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Un falso bróker lideraba un esquema Ponzi que afectó a 113 inversores en el país.
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Una red delictiva convertía dinero de fraudes tradicionales a criptoactivos para evadir rastreos.
Agentes de la Guardia Civil han desarticulado en España a un presunto grupo criminal compuesto por cuatro personas que operaba un esquema piramidal o Ponzi con criptomonedas.
Según publicó Europa Press este 18 de septiembre, la organización —cuyo nombre no fue revelado— logró captar fondos de 113 personas perjudicadas, alcanzando un valor económico estafado de aproximadamente 327.000 euros.
Tal como informó la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado citado por la agencia periodística, la investigación comenzó en octubre del año pasado tras recibir denuncias de víctimas que invirtieron sus fondos al confiar en un individuo que se hacía pasar por bróker.
El esquema fraudulento funcionaba atrayendo a futuros inversores con la promesa de una alta rentabilidad en poco tiempo. Los pagos de supuestos rendimientos a los primeros participantes se realizaban utilizando el capital aportado por los nuevos inversores, sin que existiera un producto real que generara dichos beneficios.
Las autoridades identificaron que los cuatro presuntos implicados tenían roles claramente diferenciados dentro de la estructura. Un integrante proveía las herramientas tecnológicas y configuraba los dispositivos de las víctimas, otro se encargaba de recibir el dinero y los dos restantes se dedicaban a captar a los afectados proporcionándoles la confianza necesaria para cometer el fraude.
De manera paralela, un operativo de la Policía Nacional desarticuló una segunda red delictiva dedicada a la comisión masiva de estafas informáticas y blanqueo de capitales.
El diario ABC señala que esta operación, que incluyó un registro en Ciudad Real, concluyó con 44 detenidos y permitió esclarecer 146 denuncias, acreditando un perjuicio económico superior a los 430.000 euros.
La investigación de este caso se inició en mayo de 2024, a raíz de la denuncia de una víctima que dice haber sufrido una estafa informática por un total de 0,5 bitcoin (BTC).
A diferencia del caso investigado por la Guardia Civil, este entramado jerarquizado empleaba ingeniería social y campañas haciéndose pasar por empleados bancarios. Además, los integrantes gestionaban webs de ‘phishing‘, publicaban falsos anuncios de alquileres de viviendas y revendían de forma fraudulenta dispositivos electrónicos de alta gama.
El rastreo de los fondos determinó, según el relato de ABC, que esta organización convertía el dinero ilícito en distintos criptoactivos con el fin de ocultarlo y dificultar su trazabilidad.
La resolución de estos casos coincide con los esfuerzos recientes de las autoridades españolas por mejorar sus capacidades técnicas en el ámbito digital.
Tal como reportó CriptoNoticias en mayo de 2026, el Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), inició un programa de formación para 30 agentes de España, Andorra y Portugal.
El curso, apoyado por empresas como TRM Labs y Telefónica, instruye a las fuerzas de seguridad en el rastreo avanzado e incautación de criptoactivos.
Si bien investigaciones de firmas como Chainalysis indican que las transacciones ilícitas representan menos del 1% del volumen total en las redes de criptomonedas, la capacitación de estas unidades especializadas demuestra ser una consecuencia directa frente a la necesidad de mitigar el uso de estas herramientas por parte del crimen organizado.
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