Desmantelan 2 granjas clandestinas de minería de Bitcoin en Paraguay

Las autoridades paraguayas mantienen una serie de operativos en el departamento de Alto Paraná orientados a la detección y el abordaje de actividades vinculadas al uso irregular de energía eléctrica.

En el transcurso de una semana, intervenciones coordinadas entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Policía Nacional del Paraguay y el Ministerio Público resultaron en el desmantelamiento de conexiones clandestinas y la incautación de 35 equipos utilizados para la minería de Bitcoin y criptomonedas.

El más reciente de estos operativos se dio a conocer el 17 de septiembre en el distrito de Minga Guazú.

En el kilómetro 19,5 Acaray, dentro del barrio María Auxiliadora, personal de la ANDE detectó un suministro eléctrico ilegal que abastecía a una instalación dedicada a esta actividad. Los técnicos identificaron en el lugar una conexión directa que no contaba con medido.

El allanamiento en Minga Guazú se ejecutó bajo la dirección del fiscal Alcides Giménez, titular de la Unidad Penal número 9, en el marco de la causa número 15144/26.

Durante el procedimiento, que contó con el apoyo de funcionarios de la empresa estatal, fueron incautados 10 equipos ASIC de minería (ver fotografía a continuación), los cuales quedaron de manera inmediata a disposición de la justicia.

Como resultado de esta intervención, se estableció una penalización que asciende a 176.162.053 guaraníes (casi 30.000 dólares estadounidenses). Según informó la institución, dicha cifra corresponde a los gastos generados por el operativo, la energía consumida que no fue facturada y la aplicación de la multa estipulada en la Ley número 966/64.

Previo a este hecho, el 12 de septiembre, se efectuó otro procedimiento en Ciudad del Este, específicamente en el barrio Remansito. Efectivos de la Subcomisaría número 13 intervinieron una vivienda localizada en la zona ribereña del río Paraná, tras recibir una denuncia originada por la emisión de ruidos molestos desde el inmueble. Al llegar al sitio (ver fotografía de portada de esta publicación) y constatar el fuerte sonido que emanaba de una de las habitaciones, el personal policial convocó a los funcionarios técnicos de la ANDE para realizar las verificaciones correspondientes.

El propietario del inmueble otorgó autorización voluntaria para el retiro de los equipos. En consecuencia, se incautaron veinticinco máquinas utilizadas para la minería de criptomonedas y se labró el acta respectiva tras comunicar la situación al Ministerio Público.

A raíz de la reiteración de intervenciones y desmantelamientos de grandes centros de minería no registrados, la problemática ha generado debate en el ámbito legislativo.

El 16 de septiembre, la plenaria de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar informes a la ANDE respecto al consumo eléctrico, el régimen tarifario y las tareas de fiscalización aplicadas a estas instalaciones en el territorio nacional.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Miguel Martínez, representante por el departamento de Alto Paraná. El parlamentario fundamentó su propuesta en la preocupación existente por la masiva utilización de energía eléctrica de alta potencia por parte de este sector industrial, así como por el potencial perjuicio económico y el impacto directo sobre la estabilidad y la calidad del servicio.

El documento aprobado exige que la empresa estatal proporcione datos específicos acerca del volumen real de energía destinado a esta actividad y los ingresos económicos que percibe mediante los contratos formalizados.

Además, la resolución requiere precisiones sobre el alcance efectivo de los controles realizados a los consumidores de alta demanda y los riesgos técnicos asociados a las prácticas ilegales.

De acuerdo con los plazos dictados por la Constitución Nacional, la Administración Nacional de Electricidad cuenta con quince días hábiles para enviar las documentaciones formales a la Cámara Baja, acción con la que el Congreso busca esclarecer la situación e impulsar la transparencia en la gestión energética de Paraguay.