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La Federación Liquid reporta una insolvencia con reservas que cubren el 85,7% de los pasivos.
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Los tenedores de L-BTC enfrentan un panorama de incertidumbre.
A más de un mes del ataque informático ocurrido el pasado 6 de septiembre de 2026, los usuarios de la red lateral de Bitcoin, Liquid, continúan sin poder redimir sus tokens L-BTC.
Al momento de esta publicación, el 12 de octubre, las operaciones de retiro (peg-out) permanecen oficialmente pausadas y la red registra un déficit estructural que le impide garantizar el respaldo total de los activos en circulación.
Los datos actuales del explorador de la red exponen una alerta de insolvencia. Las cifras indican que existen 4.234,76 L-BTC en circulación, mientras que la custodia de la federación solo dispone de 3.632,23 bitcoin reales.
Esta diferencia se traduce en un déficit de reservas de 602,53 BTC, lo que significa que los activos actuales únicamente cubren el 85,772% de los pasivos. Bajo estas condiciones, la relación de paridad uno a uno entre L-BTC y bitcoin se encuentra temporalmente rota en la práctica.
Tal como lo reportó CriptoNoticias en su momento, el desbalance financiero tiene su origen en la vulnerabilidad explotada a principios de septiembre en el sistema de transacciones confidenciales de Elements.
Un atacante aprovechó una falla en la validación criptográfica para emitir aproximadamente 4.000 L-BTC sin respaldo previo. Estos tokens falsificados fueron enviados al servicio SideSwap, donde se quemaron a cambio de habilitar el retiro de 3.996 bitcoin reales, drenando así el 95% del colateral que la Federación Liquid gestionaba en ese instante.
La situación se estabilizó parcialmente el 7 de septiembre cuando los responsables, que se autodenominaron «hackers de sombrero blanco» a través de mensajes on-chain, devolvieron 3.400 BTC tras exigir el parcheo de todos los nodos.
Sin embargo, los atacantes retuvieron 598,5 bitcoin en una dirección separada a modo de recompensa autoasignada, negando el reintegro total de los fondos.
Frente a este escenario, la empresa desarrolladora Blockstream ha mantenido una postura intransigente a nivel discursivo. La compañía, dirigida por Adam Back, calificó la retención de los fondos como un delito y una extorsión, rechazando cualquier justificación ética por parte de los perpetradores. Blockstream sentenció que no pagará rescates que excedan la participación económica de los desarrolladores de código abierto, advirtiendo que han recurrido a especialistas forenses y fuerzas del orden para rastrear los activos si no se concreta una devolución voluntaria.
A nivel técnico, la red logró reanudar la producción de bloques días después del incidente mediante la instalación de la versión de emergencia Elements v23.3.4, la cual endureció las claves utilizadas para las pruebas de rango. No obstante, las operaciones de depósito y retiro quedaron inhabilitadas a la espera de una resolución concluyente.
Mientras el conflicto entre la compañía y los atacantes parece estancado tras más de un mes de inactividad en los reembolsos, los tenedores de L-BTC enfrentan un panorama de incertidumbre.
Aunque en las semanas previas la directiva de Blockstream instó a los usuarios a no vender sus tokens con pánico en mercados secundarios bajo la promesa de que la paridad estaría respaldada, los registros on-chain confirman que la red hoy carece del capital necesario.
Hasta que la federación concrete un plan corporativo para reponer el saldo extraído o logre recuperar el botín mediante vías legales, el bloqueo operativo de los retiros seguirá siendo la única medida preventiva disponible para evitar un colapso en la liquidez restante.













