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Célula ligada a una red clandestina de Dubái usaba criptomonedas para financiar narcotráfico.
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Bloquean 46.000 euros en stablecoins tras una falsa operación comercial.
Las fuerzas de seguridad en España informaron entre el 7 y el 8 de septiembre de 2026 sobre la desarticulación de una ramificación del crimen organizado internacional y el bloqueo preventivo de fondos de un presunto fraude digital. Ambas intervenciones se centraron en interceptar el supuesto uso ilícito de criptomonedas en el país.
La Policía Nacional, en coordinación con Europol e Interpol, desmanteló el 8 de septiembre lo que sería una célula de la «Banca de Dubái», una red financiera clandestina señalada por servir a organizaciones del narcotráfico. El operativo concluyó con la detención de 21 personas por su presunta vinculación con la trama, según la agencia EFE.
De los arrestados, 14 fueron capturados en suelo español y siete en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia mediante órdenes internacionales. Según la investigación, la red habría utilizado transferencias de capitales y transacciones con criptomonedas para financiar cargamentos de droga y blanquear beneficios.
El dispositivo de seguridad conllevó además el embargo preventivo de 48 inmuebles, vehículos de alta gama y bienes de lujo. El análisis de las wallets de criptomonedas permitió a los agentes rastrear flujos financieros que presuntamente conectaban a los intermediarios con redes internacionales de distribución de estupefacientes.
Por otra parte, la CiberComandancia de la Guardia Civil de Pontevedra bloqueó cautelarmente 53.671 unidades de una stablecoin (no se informó cuál), el 7 de septiembre. La cifra equivale a unos 46.306 euros debido al tipo de cambio, informó Europapress. Una stablecoin es un activo digital diseñado para mantener paridad con una moneda fíat, en este caso el dólar estadounidense, como lo explica, CriptoNoticias.
El caso se abrió tras la denuncia telemática de un ciudadano que afirmó haber enviado 78.700 unidades del activo a presuntos falsos intermediarios en un acuerdo de compraventa. La víctima no habría recibido la contraprestación económica acordada tras la transferencia.
Los investigados habrían distribuido los fondos entre múltiples direcciones de criptomonedas secundarias para entorpecer el rastreo policial. Esta técnica busca fragmentar las transacciones en la red y ocultar la identidad del receptor final.
Los agentes rastrearon las direcciones de destino y solicitaron la colaboración urgente de la empresa emisora del activo. La compañía congeló las unidades restantes para evitar su retiro y garantizar su eventual restitución judicial si se confirma el delito.
