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El umbral para declarar activos custodiados en el extranjero es de 50.000 euros.
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El Modelo 721 se presenta entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria de Hacienda actualizó el 28 de septiembre sus preguntas frecuentes sobre el Modelo 721 y aclaró que las criptomonedas en autocustodia quedan fuera de esta declaración informativa. La precisión se refiere a los activos cuyas claves privadas están bajo control directo del titular y no de un tercer custodio.
Para que una tenencia quede dentro del Modelo 721 deben cumplirse dos condiciones: que las claves privadas estén bajo custodia de una entidad que preste ese servicio en nombre de terceros y que dicho custodio no sea residente en España ni tenga un establecimiento permanente en el país. Por tanto, las criptomonedas mantenidas en wallets bajo control directo del titular no entran en el cómputo del modelo.
Asimismo, la obligación afecta a residentes fiscales en España y otros sujetos contemplados por la normativa cuando el valor conjunto de las monedas virtuales situadas en el extranjero supera los 50.000 euros a 31 de diciembre. Como reportó CriptoNoticias, el Modelo 721 es una declaración informativa, por lo que su presentación no implica el pago de un impuesto, y el plazo se extiende del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente.
Vale resaltar que la aclaración publicada por la Agencia Tributaria no introduce un criterio completamente nuevo. La Dirección General de Tributos ya había abordado la autocustodia en la consulta vinculante V2290-23 de 2023. También trató el caso de las claves conservadas en un monedero de papel en la consulta V0941-24.
Las criptomonedas en autocustodia quedan así fuera de esta obligación informativa, pero la medida no elimina otras obligaciones tributarias. Las ganancias derivadas de operaciones con estos activos siguen sujetas a tributación y las tenencias también pueden tener efectos en el Impuesto sobre el Patrimonio cuando corresponda. La actualización aporta así una referencia oficial más clara para determinar qué activos deben informarse al cierre de cada ejercicio.
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