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El desembolso se concretó al aprobar la segunda y tercera revisión del programa.
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El FMI exigió frenar la acumulación estatal de bitcoin para mitigar supuestos riesgos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó ayer, 1 de octubre de 2026, el desembolso de 138 millones de dólares a El Salvador. La decisión ocurrió al completar la segunda y tercera revisión de su acuerdo crediticio de 40 meses, pese a que el país incumplió los compromisos fijados sobre la acumulación de bitcoin (BTC).
La transacción se da en el marco del programa Servicio Ampliado (SAF), un mecanismo de asistencia financiera aprobada en febrero de 2025 por un monto total cercano a 1.400 millones de dólares.
En el comunicado, el directorio precisó que “ciertos criterios de desempeño no se cumplieron, incluido el relativo a la acumulación de bitcoin”, concediendo dispensas tras acordar “medidas correctivas sólidas y compromisos renovados”. El programa original fija en cero el techo continuo de acumulación voluntaria de bitcoin por el sector público.
El acuerdo técnico aclaró la naturaleza del desvío. El personal del FMI indicó que la acumulación “refleja donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos”. Pese a no requerir fondos fiscales, el FMI lo clasificó como criterio no observado.
Para mantener el crédito, el organismo multilateral fijó un estricto límite sobre bitcoin. El informe enfatiza que “no se prevé ninguna acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, buscando frenar la exposición del sector público al activo.
El Salvador mantiene una reserva nacional de 7.792 BTC en sus registros de la Oficina de Bitcoin. Para evitar compras directas con presupuesto estatal, la administración del presidente Nayib Bukele recurrió a un esquema donde las incorporaciones provienen de «donaciones privadas», un origen cuyas fuentes específicas no han sido detalladas públicamente, como lo ha reportado CriptoNoticias.
Este vacío sobre la definición de recursos públicos permite al Ejecutivo argumentar que los ingresos de bitcoin no representan un gasto fiscal ni violan el acuerdo. No obstante, las exigencias del programa multilateral buscan frenar la exposición del Estado a bitcoin para mitigar lo que el organismo internacional considera riesgos operativos y financieros en la economía nacional.
Entre las medidas adoptadas, se registró la transferencia del control operativo de Chivo, la wallet estatal de bitcoin, a un operador privado. Dan Katz, primer subdirector gerente del FMI, calificó esta acción como “un paso positivo” y afirmó que “la participación del Estado en actividades relacionadas con bitcoin se está desmontando”.
Katz agregó que “la exposición residual del sector público debe desmontarse por completo”. Asimismo, instó a priorizar la divulgación de las tenencias estatales de BTC y a modificar la Ley de Emisión de Activos Digitales para fortalecer la regulación, supervisión y gobernanza del sector financiero.
En el ámbito macroeconómico, el FMI destacó un desempeño superior al esperado gracias a mejoras en seguridad y confianza inversora. El organismo estima que el Producto Interno Bruto (PIB) un incremento del 4,5% para 2026 y del 4,0% para 2027.
Pese a las proyecciones de crecimiento, el Fondo prevé que la deuda bruta salvadoreña suba al 89,2% del PIB en 2027. Este incremento responde al reconocimiento de 2.300 millones de dólares en intereses no pagados a fondos de pensiones, por lo que Katz advirtió que la consolidación fiscal sigue siendo necesaria.
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