Analizando el mercado de las monedas criptográficas en el mundo hispanohablante, España es sin lugar a dudas una de las naciones más comprometidas con el desarrollo y posicionamiento de las tecnologías de contabilidad distribuida y las criptodivisas, catapultando importantes iniciativas a nivel internacional y constituyendo un fuerte ecosistema doméstico que toma cada día más notoriedad en el sector empresarial y gubernamental.
Ya para el 2016 España se había convertido en el primer país europeo con mayores inversiones en el sector blockchain gracias al reconocimiento gubernamental de la industria, movimiento que ha estipulado incluso impuestos para trabajos de minería. El año pasado también se caracterizó por el aumento de demanda de Bitcoin en toda la nación y la incorporación de nuevos cajeros automáticos a las calles españolas, acción que le ha valido el puesto del quinto país del mundo con mayor cantidad de máquinas expendedores de Bitcoin.
Para este 2017 las expectativas no han disminuido, ya que organizaciones españolas de la mano de comunidades organizadas latinoamericanas han logrado construir una alianza internacional en pro de las tecnologías financieras, entre ellas contadas Bitcoin. Asimismo, la nación será en octubre sede del Foro Mundial de Blockchain, evento que trabaja en la difusión de conocimiento sobre las tecnologías de contabilidad distribuida a los ciudadanos comunes y nuevas empresas para una futura adopción masiva.
Frente al éxito cada vez más rotundo de blockchain y el crecimiento apresurado del uso de Bitcoin en todo el país, que se ha potenciado con unos cuatro mil negocios canjeando bitcoins por euros en toda España gracias a la plataforma Bitnovo; no resulta para nada descabellado que la comunidad española y las entidades gubernamentales empiecen a plantear discusiones sobre la legalidad de las criptomonedas en la región, así como de unas posibles regulaciones venideras.
En este sentido: ¿es Bitcoin legal en España? La respuesta no es sencilla en vista de que bitcoin no es reconocido de forma legal como moneda digital o método de pago por la ley española. No obstante, esto no significa que la criptomoneda sea ilegal en el territorio ya que la misma es aceptada como una divisa digital en toda la nación, visión que está basada en las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que la cataloga según el código civil español como un «bien no material».
¿Entonces, a qué se debe esta falta de esclarecimiento sobre la naturaleza jurídica de la moneda criptográfica? A que España está en espera de una regulación comunitaria. Es decir, la nación sólo actuará en materia jurídica cuando la Unión Europea dictamine una posición consensuada sobre la naturaleza del Bitcoin, cuestión que todavía no ha ocurrido y no ocurrirá por lo pronto.
Frente a esta terrible suspenso, unido a un ecosistema cada vez más hambriento por un piso legal con el que trabajar, se han generado dos frente de discusión que han puesto a las autoridades españolas a replantarse ciertas medidas sobre el Bitcoin y reconocer sus espacios. A continuación los detalles de estas discusiones regulatorias.
A la espera de la Unión Europea
El gobierno español se mantiene al margen de imponer regulaciones en el sector de las criptomonedas siguiendo las recomendaciones dadas el pasado 2014 por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), quien es la agencia regulatoria de la UE en materia de bancos.
EBA habría destacado la necesidad de un acercamiento «omnicomprensivo» con el objetivo de evitar cualquier regulación legislativa nacional que no esté en concordancia con la comunidad europea, considerando lo más recomendable esperar a un consenso entre todas las partes para una aplicación de alcances internacionales:
Un enfoque reglamentario que aborde exhaustivamente estos factores (los riesgos de las monedas virtuales) exigiría un cuerpo de regulación, cuyos componentes no han sido probados. Tendría que incluir, entre otros elementos, requisitos de gobernanza para varios participantes en el mercado (…) y autoridades responsables de la integridad del sistema.
Autoridad Bancaria Europea
Luego de estas declaraciones, representantes del gobierno español rectificaron que las autoridades esperarán a una posición en conjunto con toda Europa antes de realizar cualquier movimiento regulatorio. Postura que no cambia el hecho de que los legisladores tienen sus ojos puestos en la monedas criptográficas y están al pendiente de cualquier declaración de la UE o recomendación de la comunidad española para trabajar en este sector.
