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El grupo habría estado operando entre los años 2018 y 2026.
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Se impusieron medidas cautelares sobre 36 bienes ubicados en Medellín y Antioquia.
La Fiscalía General de Colombia identificó una presunta estructura criminal que habría lavado 2,3 billones de pesos colombianos (aproximadamente 580 millones de dólares) mediante operaciones financieras que incluyeron el uso de la stablecoin USDT, en un operativo que dejó cinco personas capturadas.
La red habría utilizado el criptoactivo junto con el sistema financiero convencional para canalizar recursos provenientes del narcotráfico y ocultar su origen ilícito en el país, señaló la fiscalía ayer, 10 de septiembre de 2026. Hugo Daniel Giraldo Santamaría fue señalado por el organismo judicial como el presunto cabecilla. Su esposa, Carolina María Giraldo, figura entre los detenidos por su relación con la gestión de grandes sumas de dinero y el conglomerado empresarial.
“La Fiscalía General de la Nación siguió el rastro de estos recursos y detectó un entramado societario que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a dineros procedentes del narcotráfico”, advirtió Sandra Liliana Mesa, directora especializada contra el Lavado de Activos, según medios locales.
USDT es un criptoactivo diseñado para mantener paridad uno a uno con el dólar estadounidense, como lo explica la Criptopedia de CriptoNoticias. La liquidez de este activo presuntamente permitía a los arrestados convertirlas en efectivo con celeridad, adquiriendo posteriormente inmuebles y vehículos de alta gama dentro de la operación.
«El capital que ingresaba al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito», explicó la Fiscalía.
De manera paralela a las capturas y al proceso penal, las autoridades aplicaron medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 36 bienes avaluados en más de 10,2 millones de dólares (unos 40.000 millones de pesos). El operativo incluyó cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos comerciales en Medellín y Antioquia.
El organismo judicial completó las acciones patrimoniales al ocupar tres inmuebles adicionales, valorados en cerca de 2.500 millones de pesos (aproximadamente 625.000 dólares), con fines de comiso para desarticular la capacidad financiera de la organización.
