Parlamento de Venezuela evalúa reformas a la regulación de las criptomonedas

Siete años han pasado desde que se aprobó el decreto que permitió, de manera innovadora y pionera, el uso legal de criptomonedas en Venezuela. Pero, hoy por hoy, una actualización de ese marco normativo parece necesaria para un ecosistema donde bitcoin (BTC) y otros activos digitales, como las stablecoins, se han integrado —por necesidad— en la dinámica económica de los ciudadanos.

Esto es objeto de discusión en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, más específicamente en la Subcomisión de Innovación del Parlamento, que ya instaló mesas de trabajo técnicas para evaluar propuestas de la comunidad y construir un papel de trabajo para un eventual proyecto de ley que actualice —o reforme— el marco regulatorio vigente del sector de las criptomonedas.

Así lo informó el diputado Genkerve Tovar, presidente de la mencionada subcomisión, quien participó en el evento Startup Cripto celebrado este miércoles 10 de junio en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (Unexca), en Caracas.

En entrevista exclusiva para CriptoNoticias, el parlamentario explicó que la AN se encuentra procesando las solicitudes presentadas por diversos sectores de la sociedad civil.

«Actualmente, desde la Subcomisión de Innovación de la Asamblea Nacional, un conjunto de jóvenes entusiastas en el área de criptofinanzas y criptomonedas han estado presentándonos propuestas. Hemos estado evaluando y se han establecido algunas mesas de trabajo que nos permitan construir un papel de trabajo de cara a presentar un proyecto», señaló.

Tovar no señaló cuáles son esos «entusiastas», ni si son personas o empresas vinculadas al sector de los activos digitales los que se han aproximado a la subcomisión del parlamento.

El legislador enfatizó que el andamiaje legal actual, fundamentado en el decreto constituyente del año 2019, requiere una profunda renovación estructural debido a la velocidad con la que se desarrollan estas tecnologías financieras.

A juicio del diputado, «se requiere poner orden y establecer un orden legal y formal» en el área de las criptomonedas. «De forma que nos permita generar ingresos al país», afirmó.

Esta movilización en el parlamento venezolano coincide con un contexto regional donde varios países de América Latina han acelerado sus agendas normativas en torno a los activos digitales. CriptoNoticias ha documentado los casos de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, por ejemplo.

Al ser consultado sobre los avances regulatorios en los países de la región, Tovar fue enfático y aseguró que Venezuela busca «mantenerse al día con el entorno internacional».

«Nosotros tenemos que seguir trabajando en función de construir un papel de trabajo que nos permita en el corto o mediano plazo tener ya esta área totalmente regulada como debe ser», argumentó.

El debate de fondo sobre esta reforma legal se centra en superar el diseño del Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos de 2019, el cual nació orientado hacia un control estatal centralizado y una fiscalización estricta de la minería digital.

No obstante, la realidad del país caribeño remarca una desconexión entre ese marco legal y la operatividad real del sector en Venezuela, debido al proceso de reestructuración que, desde hace casi cuatro años, atraviesa la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

Lo anterior se ha evidenciado, por ejemplo, en las escasas licencias para que empresas de criptomonedas puedan operar en Venezuela, así como en la prohibición —y vigilancia— de la actividad minera por ordenamiento del Ministerio de Energía Eléctrica.

De cualquier forma, con el inicio de estas mesas técnicas en Caracas, el poder legislativo parece intentar reactivar la agenda normativa tras años de estancamiento institucional. Por eso, las propuestas ciudadanas para la regulación de las criptomonedas en Venezuela continuarán siendo recibidas directamente en el parlamento, según confirmó el diputado.

El reto en el corto plazo, no obstante, será demostrar si un eventual proyecto de ley impulsará realmente la formalización de una economía digital, que ya se mueve por cuenta propia, o si se limitará a un esquema más de control.