Hechos clave:
-
Portugal está incumpliendo el plazo para implementar la AMLD 5, a partir de este 10 de enero.
-
Ley impone a las casas de cambio y monederos identificar los usuarios e informar a las autoridades.
Portugal no cumplirá con el plazo de transposición a la legislación nacional de la 5.ª directriz europea para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que abarca en el comercio de monedas virtuales, tales como el bitcoin.
Según la directriz adoptada formalmente por el Parlamento Europeo todos los Estados miembros de la UE tienen un plazo estimado desde la fecha de implementación para transponer estas reglas en su legislación nacional. Para Portugal, la implementación de dicha directriz debió ocurrir antes de este viernes, 10 de enero de 2020, y no ocurrió.
La 5.ª directriz contra el lavado de dinero, conocida también como la AMLD 5, fue publicada el 19 de junio de 2018 y es la primera regulación europea específica para los que operan criptoactivos, que se implementa con el fin de impulsar la transparencia financiera a lo largo del continente.
“Portugal no va a cumplir con el plazo, lo que es recurrente” dijo Francisco Soares Machado, abogado de Cuatrecasas, una reconocida firma de abogados hispanoportuguesa. “La gran novedad es que la directriz llega a afectar a dos tipos de entidades -las casas de cambio y los proveedores de monederos de custodia- en la regulación”, dijo.
Según la nueva legislación, las operadoras de servicios de intercambios de monedas virtuales (casas de cambio) y las entidades que proveen servicios de monederos custodios pasaran a estar cubiertas por las normas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas entidades pasan a tener que identificar a los clientes y el deber de informar ante las autoridades judiciales.
La directriz define lo que son las monedas virtuales y que son las entidades de custodia, así como qué normas deben cumplir.
Sin embargo, el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, no ha respondido todavía las preguntas de los medios de comunicación, sobre cuando la directriz será implementada para el orden jurídico nacional.
Versión traducida del artículo de Elisabete Tavares, publicado en dinheirovivo.
