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EE. UU. señala expropiaciones injustas y preferencia hacia el financiamiento chino.
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El marco fiscal y la normativa de inversión extranjera intensifican la vigilancia corporativa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe sobre el Clima de Inversión 2026 dedicado a Nicaragua, donde alerta a los capitales internacionales que deben “ejercer extrema precaución” al operar en la nación centroamericana.
La entidad gubernamental norteamericana afirma en el documento que los agentes económicos “no deben tener expectativa alguna de estado de derecho ni de un entorno empresarial previsible”.
La evaluación oficial de Washington explica que las autoridades nicaragüenses persisten “confiscando de manera injusta propiedad privada” y “desoyendo y desmantelando el estado de derecho”. Estas acciones estatales, según expone el informe de la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, configuran de manera sistemática “un clima de inversión repleto de riesgo político y reputacional” para cualquier entidad privada.
El reporte señala que las instituciones financieras internacionales han pausado el otorgamiento de nuevos préstamos al gobierno nicaragüense. Como consecuencia directa de este aislamiento, el país centroamericano ha incrementado su dependencia hacia el “financiamiento opaco chino” para el desarrollo de infraestructura, otorgando al mismo tiempo preferencias comerciales directas a las firmas de origen chino en los procesos públicos de licitación.
De manera paralela a las advertencias de Washington, la oposición política ha denunciado un cerco financiero interno sobre los flujos monetarios. La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) detalló que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fijó una normativa que obliga a monitorear las transacciones virtuales que superen los 1.000 dólares, incluyendo el rastreo de direcciones IP en transferencias bancarias y la identificación de las partes involucradas.
Esta supervisión gubernamental abarca tanto al sistema bancario tradicional como a los proveedores de servicios de criptomonedas. La agrupación opositora sostiene que estas reglas pervierten los estándares de control para perseguir a disidentes políticos, como reportó CriptoNoticias.
En el plano estrictamente corporativo, la Asamblea Nacional aprobó en febrero de 2025 la Ley de Inversión Extranjera (Ley N.º 1240). La normativa creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera y exige a los inversores internacionales presentar reportes trimestrales de cumplimiento ante el Estado.
Al respecto, el Departamento de Estado sostiene que el marco legal “está diseñado para ejercer control y vigilancia sobre la inversión extranjera”.
Adicionalmente, el documento estadounidense indica que las autoridades utilizan la legislación tributaria nacional como una herramienta de intimidación. Las empresas privadas reportan la aplicación recurrente de auditorías fiscales frecuentes, la imposición de multas arbitrarias y la asignación de obligaciones tributarias infladas. Al mismo tiempo, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros sirvió para cancelar el estatus legal de más de 5.600 organizaciones privadas.
Respecto a las relaciones comerciales, Estados Unidos se mantuvo como el socio principal de Nicaragua en 2025, concentrando el 20 por ciento de las importaciones y el 38 por ciento de las exportaciones. Por su parte, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que las políticas nicaragüenses restringen el comercio, por lo que aplicó aranceles en 2025 e inició otra investigación en 2026.
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