-
Argentina, Brasil, Chile y Panamá trabajan sobre sus respectivos proyectos de ley.
-
La Unión Europea y Estados Unidos no se muestran tan abiertos con las stablecoins.
Haciendo un balance de lo que deja el 2020 en materia de regulación de criptomonedas, podemos decir que ha sido un año en el que varios países de Latinoamérica y Europa han clarificado sus marcos regulatorios. Por lo menos en 4 jurisdicciones de Iberoamérica se están considerando proyectos de ley con ese objetivo.
Con ciertas diferencias, el año termina con esfuerzos dispares por los entes reguladores de la región. Una vez más, vuelven a dejar claro que no estaban preparados para el surgimiento de una forma de dinero cuyo valor estuviera dado por el consenso de los ciudadanos y sin la participación de una autoridad estatal central que vigile y controle su movimiento. Esto supone un reto para el sistema, porque le exige legislar sobre una materia que rompe los postulados del modelo tradicional.
Sin embargo, durante los últimos 12 meses, la regulación del sector de las criptomonedas, mantuvo el foco en abordar un amplio rango de leyes aplicadas principalmente a impuestos, regulación de transmisión de dinero mediante la banca tradicional, protección al consumidor, calificación de los activos digitales y leyes vinculantes con actividades criminales. Al final de este período sólo queda claro que la regulación de la industria de los criptoactivos sigue siendo incipiente y queda mucho camino por recorrer.
En todo caso, para comprender mejor el alcance de la regulación sobre bitcoin y otras criptomonedas durante el 2020, en el siguiente artículo mencionamos los hechos más notorios ocurridos sobre este aspecto en Latinoamérica y España.
En Latinoamérica
En varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Panamá ya hay proyectos de ley que se someten a consideración y evaluación de las autoridades para una futura regulación de las criptomonedas. De aprobarse estos proyectos contribuirán con la remodelación del ecosistema de los criptoactivos en la región.
En este contexto, durante el 2020 los reguladores de diferentes países adoptaron la denominada regla de viaje impuesta en 2019 por el Grupo de Acción Financiera Internacional. En su informe anual, la organización mencionó que el 65% de sus miembros han aplicado los estándares de fiscalización. De las 54 jurisdicciones informantes 35 han reportado su activación. De ese total, 32 miembros han comenzado a fiscalizar a las casas de cambio de criptomonedas u otros servicios.
Tres nuevos proyectos intentan regular las criptomonedas en Argentina
En Argentina, la adopción de bitcoin y otras criptomonedas está en auge. Es la consecuencia de una población afectada por la inflación y devaluación de la moneda nacional que ha encontrado refugio en los criptoactivos. En medio de ello, los organismos reguladores han planteado la necesidad de establecer un marco normativo aplicable a las criptomonedas.
En ese sentido, los dos bloques políticos de la nación presentaron sus proyectos de ley. Ambas iniciativas surgieron el año pasado de Cambio de Roles, un programa en el que estudiantes universitarios debatieron y elaboraron un borrador de ley.
Uno de los proyectos definitivos fue entregado en el Congreso por la diputada Liliana Schwindt, del Frente de Todos. La propuesta busca «crear un marco regulatorio integral aplicable a las transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivos como medio de pago, ahorro o inversión”. Además, hace referencia a establecer “disposiciones referidas a la protección, vigilancia, inspección y control de dichas operaciones”.
En uno de sus artículos, el proyecto de ley contempla que la Comisión Nacional de Valores elabore y mantenga un registro nacional de las operaciones realizadas con criptomonedas. Para ello, los exchanges deberán informar los movimientos a la Unidad de Información Financiera.
El otro proyecto, propuesto por el diputado Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, hasta el momento, no ha sido presentado aún ante la Cámara de Diputados. La iniciativa hace referencia “a las transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivos”. El objetivo es hacer que tanto el Estado como las instituciones financieras y las empresas privadas, tengan más opciones para utilizar criptomonedas.
De aprobarse la ley, los criptoactivos podrían utilizarse de manera regulada como medio de pago, ahorro e inversión. Para esto no habría distinción si las transacciones son entre personas humanas, jurídicas, privadas o públicas, o si son residentes en el país o se encuentran en el extranjero.
Ambas propuestas crearon controversia en el ámbito de las criptomonedas, pues muchos representantes del sector manifestaron que no fueron tomados en cuenta para la redacción de la propuesta que consideran hace planteamientos apartados de la realidad. Además, la ONG Bitcoin Argentina emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que estos proyectos no representan su visión.
