dólares a la economía mexicana, las comisiones de los pagos con criptomonedas serían mucho más bajas y las transacciones se realizarían mucho más rápido. Todo esto lleva a una disminución, gradual al inicio, pero progresiva, de la participación de los bancos y de servicios de envío de dinero en las remesas familiares, en favor de los pagos en criptomonedas.
Restricciones a las casas de cambio
Además de permitir el manejo de criptomonedas en remesas, la Ley Fintech establece que el Banco de México es el organismo tutelar de las casas de cambio de criptoactivos. No sólo es el encargado de autorizar a las ITF para que operen en la compraventa de criptomonedas, también determina cuáles de estos activos pueden ser comercializados.
Para las casas de cambio que ya están operando en México, esto significa una restricción inicial importante desde el momento en que la ley se haga vigente, ya que tendrán que limitar su portafolio a las criptomonedas aprobadas por el Banco de México.
Las casas de cambio también deberán difundir la información que permita a sus clientes identificar los riesgos de sus operaciones, por ejemplo, especificando que el activo virtual no es moneda de curso legal y no está respaldado por el gobierno federal ni por el Banco de México.
También están en la obligación de informar sobre la imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas, la volatilidad del valor de esos activos y los riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes. Se trata de hechos que ciertamente son asociados con las criptomonedas, pero que muy pocas casas de cambio informan de manera proactiva a sus clientes.
Una restricción que aplica a todas las ITF es que esta ley les prohíbe vender, ceder o transferir su propiedad. Esto, además de la regulación más usual que prohíbe dar en préstamo o garantía los activos virtuales que custodien y controlen por cuenta de sus clientes.
Open Banking
Una de las disposiciones de la Ley Fintech que tiene efecto para las ITF, pero que se extiende hasta el resto de las instituciones financieras como bancos, sociedades de información crediticia y cámaras de compensación, entre otras, promueve lo que se conoce como Open Banking. Este principio se encuentra en vigor en el Reino Unido, la Unión Europea y Australia, y consiste en que la información que recogen todas las transacciones financieras de un usuario o cliente, pertenece a éste y no a la institución misma.
Para normar esta política de datos abiertos, la ley establece en su artículo 76 que todas las entidades financieras están obligadas a establecer interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas (APIs) que posibiliten la conectividad y acceso a otras interfaces, con el fin de que el usuario pueda compartir los denominados datos transaccionales. Estos son definidos en el artículo 76 de la Ley Fintech de la siguiente manera:
Datos transaccionales: son aquellos relacionados con el uso de un producto o servicio, incluyendo cuentas de depósito, créditos y medios de disposición contratados a nombre de los clientes de las entidades financieras, entre otra información relacionada con las transacciones que los clientes hayan realizado o intentado realizar en su Infraestructura Tecnológica. Estos datos, en su carácter de datos personales de los clientes, sólo podrán compartirse con la previa autorización expresa de éstos.
Ley Fintech
En otras palabras, los clientes pueden usar su historial financiero en una entidad y entregarlo a otra entidad que, por ejemplo, pudiese requerir esa información para conceder un préstamo.
Financiamiento colectivo
La ley regulará los proyectos de financiamiento colectivo o crowdfunding y se propone “la plena identificación de los inversionistas y solicitantes”. Además, dicha ley estipula que las ITF únicamente reciban y entreguen dinero a través de cuentas del sistema financiero.
Los usuarios de las plataformas de crowdfunding son de dos tipos, inversionistas y solicitantes. Los ahorristas no están contemplados, ya que no se establecen mecanismos de protección al ahorro.
La ley también prohíbe a las empresas de crowdfunding asegurar el éxito, retornos o rendimientos a los clientes sobre la inversión realizada. Por otra parte, los fundadores, accionistas, cónyuges o empleados de las plataformas de una empresa de este tipo no pueden ser solicitantes de financiamiento colectivo a través de la misma.
Paréntesis regulatorio
La Ley Fintech crea la figura de Modelos Novedosos, que dará una autorización temporal a empresas y bancos para probar modelos de negocio que no estén incluidos en los modelos de ITF previstos en esta ley.
Estas empresas innovadoras podrán probar sus nuevos modelos con un número reducido de clientes, por un tiempo limitado establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta flexibilidad en la norma intenta favorecer ideas sobre un determinado modelo de negocio completamente nuevo y sobre el cual no hay una regulación específica. La ley da la oportunidad de hacer “una prueba beta” con un alcance reducido para para ver qué tal funciona.
La supervisión de esta figura estará a cargo de la CNBV, del Banco de México o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a la naturaleza de la prueba. Una vez que se realizan estas pruebas piloto, se evalúan los resultados y si es aprobado, las empresas obtendrán una autorización para operar por un máximo de dos años, de acuerdo al artículo 86 del Título IV de la Ley Fintech.
