¿Cómo queda el camino de bitcoin en Arizona con una ley aprobada y dos vetadas?

Arizona estuvo cerca de ser el primer estado de EE. UU. en aprobar una reserva de bitcoin y criptomonedas, pero, a pesar del optimismo de los bitcoiners y las tendencias globales favorables, la gobernadora Katie Hobbs, conocida por sus más de 200 vetos, frustró esas expectativas.

Los proyectos de ley SB1025 y SB1373 tuvieron sus primeras lecturas en el Senado en enero y febrero, respectivamente, y fueron avanzando paso a paso dentro del proceso. Su punto culminante llegó a finales de abril, cuando ambos fueron aprobados en tercera y última lectura. El 29 de ese mes, SB1025 fue enviado al escritorio de la gobernadora, y lo mismo ocurrió con SB1373 el 6 de mayo.

Si bien la máxima autoridad de Arizona había advertido que vetaría cualquier esfuerzo legislativo que llegara a su escritorio sin un pacto bipartidista previo para garantizar financiamiento a ciudadanos con discapacidad, dicho acuerdo finalmente se concretó, lo que elevó las expectativas sobre la aprobación de ambas propuestas vinculadas a bitcoin. Sin embargo, los bitcoiners terminaron decepcionados: el 2 de mayo se hizo público el veto de la gobernadora al proyecto SB1025, y el SB1373 corrió la misma suerte. En su argumento, señaló que las criptomonedas son inversiones especulativas que podrían poner en riesgo la estabilidad financiera del estado.

El proyecto SB1025, conocido como la «Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Arizona» y presentado por Wendy Rogers y Jeff Weninger, proponía permitir que fondos públicos —como los administrados por el tesorero estatal o los sistemas de retiro— pudieran invertir hasta el 10 % de sus recursos exclusivamente en bitcoin, con el objetivo de proteger las finanzas locales de la inflación. Por su parte, el proyecto SB1373, promovido por Mark Finchem, planteaba la creación de un «Fondo Estratégico de Activos Digitales» que autorizaba al tesorero a destinar hasta el 10 % de los recursos de cada ejercicio fiscal a una cartera más diversa de criptomonedas. Esta incluía bitcoin, stablecoins y tokens no fungibles (NFTs), con la posibilidad de utilizar soluciones de custodia segura, productos cotizados en bolsa e incluso mecanismos de préstamos para generar rendimientos adicionales.

El rechazo de estas propuestas por parte de la gobernadora Katie Hobbs evidencia una postura muy conservadora frente a la adopción de bitcoin como parte de las reservas estatales. A pesar del entusiasmo de algunos legisladores y de la comunidad, Hobbs justificó su veto argumentando que las criptomonedas son inversiones especulativas que podrían comprometer la estabilidad financiera del estado. Este caso, según una opinión publicada en CriptoNoticias, ilustra por qué la presión pública juega un papel clave a la hora de respaldar este tipo de iniciativas.

Los proyectos de ley SB1025 y SB1373 podrían ser reintroducidos en la sesión legislativa de Arizona que comenzará en enero de 2026. Sin embargo, esto dependerá de la voluntad de sus patrocinadores, así como del respaldo político que logren reunir. Es probable que, si deciden retomarlos, busquen reformular las propuestas para responder a las preocupaciones de la gobernadora Katie Hobbs sobre la especulación y la estabilidad financiera, quizás incorporando límites más estrictos o adoptando un enfoque más gradual.

Debido a las decisiones de la gobernadora Hobbs, Arizona perdió la oportunidad de convertirse en el primer estado en aprobar una tesorería de bitcoin. En su lugar, ese hito fue alcanzado por New Hampshire, donde la gobernadora Kelly Ayotte firmó la ley HB302. Esta normativa autoriza la inversión de hasta el 5% de los fondos públicos y otras reservas estatales en metales preciosos y criptoactivos, que posean una capitalización de mercado superior a los USD 500 mil millones —un estatus que, por ahora, solo cumple bitcoin—.