En Argentina, también fue presentado un tercer proyecto por el diputado provincial Roque Gervasoni, de Misiones, Argentina. La iniciativa busca crear en esa provincia un exchange de bitcoin y criptomonedas.
Empresas de criptomonedas se autorregulan en Brasil
Brasil sigue enfrentándose al vacío regulatorio mientras en el congreso de la nación permanecen cuatro posibles proyectos de ley para las criptomonedas, el primero de los cuales fue introducido en 2015.
Sin embargo, en agosto, la senadora Soraya Thronicke del Partido Social Liberal, presentó una nueva propuesta en la que delinea las reglas para las empresas, custodios y emisores de «activos virtuales». El documento también cubre otras áreas como la protección al consumidor, los impuestos a las criptomonedas, la aplicación penal y supervisión de la industria en el país.
Mientras los proyectos de ley se debaten en el Parlamento brasileño, las empresas más emblemáticas del mercado decidieron firmar un acuerdo de autorregulación. Su idea se basó en legitimar y asegurar el uso de los criptoactivos en territorio brasileño.
Entre tanto, en mayo, casi un año después de su anuncio inicial, la Comisión de Valores de Brasil publicó las reglas que regirán al sandbox regulatorio donde se pondrán a prueba posibles modelos de negocio basados en blockchain. En este entorno se fomentará el emprendimiento y el desarrollo del mercado de capitales brasileño.
El sandbox regulatorio de Colombia deja buenas señales para la industria
En junio, el senador Horacio Serpa Moncada suspendió la presentación de un proyecto que planteaba la necesidad de regular al sector de las criptomonedas en Colombia. La ponencia ante el Senado se canceló porque el documento no recibió a tiempo una revisión conceptual que debía emitir la Superintendencia Financiera. De esa manera fue frenado el inicio de los 4 debates que permitirían que el proyecto se convirtiera en ley.
Poco tiempo después, en un debate sobre “Regulación de plataformas blockchain y criptoactivos”, se llegó a la conclusión que el mencionado proyecto, elaborado hace casi 2 años, requiere una actualización para adecuarlo a la cambiante realidad de ecosistema.
En ese orden de ideas, el congresista Mauricio Toro augura que el proceso para la aprobación de una ley sobre criptomonedas será largo, porque para las autoridades colombianas el tema cripto no es prioridad.
Mientras tanto, la conformación del sandbox regulatorio o espacio de pruebas para Bitcoin en Colombia está cambiando la narrativa que existe en el país sobre la primera criptomoneda. Esa fue la conclusión de un panel presentado en la octava edición de LaBitConf. En el evento virtual realizado durante la primera quincena de diciembre, se catalogó como una buena señal que el país pudiera contar con un espacio para desarrollar pruebas que permitan explorar el potencial de Bitcoin.
Chile presenta anteproyecto de ley FinTech ante el Ministerio de Hacienda
El anteproyecto de Ley FinTech que quedó paralizada en medio de los disturbios sociales que ocurrieron en Chile en 2019, fue presentado ante el Ministerio de Hacienda en noviembre, como lo informó la Comisión del Mercado Financiero de Chile. El documento hace una nueva definición para los instrumentos financieros y allí plantea la regulación a los activos digitales, lo que vendría siendo la primera consideración legal que tienen los criptoactivos en Chile.
Parte de la regulación del sector FinTech que se considera en Chile exige que las startups y operadoras que ofrecen servicios financieros, deben inscribirse en un Registro Público que instaurará la Comisión. También deberán cumplir con una serie de requisitos con el objetivo de limitar el riesgo en los servicios que ofrecen.
En todo caso, la regulación genera expectativa y presenta nuevos desafíos para el sector financiero del país. La industria FinTech, por su lado, espera que se logre una integración con la banca tradicional, pese a que hay antecedentes de que la banca ha restringido las operaciones de startups relacionadas con criptomonedas.
Más de 80 startups de México esperan por licencias para operar bajo Ley FinTech
La Ley FinTech de México entró en vigor en marzo de 2018 con el objetivo de regular el crowdfunding o financiamiento colectivo, los activos virtuales y los fondos de pago electrónico, es decir, los valores que no son cubiertos por ninguna entidad financiera como los activos virtuales. Sin embargo, dos años después de su promulgación, todavía no se ha completado el proceso para que las startup obtengan su licencia para operar legalmente como instituciones de tecnología financiera.
En dos años la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solo ha otorgado una licencia para operar bajo la Ley FinTech de México. El proceso de recepción de requisitos se mantuvo en pausa desde la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, en septiembre, la comisión habilitó una plataforma digital para reanudar la entrega de documentos por parte de las empresas que operan en el país.
