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La red criminal operaba con criptomonedas y parte de lo robado estaba expresado en esos activos.
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Las investigaciones se mantienen en curso, con 19 personas bajo averiguaciones.
Tras una serie de nuevos allanamientos el pasado fin de semana, las autoridades de Argentina elevaron a cuatro la cantidad de personas detenidas por el caso de una aplicación ficticia de inversiones para estafar.
En total, tres hombres fueron aprehendidos y otras 19 personas fueron puestas bajo investigación. Estos se suman al detenido el pasado 4 de mayo, cuando iniciaron los procedimientos policiales para desmantelar a la red criminal.
Los nuevos allanamientos de este fin de semana —que sumaron 10— se desplegaron en localidades bonaerenses Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Los otros procedimientos se ejecutaron en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.
Como consecuencia de los operativos, se incautaron 24 teléfonos celulares, cinco unidades de procesamiento (CPU), cuatro laptops, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco duro, 6.036 dólares en efectivo y tarjetas bancarias.
Los implicados también formaban parte de la red de estafas virtuales y centros financieros informales que utilizaban criptomonedas y sociedades ficticias para captar fondos de los inversores.
Por este caso, las fuerzas de seguridad han logrado incautar más de 250.000 dólares, de los cuales al menos 80.000 dólares estaban expresados en criptomonedas.
La investigación judicial por este caso comenzó en 2023 tras la denuncia de una víctima en Puerto Madryn, provincia de Chubut. La afectada reportó haber invertido más de 100 millones de pesos en una plataforma que, tras generar supuestas ganancias el primer mes, impidió el retiro total del capital.
El método de la organización consistía en ofrecer falsas inversiones en empresas cotizadas en la Bolsa y en sociedades inexistentes. Para dar una apariencia de legitimidad, los delincuentes desarrollaron una aplicación informática ficticia donde las víctimas creían observar los movimientos de su capital.
Cuando los usuarios solicitaban la devolución de sus fondos, los administradores alegaban supuestas restricciones regulatorias del Banco Central para bloquear los pagos.
Tras las primeras indagaciones a inicios de mayo, el fiscal general Fernando Rivarola, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, coordinó los operativos junto a las policías de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut.
Este caso se suma a otros antecedentes recientes de fraude electrónico en el país suramericano. En la provincia de Mendoza, la Fiscalía de Delitos Económicos desbarató una banda en San Rafael que afectó a más de 800 personas mediante técnicas de suplantación de identidad y el desvío de fondos hacia cuentas bancarias de terceros.
Según informó la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, aquel grupo utilizaba datos de tarjetas de crédito para mover el dinero robado a través de monedas digitales, presuntamente la criptomoneda estable USDT, con el fin de ocultar el rastro de las operaciones financieras, tal como informó CriptoNoticias.
Los acontecimientos recientes exponen el desafío técnico que enfrentan los organismos policiales ante el uso de plataformas e instrumentos digitales para el movimiento de capitales ilícitos.
No obstante, con la reciente captura de estos tres implicados y la identificación de casi una veintena de sospechosos se pone de relieve los resultados de la cooperación entre diferentes jurisdicciones provinciales para combatir los delitos económicos que utilizan el atractivo de las criptomonedas como anzuelo.
