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Bitcoin ha desatado un impulso legislativo imparable en los estados de EE. UU.
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Estos nuevos proyectos cuentan con patrocinadores tanto demócratas como republicanos.
El interés gubernamental por bitcoin (BTC) sigue creciendo en EE. UU., especialmente desde que el presidente Donald Trump creó una reserva estratégica de este activo. Estados como New Hampshire, Arizona y Oregón ya han aprobado proyectos relacionados con la creación de Satoshi Nakamoto, y cada semana surgen nuevas propuestas en distintas jurisdicciones.
Siguiendo esta tendencia, ayer mismo se presentaron cuatro nuevas iniciativas en el estado de Michigan. Estas incluyen los proyectos de ley HB4510, HB4511, HB4512 y HB4513.
El primero de ellos plantea permitir que el tesorero del estado invierta fondos públicos en criptomonedas, siempre que estas hayan tenido una capitalización de mercado promedio de al menos USD 250 mil millones durante el año anterior, una regla que solo cumple bitcoin. Además, establece que los activos digitales adquiridos deben mantenerse a través de productos cotizados en bolsa emitidos por compañías de inversión registradas.
Por su parte, el proyecto de ley HB4511 busca garantizar el derecho de los ciudadanos a poseer y utilizar monedas digitales. Prohíbe al estado y a sus subdivisiones exigir licencias, imponer impuestos adicionales o establecer obstáculos para la tenencia de estos activos. Además, propone impedir que las agencias estatales respalden el desarrollo o la implementación de una moneda digital emitida por el gobierno federal (CBDC), y promueve la libertad para operar nodos, realizar transacciones en redes de criptoactivos y participar en actividades como el staking o la minería.
La propuesta HB4512 se enfoca en la creación de un programa que permita a empresas privadas utilizar pozos de petróleo o gas abandonados para la minería de bitcoin. A cambio, las compañías asumen la responsabilidad de sellar los pozos y restaurar el sitio una vez finalizadas las operaciones. Lo que se busca es aprovechar los recursos residuales de estos pozos para generar electricidad destinada a la minería, promoviendo así la recuperación ambiental sin depender exclusivamente de fondos públicos.
Finalmente, la iniciativa HB4513 plantea modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1967 de Michigan, para facilitar que los contribuyentes inscritos en el programa estatal de minería de bitcoin, establecido por el proyecto HB4512, puedan deducir de su ingreso bruto ajustado las ganancias generadas por esta actividad. Vale destacar que la deducción aplica tanto a personas físicas como a entidades corporativas, siempre que la minería se realice en pozos abandonados. La entrada en vigor de esta propuesta está sujeta a la aprobación previa de HB4512.
Estas propuestas se encuentran en las primeras etapas del proceso legislativo, específicamente en revisión por el Comité de Comunicaciones y Tecnología de la Cámara de Representantes de Míchigan. De momento, no han avanzado más allá de esta fase inicial, como audiencias públicas, votaciones en comité o aprobación en la Cámara, lo que sugiere que todavía están en evaluación preliminar sin un calendario definido para su avance.
Aunque solo el proyecto de ley HB4510 permite que el estado de Míchigan invierta fondos públicos en bitcoin, la presentación simultánea de las cuatro iniciativas representa un paso significativo en materia de adopción del sector. Esto ocurre en un momento en que el interés institucional por BTC está en auge a nivel global y su precio continúa al alza.
Al momento de redactar esta nota, el criptoactivo líder ha alcanzado un nuevo máximo histórico cerca de USD 112.000, tal como lo reportó CriptoNoticias, algo que reafirma la convicción alcista de sus entusiastas.
Texas avanza con su reserva de BTC siguiendo a Arizona y New Hampshire
De manera simultánea a los avances en Míchigan, es importante destacar que Texas está a punto de convertirse en el tercer estado estadounidense en formalizar una reserva estratégica de bitcoin.
El proyecto de ley SB 21, que propone la creación en Texas de una tesorería estatal de criptomonedas —con BTC como único activo viable, debido a sus elevados requisitos de capitalización de mercado—, superó ayer su tercera lectura en la Cámara de Representantes y solo espera la firma del gobernador Greg Abbott. Esta iniciativa busca fortalecer la estabilidad financiera del estado mediante la adquisición y custodia segura de bitcoin, gestionada profesionalmente y respaldada por un Comité Asesor.
New Hampshire, por su parte, ya ha dado pasos importantes en esta dirección. Este último aprobó la ley HB 302, que permite al Tesoro invertir hasta un 5% de sus fondos públicos en bitcoin y metales preciosos, siempre que estos cumplan con altos estándares de capitalización.
Por otro lado, en Arizona, aunque la gobernadora vetó propuestas que habrían autorizado la inversión directa en bitcoin, la ley HB 2749 permitió la creación de una reserva financiada con fondos estatales abandonados, reflejando un compromiso parcial con la adopción institucional de criptomonedas.
Según el equipo de investigadores Bitcoin Laws, se han presentado 147 proyectos relacionados con bitcoin en 40 estados de EE. UU. De estos, 47 iniciativas abordan la creación de reservas estratégicas en 26 jurisdicciones, de las cuales 37 siguen activas en 20 estados.