Un proyecto de ley sobre bitcoin que sí se aprobó

Aunque Arizona no contará con una tesorería de bitcoin como muchos entusiastas del sector esperaban, hay que señalar que la gobernadora firmó la ley HB2749. Esta legislación establece un marco para que las criptomonedas consideradas como «no reclamadas» puedan llegar a las arcas del estado y ser transferidas a una reserva. Sin embargo, dicho fondo —la ley entra en vigencia el 1 de julio— no permitirá nuevas inversiones con dinero público, sino que se enfocará exclusivamente en la gestión de activos ya existentes.

Así pues, en caso de que las autoridades determinen que ciertas monedas digitales han sido abandonadas tras tres años de inactividad, podrán tomar control de las mismas y gestionarlas. Esto incluiría la posibilidad de generar rendimientos mediante mecanismos como staking o airdrops, cuyos beneficios se destinarán al fondo ya establecido. Dicha reserva será administrada por el tesorero estatal y estará sujeta a futuras modificaciones legislativas.

Lo cierto es que la ley HB2749 probablemente no será bien recibida por quienes acostumbran hacer holding a largo plazo. Habrá que ver cuántos residentes de Arizona estarán dispuestos a almacenar sus criptoactivos en plataformas centralizadas como bancos o exchanges, en lugar de optar por billeteras personales que les permitan mantener el control de sus claves privadas.

Sea popular o no, lo cierto es que con la aprobación de la ley HB2749, Arizona se posiciona como una de las primeras jurisdicciones en EE. UU. en dar luz verde a una reserva de criptomonedas. Oregón también forma parte del grupo de estados que han legislado a favor del sector, aunque su medida no establece una tesorería, sino una modificación al Código Comercial Uniforme (UCC) estatal.

Por otro lado, Texas podría convertirse en el próximo estado en aprobar una reserva estratégica de bitcoin y criptoactivos mediante el proyecto SB21, que ya fue aprobado por el Senado y por un comité de la Cámara. Ahora, solo resta una votación final en el pleno, prevista antes del 2 de junio.

¿Qué necesita una reserva de bitcoin para convertirse en realidad en Arizona?

Tal parece que las propuestas vinculadas a reservas de criptoactivos no prosperarán bajo el mandato de la actual gobernadora de Arizona. Hay que recalcar que Hobbs asumió el cargo en enero de 2023, y su período se extenderá hasta enero de 2027 —según lo establecido en la constitución del territorio— salvo que ocurra una renuncia o un evento extraordinario. Esto significa que, sin un cambio drástico en su postura o una nueva líder estatal más favorable al espacio, como ocurrió en New Hampshire con Kelly Ayotte, las propuestas de reservas de bitcoin podrían seguir enfrentando vetos.

El entusiasmo inicial por SB1025 y SB1373 prometía posicionar a Arizona como pionera en la adopción de criptomonedas, y la aprobación de la ley HB2749, más limitada en comparación, difícilmente satisfaga las expectativas que había en un inicio. Para que una reserva de BTC se materialice como estaba planeado en Arizona, ayudaría una campaña de presión más intensa por parte de los usuarios. Dennis Porter, CEO de Satoshi Action Fund, conoce bien las reglas del juego, pues en varias ocasiones instó al público a pedir a la gobernadora para que hiciera realidad la reserva de bitcoin en Arizona.

Más allá de un eventual cambio en el liderazgo político, una tesorería de bitcoin podría tener mayor viabilidad si los legisladores logran enmarcarla dentro de una estrategia económica más amplia. Iniciativas que vinculen esta clase de proyectos con políticas de incentivo a la inversión en tecnología, fintech y generación de nuevos puestos de trabajo, podrían captar más apoyo bipartidista y disipar parte de las inquietudes sobre riesgos financieros. Si se presenta como una herramienta para fortalecer la economía local y atraer empresas del sector, una propuesta de este tipo tendría más posibilidades de avanzar, incluso ante un liderazgo escéptico.