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El gobierno de El Salvador asegura que recibe los bitcoin a través de donaciones.
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La política con bitcoin se mantiene pese a las condiciones establecidas por el FMI.
El Salvador alcanzó una reserva nacional de 7.777 bitcoin (BTC) en sus registros públicos administrados por la Oficina de Bitcoin. Esto forma parte de una estrategia de acumulación que el gobierno sostiene, con algunas interrupciones, desde noviembre de 2022.
Este nivel consolida la política de sumar 1 BTC diario a los fondos del Estado. La política de acumulación continúa vigente a pesar de las condiciones y recomendaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de su programa de financiamiento para el país centroamericano.
El FMI ha cuestionado de manera persistente la exposición del sector público a los activos digitales. Las exigencias asociadas al programa de asistencia crediticia buscan limitar las compras estatales de bitcoin con el objetivo explícito de reducir el papel y los riesgos operativos de la moneda digital en la economía salvadoreña.
Para responder a estas exigencias, la administración del presidente Nayib Bukele ha implementado un esquema que busca cumplir con los límites del organismo financiero y, de forma simultánea, mantener la posición del país en bitcoin. La estrategia oficial consiste en no destinar dinero del presupuesto nacional para la adquisición directa del activo, como lo reportó CriptoNoticias.
El origen de la financiación de las nuevas incorporaciones se ha desplazado hacia «donaciones privadas». Al no provenir los fondos de las arcas fiscales, como impuestos o endeudamiento estatal, el Ejecutivo sostiene que la recepción del activo no constituye un gasto público y, por lo tanto, no vulnera los términos pactados con el multilateral. Vale aclarar que no se ha especificado públicamente quién hace esas donaciones.
El marco del acuerdo con el FMI no incluye una definición precisa sobre lo que considera un recurso público. Este vacío normativo permite al gobierno justificar la continuidad del ingreso de fondos a sus arcas, argumentando que las donaciones privadas no alteran el equilibrio presupuestario ni contravienen las restricciones del programa de financiamiento.
