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Desestiman en Nueva York la demanda colectiva contra los creadores de LIBRA y Meteora.
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Cámara Federal argentina rechazó apelaciones de afectados que buscaban actuar como querellantes.
El proceso judicial derivado del colapso del token LIBRA sumó recientemente dos resoluciones adversas para los inversores que buscaban accionar contra los presuntos responsables en Estados Unidos y Argentina.
En Nueva York, la jueza Jennifer L. Rochon, del tribunal del Distrito Sur, desestimó la demanda colectiva presentada por Omar Hurlock y Anuj Mehta, ambos inversores compradores de memecoins.
La acción legal se dirigía contra la firma de capital de riesgo Kelsier Labs y su director ejecutivo, Hayden Davis; así como contra Benjamin Chow, cofundador y exdirector ejecutivo de Meteora, y la propia plataforma Meteora, la cual consiste en un conjunto de contratos inteligentes desplegados en la red Solana que permite a los usuarios intercambiar activos digitales.
La orden judicial estadounidense determinó que los demandantes no establecieron adecuadamente que Meteora funcionara como una asociación no incorporada susceptible de ser demandada.
Asimismo, el tribunal falló que las acusaciones por fraude y conspiración bajo la ley RICO no cumplieron con los requisitos legales para demostrar un patrón continuo de actividad ilícita.
Las acusaciones de fraude contra Chow fueron desestimadas por falta de pruebas sobre su intención fraudulenta, y finalmente se denegó a los demandantes la posibilidad de presentar una segunda queja enmendada.
En paralelo, el 28 de septiembre de 2026, la Cámara Federal porteña en Argentina declaró inadmisibles los recursos presentados por los inversores Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, quienes intentaban reincorporarse como querellantes en la causa penal local.
Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola ratificaron la exclusión dictada inicialmente por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Los magistrados argumentaron que los recurrentes solo mostraron discrepancias con la interpretación del juez sobre el delito de estafa, pero no demostraron una mala aplicación de la ley ni arbitrariedad.
Estos episodios judiciales se originan en el fallido lanzamiento del token LIBRA en la red Solana en febrero de 2025. El proyecto, titulado «Viva la Libertad», prometía financiar emprendimientos locales de Argentina, pero su cotización se desplomó tras conocerse que gran parte del suministro estaba concentrado en tres direcciones y la liquidez fue retirada.
El token fue impulsado por el presidente Javier Milei, quien luego se desligó del hecho, argumentando que difundió el proyecto de buena fe y comparando las pérdidas de los inversores con ir al casino.
Posteriormente, peritajes oficiales encontraron un documento en el teléfono del operador Mauricio Novelli que detallaba un presunto pacto de cinco millones de dólares a favor del mandatario a cambio de su promoción.
Tras la exclusión de los querellantes en Argentina, a los afectados solo les resta presentar un recurso de queja directo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Sin la participación activa de las presuntas víctimas en el expediente, la continuidad de la investigación penal sobre el lanzamiento y colapso de LIBRA dependerá de manera exclusiva del impulso que decida darle el fiscal federal Eduardo Taiano.
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