Colectivo reclama en España más intervención estatal en el desarrollo de IA

El Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial (IA) abogó ayer, 8 de octubre de 2026 en España por incrementar la intervención del Estado en el desarrollo tecnológico. Durante su intervención, el grupo rechazó explícitamente que el sector privado gestione libremente esta industria mediante la autorregulación.

Esta postura quedó plasmada en la presentación del «Manifiesto de Madrid por una IA Responsable». El documento se elaboró conjuntamente con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del gobierno español.

Con este respaldo institucional, el colectivo demandó un papel activo del aparato estatal para fiscalizar y dirigir el aprendizaje automático, disciplina que permite a los programas informáticos procesar datos y tomar decisiones sin intervención humana directa.

Precisamente para justificar este avance regulatorio, el manifiesto asegura que “la IA es mucho más que una carrera por construir el mejor modelo; es una carrera por construir la sociedad más capaz de aprovechar la IA”.

A partir de esta visión, el pronunciamiento plantea someter la innovación informática al tutelaje público con el argumento de proteger garantías individuales. Según el consejo, “los derechos fundamentales deben integrarse en el desarrollo, el despliegue y la implementación de los sistemas de IA”.

Siguiendo esa misma línea restrictiva, el texto condiciona la creación de software a la supervisión oficial, señalando que la protección de menores “no es una restricción de la innovación, es la condición que legitima la innovación”.

Para materializar dicho control sobre los creadores de tecnología, el grupo sugirió que los programas deban someterse a revisiones y aprobaciones previas por parte de entes autorizados antes de salir al mercado.

A la par de estos requisitos de entrada, el consejo promovió el concepto de soberanía digital —la facultad del Estado para controlar infraestructuras, datos y redes— al calificarlo como “una condición necesaria para la democracia” para aplicar leyes colectivas.

Frente a las críticas por posible proteccionismo, el grupo argumentó que este control público sobre las redes no implica aislamiento, sino autonomía. Afirmó que la supervisión “implica garantizar que las personas y las instituciones mantengan un control efectivo sobre los datos”.

En consecuencia, la comitiva situó a las estructuras burocráticas estatales como “la piedra angular de la soberanía digital”, solicitando que los gobiernos mantengan presencia directa en toda la cadena de valor de la industria.

Así, la proclama hecha en Madrid se alinea con el marco normativo de la Unión Europea, orientado a imponer trabas administrativas en cada fase de desarrollo de los modelos algorítmicos. La agrupación está integrada por especialistas como Manuel Castells, Luciano Floridi, Paul Adler, Jeroen van den Hoven, Francesca Bria, Carissa Véliz, Vint Cerf, Erika Staël von Holstein, Kate Crawford, Niklas Lundblad y Jerome Feldman.

Este reclamo ocurre en el contexto de rápido avance de la inteligencia artificial. Tal como ha reportado CriptoNoticias, todo tipo de actores están haciendo uso de esta herramienta.

Hoy mismo, este portal informó que el gobierno de Rusia utilizó ChatGPT mediante redes privadas para administrar una entidad fachada denominada Centro de Investigación Social (SRC), como reportó CriptoNoticias. Mediante este centro ficticio administrado bajo la identidad falsa «Mia Clark», la red contrató personal en América Latina para redactar reportes y publicar más de 60 artículos de desinformación.