En ese sentido, España ha decidido adoptar la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ente que declaró al Bitcoin como una “divisa virtual” exenta de cualquier pago de IVA. Estatus que la convierte en una herramienta legal, más no la reconoce como moneda.
Asimismo, la Unión Europea ha estado avocada en el estudio del uso de Bitcoin en actividades criminales, tales como lavado de dinero y terrorismo; movimiento al que se ha plegado la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española (AEAT) que también está supervisando a las criptodivisas para evitar cualquier uso delictivo. “Por si su difusión pudiera suponer un riesgo respecto del control tributario o utilizarse en esquemas de blanqueo de capitales o para otros fines ilícitos”, concluyó la agencia sobre Bitcoin.
Por otro lado, aún no aplicadas pero si en discusión, la Unión Europea ha planteado la posibilidad de crear un registro de identidad para todos los clientes de tiendas en línea que usan criptomonedas, así como ha tratado de eliminar el anonimato de las transacciones de Bitcoin y ha prevenido próximas regulaciones a Ethereum. Panorama que constituye los primeros acercamientos regulatorios de la entidad internacional ante su interés por las monedas criptográficas y las tecnologías de contabilidad distribuida.
EL SECTOR EMPRESARIAL PRESIONA
Sin embargo, el limbo jurídico en que se encuentra Bitcoin hoy en día no es de la satisfacción de empresarios que desean dedicarse a las monedas criptográficas ni del ecosistema emergente de Bitcoin en general. Es debido a ello que cada día son más las empresas de consultoría, agencias bancarias privadas y representantes jurídicos que luchan por un esclarecimiento de la situación legal de Bitcoin en el territorio, más se encuentra receloso ante regulaciones demasiado severas.
Por ejemplo, Accenture en colaboración con el diario español El país y otros tantos invitados especiales, habría propuesto en el evento «Blockchain: el protocolo de la verdad» posibles acercamientos regulatorios para ser tomados en cuenta por la nación en vista del actual crecimiento e innovación del sector de las criptomonedas y DLT, considerando que un paquete de leyes demasiado severas a estas alturas podría coartar la maduración del sector.
Deloitte y el BBVA también han sido otras de las firmas que han birlado posibles soluciones regulatorias en el marco español, Mas, también consideran que es muy pronto para decir la última palabra sobre el Bitcoin, ya que las tecnologías innovadoras clave necesitan de un período de tiempo más extenso para mejorar su eficiencia.
Mientras tanto, la firma de abogados Abanlex, representantes de Coinffeine, logró un esclarecimiento del uso de Bitcoin en la industria de juegos de azar luego de introducir un llamamiento a la Secretaría de Hacienda y Administración Pública española y al Congreso. Por lo cual, ahora las casas de apuesta online del país necesitan de una licencia especial para que sus usuarios apuesten con Bitcoin.
Por último pero no menos importante, la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española anunció recientemente que todas las personas que trabajen en minería de Bitcoin y otras criptomonedas tienen que estar registrados ante las autoridades españolas y pagar impuestos al gobierno; acción que ha reconocido a la minería de Bitcoin como actividad económica legal.
Frente a este panorama se puede concluir que una regulación estatal del Bitcoin en España es muy poco probable en un futuro cercano. La nación, en conjunto con otras países miembros de la Unión Europea, esperará a un acuerdo de todas las partes para regular el uso de Bitcoin y reconocer su naturaleza jurídica.
Este consenso además no se percibe aún, ya que aunque hay un aumento considerable del mercado de criptomonedas que está empezando a afectar a todas las naciones, también autoridades y expertos consideran que lo más prudente a realizar con las tecnologías de contabilidad distribuida es esperar a que se estabilice su desarrollo para así poder imponer un régimen de regulaciones.
No obstante, todo lo mencionado anteriormente no limita que se realicen unas que otras advertencias legales o medidas regulatorias parciales para el mercado de Bitcoin, como es el caso del cobro de impuestos a sus servicios o una mayor supervisión policial a esta criptomonedas, medidas que ya están siendo tomadas por otros países europeos como Dinamarca y Alemania.
