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Se establecen nuevas exigencias de información sobre las tenencias de criptoactivos.
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Se gravarán empresas de servicios digitales con ingresos superiores a los 750 millones de euros.
El gobierno de España aprobó, este 19 de octubre, un grupo de anteproyectos de ley en los cuales se establece la declaración de las transacciones con criptomonedas ante la agencia tributaria. La medida fue tomada en consejo de ministros y exige la entrega de mayor información sobre las tenencias de criptoactivos en el país ibérico.
Se trata del anteproyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el anteproyecto de Impuesto a las Transacciones Financieras y el anteproyecto de Impuestos a Determinados Servicios Digitales, los cuales fueron anunciados por la ministra de hacienda de España, María Jesús Montero, en rueda de prensa.
Al respecto, la ministra explicó que con estas propuestas se pretende construir una nueva fiscalidad adecuada a este siglo, “más progresiva y redistributiva, para que todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad”.
En ese sentido, uno de los objetivos de estos proyectos es establecer un mayor control tributario sobre el mercado de las criptomonedas, por lo cual los contribuyentes y las empresas poseedoras de este tipo de activos digitales deberán declararlos como parte de sus bienes ante la agencia tributaria, informando sobre sus tenencias, incluyendo las que resulten de operaciones fuera de España.
La idea es solicitar mayor información a los tenedores de criptoactivos, quienes estarán obligados a suministrar información sobre las operaciones que realicen con criptomonedas, como la adquisición, transmisión, permuta o transferencia. También deberán entregar datos detallados sobre la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios, de los saldos en criptomonedas que sean reportados al agente tributario.
Como parte de la propuesta de regulación, se creará además un impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, con el cual se plantea el pago de tributos por parte de las empresas que ofrezcan este tipo de servicio.
Las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.
María Jesús Montero
Ministerio de Hacienda
Este impuesto, cuya recaudación es estimada por el Ministerio de Hacienda en 1.200 millones de euros, busca imponer el cobro de 3% de impuestos a las organizaciones de servicios digitales que monetizan la creación de valor de los usuarios, bien sea a través de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea o la venta de datos proporcionados por el usuario.
El anteproyectopara prevenir el fraude fiscal también contempla la prohibición de uso de software de doble uso, mediante el cual se pueden ocultar las compras o ventas de activos a través de la manipulación digital de las cuentas corporativas. Con ello se busca que el software que se produzca y comercialice en España posea propiedades de trazabilidad e inviolabilidad de la contabilidad de las empresas.
Una vez aprobados estos anteproyectos por el consejo de ministros, el próximo paso del gobierno es someterlos a aprobación ante las fuerzas políticas de Congreso.
Buscan resolver incertidumbre regulatoria
Estos anuncios del gobierno español, se complementan con informaciones difundidas en junio pasado, cuando la Dirección General de Tributos de España expuso que las ganancias adquiridas en plataformas de intercambio de criptomonedas debían ser declaradas por todos los ciudadanos en el Impuesto Sobre la Renta.
Para esa fecha, el organismo explicó que al hacer intercambio de una criptomoneda a otra, se generan una ganancia patrimonial, que debía ser declarada por los ciudadanos españoles en el mismo período en que se hicieron tales transacciones. Este anuncio generó polémica entre los miembros del sector en España, quienes consideraron que estas exigencias tributarias podrían ahuyentar la inversión local, incentivar la evasión fiscal y motivar las prácticas de hold.
Hasta la fecha no existe claridad sobre la situación legal de las criptomonedas en España, pues no hay una regulación específica para el sector, aunque empresas y organismos gubernamentales y europeos han declarado sobre la necesidad de resolver la incertidumbre regulatoria sobre el tema.
En mayo pasado, la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados de España discutió las enmiendas a una propuesta de no ley (resolución) sobre criptomonedas y tecnología blockchain. Mientras se debaten posibles regulaciones, el país sigue las pautas de la Autoridad Bancaria Europea.
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