-
El Estado debe participar en Bitcoin tan solo como un nodo más.
-
Dejar que bitcoin sea voluntario es una rectificación hacia el camino correcto.
Obligar a alguien a aceptar bitcoin es una acción fíat. Literalmente fíat. Fíat en latín significa “hágase”, implica un decreto. Cuando El Salvador aprobó su Ley Bitcoin e hizo obligatorio para los comercios aceptar BTC, promovió Bitcoin desde una aproximación fíat, no bitcoiner. Por eso, no solo no está mal que decidan modificar tal artículo de la Ley Bitcoin, sino que es algo bueno, una enmienda necesaria.
¿Cómo un Estado adopta Bitcoin primera vez?
Que un Estado adopte bitcoin como moneda es de por sí contradictorio, y más aún lo parecía en 2021, cuando El Salvador fue pionero en dar curso legal a la criptomoneda en el país. Esto porque Bitcoin diluye la capacidad del Estado de imponer la política monetaria a través del Banco Central. Significa quitarse poder, renunciar a una herramienta.
Sin embargo, El Salvador ya había renunciado a ese poder cuando se dolarizó en enero de 2001. Todo país dolarizado, o que utilice la moneda nacional de otro país, pierde la capacidad de influir en la economía doméstica a través de la manipulación de las tasas de interés o de la emisión de moneda, al tiempo que se vuelve dependiente de las decisiones de política monetaria del país cuya moneda utilice; Estados Unidos, en este caso.
Dolarizar es un acto de fe de que la Reserva Federal de EE. UU. gerenciará “bien” la economía, aunque nos quede la duda de qué significa “bien” en el ámbito de acción de la banca central.
En el momento en que Nayib Bukele decide avanzar con la adopción de bitcoin, la Reserva Federal no venía gerenciando nada bien. La cantidad ingente de emisión monetaria que se había realizado en 2020 para afrontar la crisis del Covid19, bajo la primera administración de Donald Trump, aseguraba altos niveles futuros de inflación que obviamente serían exportados a El Salvador.
En ese contexto, adoptar el activo más escaso de la historia para la economía nacional sonaba como una salida sensata. Pero siendo pioneros, no existía ningún precedente anterior o un manual respecto a cómo un Estado adopta Bitcoin. Siendo Bukele alguien que usa la fuerza militar para que el poder legislativo le apruebe un préstamo, no parece incoherente que la primera vía pensada para explorar el terreno desconocido de la adopción de Bitcoin haya sido fíat, a través del decreto y la obligatoriedad. Es razón de Estado.
Una obligación de papel, pero un punto de honor
Al principio, la obligatoriedad de aceptar bitcoin como pago en El Salvador generó polémica nacional. A la gente le preocupaba la zanja tecnológica que se abría, sobre todo para comercios entre la población de menos recursos. Con todo, ya la ley contemplaba este escenario:
Art. 12.- Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente Ley, quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin.
Ley Bitcoin de El Salvador
Pasaron los años y las protestas desaparecieron, probablemente porque se notó que la adopción de Bitcoin no fue tan agresiva como se planteaba en el papel. Pero la obligatoriedad de Bitcoin seguía siendo un foco de conflicto para que el Fondo Monetario Internacional aprobara el préstamo de USD 1.300 millones que El Salvador les pedía desde 2021.
Durante mucho tiempo, Bitcoin se sintió como un punto de honor en que el gobierno no estaba dispuesto a ceder para cerrar el acuerdo. Sin embargo, como Bukele mismo lo admitió en agosto de este año, la adopción de Bitcoin en el país no fue como él esperaba.
En este sentido, los indicios de que la administración Bukele eliminará la obligatoriedad de aceptar pagos en bitcoin parecen, más que una verdadera abdicación ante las presiones del FMI, una estrategia en la que El Salvador se sincera con la realidad que el papel no refleja, mientras gana un préstamo que le dará holgura económica.
El prestamista internacional y uno de los principales representantes del mundo fíat puede creer que se trata de una victoria contra el avance de Bitcoin. Pero la verdad es que hoy, tres años después de que El Salvador abriera las puertas para la bitcoinización del Estado, dar marcha atrás a la imposición de Bitcoin parece más bien un reconocimiento y rectificación ante un error de pionero.
La vía bitcoiner de adopción
Hoy entendemos que la adopción estatal de Bitcoin va más por la vía de la adopción de bitcoin como activo de reserva que por su decreto como moneda. Y parece que Bukele también lo ha entendido. Habiendo sido firme con su apuesta de Bitcoin a pesar de las presiones hasta este momento histórico, en el que cada vez más administraciones locales o nacionales apuntan hacia una tesorería bitcoiner, podemos creer que Bukele ya no observa riesgo en enmendar equivocaciones como la imposición de Bitcoin entre la población salvadoreña.
Bitcoin es una moneda que se adopta por consenso. Nadie te obliga a usar Bitcoin; la participación es completamente voluntaria. Ese siempre ha sido el proceso natural de esta tecnología de dinero de código abierto: estudias Bitcoin; entiendes sus reglas; decides si las aceptas o no; si las aceptas, participas como un nodo más en la red, cuidando que se cumplan las reglas; si no te gustan, puedes quedarte con las reglas impuestas por el fíat, buscar otra criptomoneda cuyas reglas sí te gusten, o incluso crear tus propias reglas. A Bitcoin no le importa.
La red Bitcoin también es completamente neutra ante quien la usa. Le da igual si eres un individuo, empresa, Estado a lo que seas. Para Bitcoin, eres una dirección más, un nodo más, un minero más; igual a todos ante las reglas del protocolo.
Es por esto que la vía más bitcoiner para la adopción por parte del Estado es pasivamente, reduciendo intervenciones que dificulten el acceso de los individuos a Bitcoin; y activamente, comprando y minando Bitcoin, participando de la red como un nodo más.
Sean cuales sean los detalles del acuerdo de El Salvador con el FMI, eliminar la obligatoriedad de aceptar pagos en bitcoin, así sea solo en el papel, es una rectificación en el camino correcto hacia una bitcoinización del Estado que deje de reproducir los males de la lógica fíat.
