-
La ANDE detectó equipos irregulares en la zona de Alto Paraná.
-
Tras la suba de tarifas a la industria, siguen los operativos por sustracción de energía.
Las autoridades de Paraguay detectaron una granja de minería de Bitcoin (BTC) con conexión ilegal, en medio de la cruzada oficial para evitar el “robo de energía” y los últimos aumentos de tarifas que afectan en la industria. Con el hallazgo, sumaron unas 18 denuncias penales contra mineros.
Funcionarios de la Oficina de Gestión de Pérdidas Regional Este de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desconectaron y retiraron la conexión el viernes pasado. El domicilio dependía de una línea de baja tensión, ubicado en el km 21, lado Monday, en la ciudad de Minga Guazú.
Durante el operativo, que tuvo el consentimiento del propietario, los técnicos comprobaron que la conexión irregular estaba siendo utilizada minar bitcoins.
De acuerdo a las imágenes de la inspección, había unos 10 ASIC en el inmueble. Los equipos generaba un perjuicio de 49.749.288 guaraníes mensuales, suma equivalente a 7.000 dólares.
El monto, además de los costos de la intervención y las multas locales correspondientes, deberá ser abonado por el titular de la vivienda.
El procedimiento de la ANDE se realizó el viernes pasado, en la zona de Alto Paraná, una de las jurisdicciones donde más se detectaron incidentes similares por conexiones irregulares de la población.
Según se anunció oficialmente, el lunes 8 de julio se iba a radicar la denuncia penal formal por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica, perturbación del servicio público y sabotaje que corresponden a los artículos 173, 218 y 274 del Código Penal paraguayo.
Como reportó CriptoNoticias, varios dirigentes de la política y del Congreso vienen llamando la atención por la presunta complicidad del organismo. En estos días, se sumó la voz del senador paraguayo, Rafael Filizzola, quien hizo una mención explícita al último incidente:
“Suman y siguen los casos de criptominería ilegal, vaya a saber uno cuántos más hay! ¿Pero cómo puede ser que no haya imputados ni tampoco sumarios en la ANDE? ¿Nadie es culpable de estos negociados?”.
Rafael Filizzola, senador de Parauguay.
Según se informó oficialmente, hasta el 4 de julio, la ANDE radicó un total de 17 causas penales por sustracción de energía eléctrica. El último caso de Minga Guazú es la número 18. En los procedimientos se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 42 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados que se abastecían con un suministro ilegal.
Pese a los allanamientos y desconexiones, el organismo permanece en la mira de la ciudadanía. El 3 de julio pasado, el senador Enrique Salym Buzarquis apuntó que “los altos directivos de la ANDE” y “la complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.
Aquel dato salió a la luz por declaraciones periodísticas de un propio ingeniero de la ANDE, Lucio Ortiz, mientras realizaba un operativo de retiro de transformadores ilegales.
En un comunicado, la autoridad regulatoria rechazó “categóricamente” los comentarios del legislador y dijo que “ante la gravedad de los hechos mencionados”, solicitó que se impulse una investigación para que se averigue lo denunciado. Pero no son los únicos inconvenientes que se presentaron en este último tiempo. Las empresas de minería que operan de manera legal presentaron una queja por el aumento de las tarifas de energía para el sector, cuyos costos subieron 16%.
Además, advirtieron que ese encarecimiento traerá una migración de las compañías a otros países y perjuicios económicos al erario nacional. Como informó CriptoNoticias, algunos de estos proyectos están mudándose a Argentina.
