Senado de Argentina debate la creación de un registro para exchanges de bitcoin

Como parte del debate que adelanta el Senado de Argentina en torno a la regulación del sector de las criptomonedas, el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Martín Breinlinger, participó en una reunión ante miembros de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. 

De acuerdo con la información que difunde la Cámara este 12 de julio, el debate se centró en la forma de regular las criptomonedas a través de la la ley de prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

Según señala el escrito, Breinlinger se refirió a los artículos 37, 38 y 39 del proyecto de ley, el cual ya tiene media sanción de Diputados. Tales artículos se refieren a la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que dependa de la CNV. 

La idea sería recopilar datos de los exchanges de criptomonedas, con miras a “incrementar la transparencia, trazabilidad y monitoreo de las operaciones y de los usuarios”. El funcionario habló particularmente de evitar la publicidad engañosa y la falta de información adecuada como mecanismo para proteger a los clientes de estas plataformas. 

De esta forma, se propone que el registro y control de los exchanges de criptomonedas “se base en principios de seguridad operativa, protección del ahorro público y del público inversor”, con reglas que ya se aplican a otros agentes ya regulados en el mercado bursátil, por ejemplo.  

Los distintos requisitos y regímenes informativos apuntan a equiparar regulatoriamente los PSAV, que toman ahorro público, con los agentes tradicionales del mercado de capitales, e imponerles a aquellos buenas prácticas. 

Martín Breinlinger 

En ese sentido, el funcionario apoya la idea de que la supervisión del sector esté a cargo de la CNV, tal como establecen las recomendaciones de organismos internacionales. La mayoría de ellos apunta que “las funciones y actividades que desarrollan los actores del mercado de criptoactivos se asemejan a las que realizan otros agentes y/o sujetos del mercado de capitales tradicional”.  

Adicionalmente, Breinlinger recuerda que “según fuentes informales en Argentina hay 10 millones de cuentas de criptoactivos abiertas, cantidad que se equipara con las cuentas abiertas en el mercado de capitales tradicional, entre fondos comunes de inversión y subcuentas comitentes”. 

Se refirió también las regulaciones que se vienen aplicando en otras jurisdicciones. Es el caso del Reglamento de los Mercados de Criptoactivos (MiCA), que entró en vigencia en la Unión Europea en junio pasado. Esta normativa exige la creación de un registro, obligando a las empresas del ecosistema a solicitar autorización al Estado y a suministrar información.  

Sobre este mismo tema también se ha pronunciado el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri.  

Tal como se ha informado en CriptoNoticias, el directivo confirmó recientemente que el organismo trabaja en la regulación de empresas que brindan servicios de criptomonedas y que el foco está puesto en crear un registro para así “proteger a los usuarios y generar un mercado transparente”.  

Propone además que el registro cumpla los requisitos que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero. 

La perspectiva de Negri coincide con la visión que tienen las autoridades del Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). En consecuencia, el registro de exchanges iría acompañado con la exigencia de cumplir con la llamada “regla de viaje”, una normativa del GAFI que obliga a recopilar y compartir datos de los usuarios.  

Vale acotar que este debate en el Senado se produce en el marco de una serie de controles que el gobierno argentino está haciendo sobre diversas entidades que, de una u otra manera, trabajan con activos financieros. Tales medidas se toman porque, este año, el GAFI realizará una nueva revisión técnica y Argentina debe actualizar su legislación conforme a los requisitos de ese organismo.