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El Salvador reporta 7.797 BTC en sus reservas, pero no detalla el origen de las nuevas unidades.
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Las reservas salvadoreñas superan los USD 640 millones a precios de mercado.
El Salvador habría incorporado 7 bitcoin (BTC) a sus reservas en los siete días previos al 8 de octubre de 2026, hasta alcanzar un saldo de 7.798 BTC. El movimiento vuelve a poner bajo escrutinio la estrategia del presidente Nayib Bukele, pues el Gobierno mantiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para limitar la acumulación estatal de este activo. Sin embargo, los registros públicos no aclaran de dónde proceden las nuevas unidades ni cómo fueron incorporadas.
Según los datos de la Oficina Nacional del Bitcoin, las reservas nacionales superan los USD 640 millones a precios de mercado. Esta valoración es variable y no representa una cantidad fija de dinero disponible para el Estado. Además, el saldo publicado no permite determinar si hubo compras financiadas con recursos públicos, donaciones privadas u otro tipo de transferencias.
La falta de información sobre el origen de los BTC es especialmente relevante por las condiciones del acuerdo de crédito ampliado de USD 1.400 millones que el FMI aprobó en febrero de 2025. El programa, previsto para 40 meses, contempla limitar la acumulación estatal de bitcoin a las donaciones documentadas y reducir la participación del Gobierno en actividades económicas relacionadas con el activo.
CriptoNoticias reportó el aumento de las reservas y planteó la posibilidad de que las unidades adicionales procedan de donaciones privadas. No obstante, la publicación no identifica a los donantes ni aporta detalles verificables sobre las transacciones. Por tanto, no hay elementos suficientes para confirmar esa explicación o concluir que el Gobierno incumplió las condiciones del programa.
También circulan especulaciones sobre la posibilidad de que el incremento refleje movimientos de BTC entre wallets controladas por el Estado, en lugar de nuevas adquisiciones. Bajo esa hipótesis, una transferencia entre direcciones propias podría presentarse como un cambio en los registros sin representar una entrada real de fondos. Sin embargo, no hay pruebas disponibles que permitan afirmar que eso ocurrió en este caso.
La incertidumbre persiste pese a que el FMI reconoció incumplimientos de determinados criterios y concedió una exención vinculada a las tenencias públicas de criptomonedas, sujeta a medidas correctivas y compromisos renovados. El 1 de octubre de 2026, el organismo aprobó la segunda y tercera revisión del programa y autorizó un desembolso de unos USD 138 millones.
El crecimiento de las reservas, por sí solo, no demuestra una infracción. Para evaluar si la estrategia de Bukele se ajusta al acuerdo, hacen falta datos verificables sobre las direcciones involucradas, las transferencias, los eventuales donantes y el uso de recursos públicos. Mientras esa información no se haga pública, el saldo de 7.798 BTC confirma la cantidad reportada, pero deja sin resolver cómo se financia la reserva y si su acumulación responde a las condiciones pactadas con el FMI.












