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En las últimas horas se sumó Square a las empresas que rechazan la propuesta.
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Jack Dorsey considera que la propuesta perjudicaría a la industria en los Estados Unidos.
Más de 6.500 usuarios de bitcoin (BTC) y exchanges dieron su respuesta a la proposición de la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos. Compañías como Coinbase, Square, Kraken, Gemini y a16z, entre muchas otras, se oponen a que el Tesoro solicite datos personales de usuarios que quieran mantener sus bitcoins en monederos de autocustodia.
«Esto crea fricciones innecesarias e incentivos perversos para que los clientes de criptomonedas eviten las entidades reguladas para las transacciones», sostuvo Jack Dorsey en una carta que envió a la FinCEN. Además de ser el cofundador de la red social Twitter, este desarrollador es responsable de Square, una compañía de servicios financieros.
Otro riesgo que el CEO de Square observa en la propuesta es que «llevará [a los clientes] a utilizar monederos o servicios sin custodia fuera de los Estados Unidos, para no depender de un tercero». Todo esto, según explicó, agregaría obstáculos que perjudicarían a la industria.
El impacto de la propuesta no solo paralizaría las capacidades de aplicación de la ley. También limitaría la innovación estadounidense al obstaculizar nuestra capacidad para crear un servicio competitivo que permita a los clientes transferir y realizar transacciones en criptomonedas sin problemas, de la forma en la que se diseñó esta tecnología.
Jack Dorsey, CEO de Square.
La compañía Square, tal como reportó CriptoNoticias, tiene parte de sus fondos en bitcoin. Para su CEO, quien fue insistente sobre el asunto en la mencionada carta, «las regulaciones que restringen innecesariamente el futuro de las criptomonedas son profundamente preocupantes».
Dorsey destinó gran parte del texto a explicar las diferencias existentes entre las transferencias con criptomonedas y los movimientos de dinero en las finanzas tradicionales. Detalló las «limitaciones tecnológicas que dificultarán la identificación y recopilación de la información de la contraparte requerida». Uno de estos requerimientos, por ejemplo, es la geolocalización, que suele no ser identificable.
Como alternativa, el fundador de Twitter y Square destacó las políticas antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), que las propias empresas ya implementan por cuenta propia y que, según dijo, «han superado los de las instituciones heredadas». Este trabajo era anteriormente elogiado por FinCEN aunque, si se aplica la nueva propuesta, esto cambiaría.
«La regulación flexible y basada en el riesgo permite que los programas de cumplimiento sean más completos y, de hecho, mitiguen el riesgo mediante el uso de herramientas compatibles con la tecnología blockchain”, dijo el remitente de la carta. Añadió, a modo de ejemplo, que su compañía utiliza el análisis de blockchain para identificar señales de actividad ilegal.
Otra de las compañías que se pronunciaron recientemente sobre este asunto es Gemini, el exchange y prestador de servicios con bitcoin y criptomonedas que crearon los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss.
En la respuesta, el asesor general de la compañía, Sydney Schaub, argumenta que el exchange está construido «sobre la base del cumplimiento normativo». Manifiestan su convicción en la «necesidad de una regulación sólida para mejorar la confianza en los mercados de criptomonedas y su integridad».
Dicho esto, explican que, según ellos, la propuesta no cumplirá el objetivo con el que supuestamente fue creada: «Tal como se concibió, es poco probable que la regla propuesta frene la actividad financiera ilícita y, en cambio, tendría el efecto inverso, probablemente llevando la actividad de las criptomonedas fuera del ámbito regulatorio de los Estados Unidos».
También lamentan el efecto que la aplicación de estas nuevas normativas pueda tener sobre la privacidad individual de los usuarios, que no verían beneficios por la nueva ley.
Al igual que Square, Gemini está convencido de que «la propuesta, que está repleta de ambigüedad, socavaría gravemente los esfuerzos de cumplimiento de buena fe y podría tener un impacto perjudicial en la capacidad de Estados Unidos de permanecer a la vanguardia de la innovación».
Tal como está redactada, todo lo que hará esta regla es impulsar a los malos actores a retirar primero sus criptomonedas de los exchanges regulados de los Estados Unidos a sus monederos personales, para luego proceder con cualquier actividad ilícita que contemplen.
Sydney Schaub, asesor general de Gemini.
Comentarios negativos para este intento de regular el uso de bitcoin
A fines de diciembre de 2020, ya se habían manifestado sobre este asunto los exchanges Kraken y Coinbase. Entre otras observaciones, en aquel entonces rechazaron el plazo otorgado para enviar opiniones que vencía el 4 de enero, período que consideraron insuficiente.
Más recientemente, Andreessen Horowitz, empresa de capital de riesgo también conocida como a16z, se expresó sobre el asunto. Consideró que la propuesta de la FinCEN «aparentemente dirigida a combatir los delitos financieros, requeriría que varias entidades de criptomonedas recopilen e informen datos personales detallados de sus clientes, un estándar que no se aplica a ningún otro sector de la industria financiera».
Esta compañía pronostica que «una regulación tan desacertada tendrá muchas consecuencias negativas previsibles e imprevistas». Por este motivo, le solicitan a FinCEN retirar la propuesta o, al menos, extender el período de comentarios y estar abiertos al diálogo con las partes involucradas.
También se pronunciaron sobre el tema usuarios de bitcoin de manera particular. Por ejemplo, este fue el caso de Edward Hearne, quien se identificó como un trader e inversionista con 30 años de experiencia. Considera que la propuesta es deficiente y sus efectos serán previsiblemente indeseados para todas las partes de esta industria.
Si el gobierno emite una mala regulación, sacará las transacciones de los exchanges y las llevara a nodos y monederos administrados de forma particular, fuera de la vista del gobierno, que es exactamente el efecto opuesto de lo que pretende el gobierno.
Edward Hearne, trader.
Si la propuesta es aprobada, tal como indica su texto, «a los bancos y empresas de servicios financieros se les pedirá entregar informes, mantener registros, y verificar la identidad de los usuarios con relación a las transacciones que sobrepasan ciertos lineamientos, entre esos el uso de carteras no mantenidas por una institución financiera en jurisdicciones reconocidas por FinCEN».
