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En la trama hay 2 empresas chinas involucradas, según el Departamento de Justicia.
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La red involucró transferencias por más de USD 1.500 millones en criptoactivos.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Sean S. Buckley, solicitó el decomiso de unos 61 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculados a ventas de crudo iraní sancionado. La demanda civil se presentó ayer, 14 de septiembre de 2026.
Según la acusación de las autoridades, estos fondos habrían tenido como objetivo financiar al Gobierno de Teherán y a su aparato militar. Entre los presuntos destinatarios figura el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), organización designada como terrorista por la administración estadounidense.
El anuncio formal fue realizado por el fiscal adjunto Sean S. Buckley junto al director asistente a cargo de la oficina del FBI en Nueva York, James C. Barnacle Jr.
De acuerdo con el documento judicial, dos compañías chinas llamadas Blessed Trust y Hexa Whale habrían empleado cuentas en el exchange Binance. El objetivo alegado era lavar dinero para canalizar recursos económicos hacia Teherán y sus grupos aliados.
En el caso de Blessed Trust, la empresa operaba formalmente como firma de gestión patrimonial y custodia de activos virtuales. Sin embargo, la fiscalía sostiene que funcionó como un servicio de «on-ramp«, mecanismo que permite convertir dinero fíat en activos digitales.
En paralelo, Hexa Whale actuaba en apariencia como intermediario de materias primas. Según las autoridades, ambas firmas habrían prestado servicios a empresas del sector petrolero en China para procesar ganancias de origen ilícito mediante la infraestructura de Binance y del sistema financiero estadounidense.
A la par de estas empresas, la demanda detalla la existencia de una red de direcciones de criptomonedas no custodiadas denominadas «Entidad A». La fiscalía señala que esta estructura habría movilizado más de 1.500 millones de dólares procedentes de las transacciones petroleras.
A través de dicho esquema, presuntamente se desviaron capitales hacia negocios de servicios monetarios, un exchange iraní y wallets ligadas al IRGC. Para ocultar el origen de los recursos, las firmas habrían utilizado operaciones diseñadas para ofuscar la titularidad real de los capitales.
Buckley indicó que la acción judicial busca frenar operaciones hostiles: «Hoy estamos incautando y buscando decomisar más de 61 millones de dólares del dinero del Gobierno de Irán, que de otro modo habrían promovido acción militar hostil y ataques terroristas contra EE.UU. y nuestros aliados».
Las autoridades enfatizaron que la acción de decomiso constituye únicamente una alegación sobre bienes presuntamente involucrados en un delito. En ese sentido, las afirmaciones de la acusación no se consideran probadas ni constituyen sentencia hasta que un tribunal emita un fallo favorable al Estado.
Este procedimiento judicial se suma a las medidas de abril de 2026, cuando el Departamento del Tesoro y la empresa Tether congelaron 344 millones de dólares en la stablecoin USDT bajo la sospecha de vinculación con redes de evasión de sanciones internacionales del régimen iraní, como reportó CriptoNoticias.
