Hechos clave:
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Los directivos de Ripple hicieron ventas milmillonarias de XRP, un activo privado.
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La SEC insiste en que XRP es un título valor, desligando legalmente el activo de Bitcoin.
Hace pocos días me propusieron analizar una situación hipotética. Si Ripple ganara la demanda interpuesta por la SEC en los tribunales de Estados Unidos, ¿cuáles serían las consecuencias para el resto del ecosistema? El asunto es interesante -quizá tragicómico-, pero el problema podría no estar bien planteado de esa manera. Más aún si consideramos que la mejor defensa pública que encontraron los directivos de Ripple consiste en atacar a sus oponentes con el argumento de que defienden a Bitcoin, dejando por fuera el problema de reflexionar por qué XRP es –o no- una criptomoneda.
Este escenario nos devuelve, precisamente, a la antigua discusión sobre qué es Bitcoin y cuál es el valor de un mercado que se alimenta a diario de invocaciones equívocas a los poderes de la criptografía y la descentralización, como si de conjuros se tratase. Indirectamente, la posición que asume la SEC frente a XRP, clasificando este activo como un título valor que fue utilizado para realizar ventas de más de mil millones de dólares sin cumplir con el registro legal de la oferta, permite que nosotros tomemos posición sobre la dicotomía entre las criptomonedas como BTC y las acciones de una empresa.
No dudo de la relevancia de Ripple para el ecosistema, aunque sí cuestiono los medios por los cuales se hizo, aparentemente, importante. Tampoco dudo sobre la capacidad que tiene la SEC para tropezar cada vez que intenta delimitar la competencia y la esencia de Bitcoin, en particular, y de las criptomonedas, en general; aunque presumo que en la demanda contra Ripple hay más intereses políticos -y quizá personales- que los que a primera vista vemos.
Lo cierto es que en medio de dimes y diretes en las redes sociales, Brad Garlinhouse, uno de los directivos de Ripple, esgrimió un argumento desatinado que pretende hacer ver a la opinión pública que la SEC intenta favorecer con esta demanda a China, adjudicándoles, de un plumazo, la paternidad de Bitcoin. En pocas palabras, Garlinhouse asume que Bitcoin es una criptomoneda controlada por China, mientras XRP representa al mundo libre liderado por Estados Unidos. Con esto, no es difícil ver que los nacionalismos están de moda en los discursos políticos y son contagiosos.
Si Garlinhouse comprendiera el sentido de la minería como un sistema único en su tipo para controlar la emisión y la distribución de una moneda, el de la descentralización como modelo de gobernanza y el de desarrollo de código abierto como un camino para implicar a las comunidades en la creación de valor, no podría defender la idea de que la demanda de la SEC representa un ataque a todo el ecosistema y una manera de otorgarle privilegios a Bitcoin (nótese la contradicción). ¿Qué diría respecto al hecho de que la minería y el comercio de bitcoin en Estados Unidos asciende de tal manera que podría desplazar al de muchos otros países, incluyendo a China? Solo en Estados Unidos, se ejecuta más del 20% de todos los nodos públicos de Bitcoin, según Bitnodes.
Ripple no es Bitcoin, ni siquiera una criptomoneda
Creo que el asunto sobre qué es una criptomoneda es crucial para comprender la legitimidad de la demanda de la SEC y, si Ripple tiene alguna posibilidad de ganar, qué consecuencias tendría para el resto. Si es que acaso tiene alguna, porque me inclino a pensar que Bitcoin prevalecerá por las mismas razones que Ripple parece estar condenado como proyecto. Más allá de los surgimientos y muertes de los proyectos que copiaron el código de Bitcoin o que repitieron en campañas publicitarias hasta el cansancio las palabras inmutabilidad, privacidad, criptomoneda o blockchain, el valor de bitcoin como efectivo digital, reserva de valor o unidad de cuenta se sostiene en la transparencia de su arquitectura y su diseño.
Hasta cierto punto, el argumento de la SEC plantea una cuestión que es evidente: XRP se parece más a las acciones de una compañía que a una criptomoneda, precisamente porque su finalidad desde su surgimiento parece ser la de obtener nuevos fondos para invertir o desarrollar proyectos, que es precisamente la función de un título valor. Parece ser este el argumento de la SEC. Ripple creó estos activos para luego venderlos o pagar prestaciones, de manera que se considera que su objetivo no consistió principalmente en usarlo como medio de pago o dinero efectivo, sino como un medio para recaudar más dólares.
Esta situación parece una contradicción, porque se repitió como un mantra la idea de que XRP sería la criptomoneda de los bancos. Lo irónico es que con el tiempo los bancos descubrieron que podían crear sus propias versiones de dinero digital o que, de hecho, pueden usar Bitcoin y Ethereum para las remesas o transacciones internacionales.
Es decir, bitcoin es un dinero tan efectivo en su propósito que no hay razones para que los bancos no lo usen, prueba del alcance de los modelos descentralizados. Por otro lado, XRP todavía no ha probado ser inmune a los problemas que conlleva la centralización. Se puede percibir que bitcoin es más seguro por la capacidad que tiene para distribuir a través de nodos en todo el mundo cientos de miles de copias del historial de transacciones, aportando un tipo de resistencia a la censura que Ripple no puede ofrecer con su limitado enfoque de red privada (susceptible a hackeos o manipulaciones de una junta directiva).
