-
La propuesta plantea un régimen que regula actores centralizados y descentralizados.
-
La imposición de multas no está establecida en el anteproyecto de la ONG Bitcoin Argentina.
Hace unos días se presentó, en el seno del magno evento bitcoiner LaBitConf, un anteproyecto de ley que buscará regular al ecosistema de bitcoin y las criptomonedas en Argentina. Un golpe de timón en medio de la incertidumbre jurídica del país suramericano.
En 9 artículos, la propuesta regulatoria busca darle un marco jurídico al uso de activos digitales descentralizados, como bitcoin (BTC), junto a herramientas centralizadas, incluyendo a las stablecoins.
El anteproyecto fue presentado por el abogado Ricardo Mihura Estrada, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, quien dijo a CriptoNoticias que se planea elevar el planteamiento ante el Congreso de la República el año que viene, toda vez que la propuesta aún está “en confección y discusión”.
Mihura compartió con CriptoNoticias el documento íntegro del anteproyecto de ley, denominado “Reglamento de la Criptoeconomía”. Se trata de un archivo de 30 páginas que expone los motivos y una serie de artículos con lo que, se aspira, sea el marco regulatorio para el ecosistema argentino de criptomonedas.
Las ideas expuestas en el anteproyecto de ley que se basan en temas álgidos dentro del ecosistema que se pueden resumir en tres puntos clave. Ellos son la descentralización, la centralización y las competencias que tendría el Estado argentino sobre las operaciones con criptomonedas. Analizaremos cada una de ellas a continuación.
Un plan en defensa de la descentralización
Desde sus primeros artículos, el anteproyecto de ley de la ONG Bitcoin Argentina habla de la descentralización de las criptomonedas y de los proveedores de servicios para estos activos.
Según lo que establece la propuesta, los criptoactivos cuya emisión sea descentralizada, como es el caso de bitcoin (BTC), podrán ser adquiridos, poseídos, operados y enajenados por parte de los argentinos de manera legal. Aunque de ninguna manera se considerará a BTC una moneda de curso legal (como sí pasa en El Salvador), según resaltaron algunos miembros de la ONG durante un space en X.
La normativa también busca que se habilite el desarrollo y operación de plataformas descentralizadas para el comercio de criptomonedas u otros servicios similares, ya que “la ley protege la propiedad y los derechos sobre los criptoactivos”.
Tal como comentaron los participantes del space, “todo esto, sin que las autoridades de aplicación tengan competencia para regular los criptomonedas y servicios descentralizados”.
De igual modo, la legislación propuesta señala que los activos descentralizados tendrán el tratamiento de monedas extranjeras que está prescrito en la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En ese sentido, llama la atención el hecho de que la responsabilidad de operar con estas criptomonedas recae exclusivamente sobre los usuarios.
Sobre estos activos descentralizados y los desarrollos inherentes a ellos, se busca establecer un régimen de licencias de operaciones “simplificadas y transitorias”, según lo señalado en el anteproyecto de ley. Una propuesta que también defiende el derecho a operar con criptomonedas descentralizadas en libertad.
De acuerdo con Mihura, el objetivo que tiene la ley es garantizar el derecho a operar y desarrollar la tecnología de bitcoin y otros activos descentralizados. Esto, limitando “de forma terminante” el poder de los organismos reguladores para “restringir este derecho sin ninguna justificación cada vez que se les ocurre”.
Mihura explica que es importante permitir que bitcoin se pueda usar sin restricciones en Argentina, porque en una sociedad digital “solo los criptoactivos descentralizados permitirán resguardar la privacidad”.
Algo similar opina Leonardo German Klug, abogado y miembro de ONG Bitcoin Argentina, para quien el anteproyecto de ley sirve como limitación al Estado para que no pueda “inmiscuirse y desplegar una conducta privativa” al usar activos descentralizados como bitcoin.
Hay espacio para los exchanges centralizados
Dándole espacio a los activos centralizados y los protocolos que se rigen bajo ese concepto de operatividad, el anteproyecto de ley de la ONG Bitcoin Argentina propone un enfoque permisivo para las operaciones de estos productos y servicios.
La normativa establece, por ejemplo, que los criptoactivos de emisión centralizada que se ofrezcan como productos de inversión serán regulados como valores negociables. También conocidos como securities.
Un criptoactivo de emisión centralizada es aquel cuya producción está controlada por alguna entidad o institución. A diferencia de bitcoin, cuya emisión no está a merced de alguna empresa. Entre estos activos destacan las stablecoins USD Tether (USDT) y USD Coin (USDC), ambas altamente utilizadas en Argentina.