Por ahora, la única empresa con licencia para operar bajo la Ley FinTech es NVIO, filial del exchange de criptomonedas mexicana Bitso. El resto de las 80 plataformas que completaron su proceso continúan operando, mientras esperan que el regulador financiero les otorgue sus credenciales. Mientras tanto, otras empresas constituidas después de la promulgación de la ley, tienen limitaciones para operar hasta tanto no reciban los permisos de la CNBV.
La Ley FinTech fue tema de debate en LaBitConf 2020, donde todos los panelistas presentes se mostraron a favor de la existencia de la normativa. En todo caso, esta legislación no ha sido del todo bien recibida por la totalidad de los actores del ecosistema bitcoin y criptomonedas del país. Por ejemplo, Manuel Flores, de la Alianza Blockchain, dijo en diálogo con CriptoNoticias, que esta ley podría obstaculizar proyectos.
Asamblea Nacional de Panamá recibe anteproyecto de ley de criptomonedas
La Asamblea Nacional de Panamá recibió en octubre un anteproyecto de ley para regular el uso y comercialización de las criptomonedas en el país. Un grupo de diputados presentó el documento que aborda definiciones de términos como criptomonedas, trading, minería o billetera virtual, entre otros.
El proyecto también aborda la «Tributación Fiscal de las Operaciones con Criptomonedas o Monedas Virtuales». Al respecto plantea que toda transacción transfronteriza que se realice con criptomonedas será gravada con un tributo de 4%. Con todo, los contribuyentes deberán declarar el 100% de sus operaciones.
La presentación del documento despertó críticas en el sector. Estas apuntan a que los diputados copiaron y pegaron el texto del mismo anteproyecto presentado en el congreso de Colombia, tal como afirma el Secretario General de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá. “Lanzaron un proyecto de ley sin consulta pública sin los especialistas en la materia. Ahora viene un receso en la Asamblea y quedan esas ganas de que en Panamá realmente los organismos se basen en el contexto del país, con elementos sustanciales para regular”, agregó Icaza.
Regulación en Venezuela se centra en la minería de Bitcoin
Un decreto emitido en septiembre por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), le otorgó legalidad a la minería de Bitcoin. La nueva ley regulará el uso, la comercialización, importación y creación de equipos de minería en territorio venezolano.
El documento también establece la creación de un Pool de Minería Digital Nacional, el cual busca agrupar a todos los mineros que se encuentran en territorio venezolano. En este sentido, quienes se encuentren operando equipos ASIC para la minería de Bitcoin y otras criptomonedas deberán conectarse a dicho pool para poder trabajar de forma legal.
Tres meses después, un acuerdo de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio de Energía Eléctrica y la Sunacrip establece que ambos organismos fijarán tarifas eléctricas para la minería de Bitcoin. Al respecto, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol Torres, dijo que quedará establecida una “tarifa justa” para el sector industrial minero que permita desarrollar y mejorar la prestación del servicio. Sin embargo, no quedó claro cuáles serán los lineamientos que definirán los montos a pagar, si serán honrados en bolívares, divisas o en criptomonedas.
Por otro lado, en octubre fue publicada en Gaceta Oficial, una nueva ley llamada “Antibloqueo”. En ella, se menciona el uso de las criptomonedas como un instrumento para la diversificación de mecanismos financieros. Sobre ello, el presidente Nicolás Maduro describió la normativa como una herramienta con la que podrá promover el uso de las criptomonedas, públicas, estatales o privadas, para el comercio interno e internacional, burlando así las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Una ley obligaría a reportar toda operación con bitcoin en España
La “Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal” aprobada en octubre por el Gobierno de España, obligaría a los ciudadanos de ese país a pagar una sanción de al menos 10.000 euros en caso de no reportar, a la administración tributaria española, sus tenencias de bitcoin y otras criptomonedas que posean en exchanges fuera de España.
El proyecto que espera ser aprobado en el Parlamento nacional, también obligaría a los residentes de España a entregar información a la administración tributaria, incluyendo a las empresas proveedoras de intercambio y custodia de criptomonedas. Tal hecho hará que los exchanges deban suministrar datos sobre los saldos que mantienen los titulares a quienes prestan servicio.
Por otro lado, el Congreso de España estuvo relacionado con otra legislación que incluía a las criptomonedas. Toda vez que este año el parlamento aprobó un sandbox regulatorio para innovaciones de Fintech y bitcoin.