Además, por mucho que me moleste la forma en que la SEC hace las cosas, los dueños de Ripple crearon 100.000 millones de XRP preminados, los han estado distribuyendo de manera sospechosa, y han realizado recompras y nuevas ventas sin un objetivo transparente. Sin que esa distribución, además, pueda justificar las ventas multimillonarias de los directivos y creadores de la compañía, quienes más de una vez hicieron tambalear los mercados. La consecuencia es que esas ventas parecen haber beneficiado solo a quienes se adjudicaron a sí mismos tantos XRP.
¿Podría un modelo cuya gobernanza depende de una junta directiva ser comparable con una red de trabajo como Bitcoin, cuyo modelo de gobernanza implica la participación social en el desarrollo y mantenimiento de la red? Un modelo como Bitcoin no permite que una junta directiva decida sobre los avances técnicos, o sobre quién debe tener más o menos criptomonedas, solo por su estatus dentro de una empresa.
En este sentido, no hay nada en XRP, como argumentan los dueños de Ripple, que justifique la comparación con Bitcoin, que sí depende del trabajo de la comunidad para asegurar el desarrollo en conjunto y el historial de las transacciones a través de la minería. Esta diferencia, aparentemente insignificante, es crucial para comprender por qué XRP no puede ser catalogada como una criptomoneda. Entre los muchos factores que podría mencionar al respecto, vale solo rescatar uno: su valor no depende del esfuerzo de las personas que deciden libremente trabajar por un objetivo común.
Bitcoin está programada para que la recompensa monetaria de la minería corresponda con la cantidad de esfuerzo que cada quien puede ofrecer y ese mecanismo de emisión controlada es único para cualquier modelo financiero. XRP está diseñada, más bien, bajo el precepto de que el dinero engendra más dinero, más allá de su capacidad para crear valor por el esfuerzo.
Esto no es un ataque a todo el ecosistema
La decisión de un tribunal respecto al caso de Ripple y sus directivos no va a dañar la imagen de Bitcoin o la capacidad del mercado de las criptomonedas para transformar poco a poco la idea de que son los Bancos Centrales o los Estados quienes deben decidir el destino de las economías. La razón es simple. Bitcoin subvierte las leyes de la economía keynesiana. Por eso el argumento de Brad Garlinghouse sobre el objetivo real de SEC está infundado. La SEC no persigue con esta maniobra a todo el ecosistema, ni es un ataque a Bitcoin o las criptomonedas. Al contrario, el argumento parece más bien una falacia argumentativa Ad hominem, que busca atacar a su atacante y no reflexionar sobre las ideas que están en la mesa.
No hay que indagar mucho para reconocer las contradicciones actuales de las instituciones estadounidenses. Pese a que las políticas gubernamentales y de los reguladores habían apuntado a cierto tipo de restricciones en el pasado, sobre todo como consecuencia del desconocimiento y los prejuicios, las discusiones públicas y las medidas adoptadas en distintas instancias revelan cómo Estados Unidos mira hacia las criptomonedas como una alternativa financiera. En pocas palabras, ahora comienza un esfuerzo por regular, aunque de manera torpe, la participación de las criptomonedas en el sector financiero. Aunque, por su puesto, esto no significa, como argumentó Garlinghouse en Twitter, que la SEC está tratando de limitar la innovación para favorecer a Bitcoin y Ethereum, y mucho menos a China.
Por citar solo dos ejemplos de estas maniobras, recordemos la medida de la OCC, que desde el año pasado comenzó una transformación del sistema para que los bancos pudieran ofrecer custodia de BTC, ETH y stablecoins. O la medida desenfrenada de la FINCEN que busca tener control de los datos de las personas que poseen monederos de criptomonedas. Desde mi punto de vista, las instituciones hacen lo que han hecho por mucho tiempo. No le podemos pedir peras al olmo y no podemos esperar que esas instituciones monolíticas de Estados Unidos cambien de la noche a la mañana. No ocurrirá, porque, como escribió Borges citando a Spinoza, todas las cosas quieren prevalecer en su ser.
Si Ripple llega a ganar la demanda antepuesta por la SEC, y demuestran en los tribunales que XRP no es un título valor, el ecosistema seguirá mirando con sospecha un proyecto que utiliza la etiqueta de criptomoneda pero ejecuta su política monetaria como lo harían los Bancos Centrales. Bitcoin y la mayoría de los proyectos legítimos que han ido creciendo al alrededor surgen como crítica y para enfrentar los modelos ya establecidos que defienden los Estados. Sería absurdo creer que XRP representa algo de eso.
Por otro lado, si la SEC gana y por alguna razón XRP desaparece como proyecto y de los mercados, probablemente su caída solo afecte a sus clientes y algunas casas de cambio, que de hecho ya han comenzado a prescindir de este mercado. El único proyecto cuyo fracaso salpicaría evidentemente al resto, sería Bitcoin.
En el tránsito de la adopción de Bitcoin, sobre todo durante el 2020, podemos ver cómo Bitcoin como dinero -y como tecnología- no excluye necesariamente a la banca privada; al contrario, puede integrarse debido a su capacidad para procesar pagos absorbiendo los costos operativos de terceros. Desde esa perspectiva, el surgimiento de Bitcoin afecta más bien a los Bancos Centrales y los Estados (o las compañías que se rigen por modelos similares, como Ripple) al quitarles el monopolio de la emisión de dinero y al ofrecer un suministro inelástico e inmanipulable.
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