El Banco de México, también conocido como Banxico, ha abierto una ronda de consultoría pública de la ley fintech nacional que permitirá a los interesados del mundo de los activos digitales enviar sus comentarios y recomendaciones acerca de las regulaciones que afectarán a las instituciones de tecnología financiera, entre ellas las casas de cambio de criptoactivos.
Reseñado por la prensa nacional, el objetivo de esta consulta es ejercitar la transparencia gubernamental y la comunicación entre entidades y ciudadanos. De esta manera, Banxico desea que esta nueva regulación esté conformada por los principios de participación y transparencia, en donde la opinión de la industria de activos digitales y de los ciudadanos sea escuchada.
Esta actividad de consultoría se hace en el marco del lanzamiento de la ley fintech, la cual se activó el pasado 7 del mes de marzo y entró en rigor 12 de ese mismo mes. Este proyecto de normativas para las tecnologías financieras tiene implicaciones en las casas de cambio de criptomonedas, el financiamiento colectivo, el open banking y las remesas, entre otras soluciones financieras.
El sector que ha generado mayor revuelo son los activos digitales, ya que en un principio estos no iban a ser tomados en cuenta en el panel de regulación y luego hubo un cambio de posición que apuntaba a un recrudecimiento de las leyes inherentes a las criptomonedas.
Hoy en día, la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destacó que el Banco de México se convierte en el organismo tutelar de las casas de cambio de criptoactivos, autoridad que le permite determinar cuáles de las monedas digitales podrán ser comercializadas o sometidas a las nuevas normativas.
Es sobre este punto en específico que Banxico desea consultar a la población interesada acerca las disposiciones generales de la ley. En consencuencia, alguno de los detalles a tratar serán las facultades de Banxico para aprobar cuáles instituciones de tecnologías financieras (ITF) podrán trabajar con activos digitales y cuáles no.
También se discutirán los plazos, términos y condiciones que deberán presentar las instituciones para transformar los activos digitales determinados por Banxico, e incluso las características y restricciones en las que se basará el Banco Central para determinar las operaciones que se pueden realizar con dichos activos.
De esta manera, la consultoría abrazará todas las medidas que puedan sujetar a las startups e instituciones fintech en cuanto a la custodia o control de operaciones con activos digitales, influyendo incluso en la permisología que deben entregar las instituciones crediticias para utilizar criptomonedas en sus plataformas y las autorizaciones que permitirán a los bancos privados prestar servicios con activos digitales.
Por los momentos se sabe que Banxico tendrá 6 meses para dar a conocer las normativas que vinculan a los sistemas y empresas de pagos electrónicos con la nueva ley fintech. De igual manera, en este mismo periodo la institución emitirá una disposición general sobre protección al cliente en el sector fintech, la cual abrazará tanto los límites de recursos de estas empresas financieras como la disposición de los usuarios con dichas firmas.
Luego de este periodo de seis meses, el Banco Central de México tendrá un año para sacar una autorización temporal de operaciones para todos aquellos sistemas novedosos aprobados por la ley, así como de entre 24 meses a 2 años para emitir una regulación uniforme de intercambio de datos que será compartida entre todas las instituciones financieras del país.
Una ley con gran influencia en las criptomonedas
La ley fintech de México se ha destacado en el ecosistema blockchain debido a sus significativas implicaciones en este sector, convirtiéndose en un cuchillo de doble filo para el mercado de activos digitales y plataformas descentralizadas.
Esta nueva normativa podría motivar considerablemente la adopción de la tecnología de contabilidad distribuida en toda la nación, perfilándose como una de las medidas jurídicas más esperanzadoras para la industria DLT en América Latina. Sin embargo, en el caso de las criptomonedas, la regulación podría convertirse en una de las restricciones más importantes que se hayan hecho al mercado de activos digitales.
En el caso de las casas de cambio mexicanas, las mismas tendrán que reducir su portafolio de inversión de criptoactivos a la postura determinada y aprobada por el Banco Central de México. De esta manera, el mercado de activos digitales mexicanos se volverá más limitado y menos variopinto.
A diferencia de sus fases iniciales —cuando la ley fintech no planeaba reconocer a las criptomonedas en su marco legal —, en esta nueva ocasión las monedas criptográficas quedan bajo un brazo protector de regulaciones que podría motivar a los inversionistas más tradicionales y a nuevas empresas del mercado a apostar en estas herramientas financieras.
Más allá de los pro y los contra de este nuevo acercamiento jurídico del Estado mexicano con las criptomonedas, el ecosistema blockchain de la nación azteca es cada vez más robusto y desarrollado, motivando diversos eventos de envergadura internacional que podría catapultar con mayor facilidad las innovadoras ideas del continente latinoamericano.
La ley fintech de México se perfila como uno de los proyectos jurídicos más visionarios del continente latinoamericano, pudiendo convertirse en la base legal de la adopción del mercado de criptoactivos a nivel nacional. No obstante, las autoridades han tenido cierto recelo con los activos digitales, situación que ha motivado tensiones en el ecosistema y que hoy en día impulsa una iniciativa de consultoría pública en todos los sectores.
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