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Donaciones privadas engordan la reserva de Bitcoin sin pasar por el presupuesto.
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El gobierno dice que no usa fondos públicos, pero la reserva crece igual con dinero opaco.
Tras los desembolsos de febrero y junio de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este 3 de septiembre un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las revisiones segunda y tercera combinadas de su programa, que, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, desbloquearía unos 140 millones de dólares.
El informe oficial presentó un escenario casi impecable en el que resalta un PIB proyectado en 4,5% para 2026, reformas estructurales en agenda y la garantía de que el tesoro de bitcoin (BTC) salvadoreño no proviene de fondos públicos. En el papel, el programa con el organismo, aparentemente, marchaba sin fisuras.
Sin embargo, el propio comunicado deja ver una tensión importante.
Si la principal exigencia del FMI para destrabar el financiamiento era neutralizar el riesgo fiscal y limitar la exposición pública a bitcoin, ¿cómo es posible que el tesoro estatal haya seguido creciendo?
La respuesta descansa en una estrategia donde el Ejecutivo salvadoreño encontró la manera de no gastar un solo dólar del presupuesto nacional en la compra de BTC, desplazando el origen del financiamiento hacia un terreno opaco etiquetado como «donaciones privadas». Al convertir el origen de los fondos en el centro de la discusión, el gobierno abrió una rendija en el acuerdo por donde la acumulación de bitcoin continúa y se vuelve jurídicamente inexpugnable ante los ojos del FMI.
La cláusula que dice una cosa y permite otra sobre las compras de bitcoin
La respuesta no está en el discurso político, sino en la contabilidad en cadena. Los datos del rastreador público de la Oficina Nacional del Bitcoin revelan que, al 3 de septiembre de 2026, El Salvador acumulaba 7.762 BTC en su tesoro basado en la moneda creada por Satoshi Nakamoto.
Su patrimonio valorado en unos 598 millones de dólares a una cotización cercana a los 77.000 dólares por unidad, lejos de haberse congelado, ha mantenido su pulso constante de sumar un activo al día. Es la estrategia de acumulación que sostiene, con algunas interrupciones, desde noviembre de 2022.
Pero la letra chica revela una realidad distinta:
El acuerdo con el FMI, firmado en febrero de 2025, incluyó una cláusula clave según la cual el gobierno se comprometía a «no acumular bitcoin de forma voluntaria con recursos del sector público», tal como lo informó CriptoNoticias en su momento.
Entonces, ¿qué pasó?
El actual comunicado del FMI, en su párrafo más revelador, da la respuesta:
Se ha presentado documentación que verifica que la acumulación de bitcoin desde la primera revisión refleja donaciones privadas y que no se han utilizado recursos públicos.
FMI.
Esa es la clave de toda la maniobra. El organismo no prohibió de manera absoluta la acumulación de bitcoin. Prohibió el uso de recursos públicos. Y la diferencia es sustancial.
El detalle es que el FMI no define en ninguna parte qué entiende por «recurso público». Ese silencio es el espacio usado por el gobierno de El Salvador para construir su estrategia. Se enfoca en que si el dinero no sale del presupuesto estatal, es decir, de impuestos, endeudamiento, ingresos ordinarios, entonces no es «público». Y lo que no es público, según la lógica que el organismo ha aceptado, no viola el acuerdo.
El gobierno puede seguir recibiendo bitcoin, siempre que los fondos provengan de donaciones privadas verificadas y no de las arcas fiscales.
Pero esta distinción, que parece técnica, plantea preguntas de fondo:
¿Quiénes son esos donantes? El FMI no los identifica. ¿Cómo se documenta una donación? El comunicado no lo especifica. Y sobre todo, ¿una donación al Estado no pasa a formar parte, por definición, del patrimonio público?
La respuesta a esa pregunta, en la legislación salvadoreña, es compleja. Y el FMI prefiere no entrar en ese terreno pantanoso.
El silencio que esconde el verdadero problema
El gobierno presentó «documentación» que acreditaba el origen privado de los fondos. El FMI la aceptó. Y ahí termina la historia oficial. Pero el silencio es revelador.
El acuerdo no establece un tope para las donaciones. No define qué se considera un donante legítimo. No da al FMI poder de veto sobre quién puede financiar la estrategia de acumulación de bitcoin del Estado.
¿Qué pasaría si mañana llega una donación de 500 millones de dólares en bitcoin? ¿El gobierno la rechazaría? El texto del acuerdo no lo dice. No hay mecanismos de control explícitos.
El «no se prevé» que usa el FMI no es un veto. Es una expresión de deseo.
El costo humano que el informe oficial omite
Mientras el gobierno celebra el éxito del programa y parte de la comunidad aplaude la acumulación de BTC, hay un dato que el comunicado del FMI no menciona y ese es el hecho de que la austeridad tiene un costo.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) de El Salvador contabiliza 14.000 despidos solo en 2024 y más de 23.400 entre 2025 y 2026. La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) denuncia que los despidos podrían alcanzar los 18.500 antes de que termine el año. En total, el MTD eleva la cifra de trabajadores cesados desde 2019 a 47.124.
Solo en el sector salud, las organizaciones sindicales calcularon más de 7.700 despidos durante 2025. Y el gobierno dice que no hay fondos para mantener la nómina estatal. Pero encuentra la manera de seguir comprando bitcoin. La contradicción es evidente. Y el FMI, en su comunicado, no la menciona.
La pregunta que nadie responde
El «no se prevé» que el FMI incluyó en el comunicado no es un compromiso vinculante. Es una declaración de expectativas.
Más que un límite estricto, la frase «no se prevé» utilizada por el FMI funciona como una simple declaración de intenciones. Si bien el Ejecutivo aseguró que no realizará nuevas compras fuera del marco de donaciones privadas verificadas, el acuerdo aún no define cómo se auditará el cumplimiento de esa palabra.
La evolución de esta estrategia se reduce a un interrogante sin responder: ¿quién financia la reserva estatal con donaciones privadas y qué busca a cambio?. En ese vacío de fiscalización, la trazabilidad pública de la red de Bitcoin se vuelve irrelevante, demostrando que la transparencia nativa de Bitcoin es inútil cuando choca contra el secretismo oficial.
El FMI no selló las comprar de BTC, apenas las etiquetó con cautela. Y las etiquetas, en la diplomacia financiera, terminan amoldándose al tamaño de la necesidad.