En la regulación de ONG Bitcoin Argentina se propone además que los exchanges de criptomonedas centralizados puedan operar en el país “con licencia y supervisión” de la autoridad de aplicación. Esa autorización les permitirá, además, interactuar directamente con el sistema financiero y de pagos del país, sin restricción.
Aquellos exchanges centralizados que se nieguen a obtener la licencia, todavía podrán operar en el país, según el anteproyecto de ley. Sin embargo, se convertirán en lo que denomina responsables solidarios e ilimitados, por las pérdidas directas que sufrieran los inversionistas por causa del incumplimiento de obligaciones.
La propuesta determina también que los responsables solidarios podrán ser demandados en los tribunales del país suramericano. En caso de que estén fuera la nación, será válida la citación a juicio mediante notificación a representantes comerciales o compañías vinculadas.
En términos legales, un responsable solidario es una persona o empresa que está obligada a responder por una deuda o daño causado por otra persona o entidad.
Al respecto, el presidente de la ONG Bitcoin Argentina cree que los exchanges que tengan grandes carteras de clientes en ese país van a optar por obtener la licencia para operar. Ello, con la intención de “dar a sus usuarios y accionistas la certificación de un tercero independiente de que el negocio cuenta con un estándar de supervisión y regularidad”.
Por otro lado, Mihura sostiene que los exchanges que no se licencien sí se convertirán en «responsables solidarios», ya que los clientes podrán denunciarlos. Tanto a estas empresas “como a todos los que hubieran promocionado sus servicios”.
“Por un lado, se prevé que haya más responsables ante quienes reclamar. Por otro lado, la posibilidad de que queden expuestos podría ser un incentivo para que el exchange busque licenciarse, o de lo contrario le resulte más costoso o engorroso operar”, señaló Mihura.
Aunque para el abogado Daniel Rybnik, la solución no es una licencia para que las empresas del sector de criptomonedas puedan operar. A su juicio, el anteproyecto debería unificar el tema de antilavado de activos con la regulación de las criptomonedas, justamente para garantizar la seguridad a los inversionistas.
Limitando las competencias estatales
La propuesta regulatoria para el ecosistema de las criptomonedas que presentó la ONG Bitcoin Argentina también establece límites para la capacidad de intervención del Estado argentino sobre el uso de criptomonedas en el país.
Por ejemplo, la norma señala que las autoridades argentinas no pueden obstruir la oferta y circulación global y seudónima de los criptoactivos. Y, además, “deben permitir la autocustodia por parte de los inversionistas y prestadores de servicios con criptomonedas”.
Asimismo, la regla da al Poder Ejecutivo de Argentina la potestad de definir cuál será el organismo encargado de hacer cumplir la ley. Dicha autoridad podrá delegarse a una entidad ya existente en el gabinete del gobierno. O también podrá crearse una nueva.
Según el anteproyecto, la presidencia del país será la que defina las competencias de esa autoridad. Así como su organización administrativa y su régimen de autarquía y financiamiento.
La reglamentación traída a debate por parte de ONG Bitcoin Argentina también da un giro respecto a otras normativas que han surgido en el mundo para regular al ecosistema de criptomonedas.
Esta propuesta elimina la imposición de multas a los actores y participantes del ecosistema de criptomonedas. Según la norma, solo se podrán establecer sistemas de advertencias, suspensiones o bajas de licencias para operar.
Ricardo Mihura, el presidente de ONG BItcoin Argentina, dijo que la regulación, al no tener un régimen de multas, “pareciera que queda sin ejecución”.
Sin embargo, defiende que, en la filosofía del anteproyecto, “prácticamente todo está permitido, y las consecuencias legales se ven en el régimen de responsabilidades y lo que tiene derecho a reclamar el usuario afectado”.
De acuerdo con Mihura, las multas son “odiosas y generan enriquecimientos indebidos al Estado”. “Además, las multas tienden a agravar los problemas, al debilitar patrimonialmente al incumplidor de obligaciones administrativas”, señaló.
Aún queda un camino por andar
El anteproyecto de ley para regular al ecosistema de bitcoin en Argentina, si bien está todavía lejos de volverse una regulación formal, se perfila como un camino por el cual transitar. Ello, en aras de darle un marco jurídico al sector, el cual, vale decir, no ha necesitado de reglas para funcionar.
Pero todavía falta tela por cortar. Si bien existe expectativa en la comunidad, sobre todo porque el origen del anteproyecto de ley es la trinchera bitcoiner, aún falta su presentación ante los políticos argentinos.
Son los legisladores que hacen vida en el Congreso de la República los que tienen que recibir la propuesta, estudiarla y luego proponerla para su debate y posterior conversión en una ley argentina.
Este será un proceso que ocurrirá mientras, a la par, el Legislativo de Argentina termina de definir la norma que propone dar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad para regular el ecosistema de bitcoin y las criptomonedas en ese país.
