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Como resultado de la operación, un hombre fue detenido.
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Hasta la fecha, más de 4.300 ASIC han sido confiscados por las autoridades venezolanas en 2026.
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron una presunta granja clandestina de minería digital en la localidad de San Félix, estado Bolívar, al sur de Venezuela.
Durante el procedimiento, ejecutado la semana pasada, los funcionarios incautaron un total de 310 máquinas de Circuito Integrado de Aplicación Específica (ASIC) que se encontraban en pleno funcionamiento y detuvieron a un ciudadano responsable de la instalación. Con este nuevo operativo, las autoridades del país suramericano ya suman más de 4.300 equipos mineros confiscados en lo que va de año en el territorio nacional.
El operativo fue ejecutado específicamente en la calle Maipú de la Zona Industrial Chirica, en el municipio Caroní, por efectivos adscritos al Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 62. Según los reportes del organismo de seguridad, el centro de datos operaba de forma ilegal «y sin las regulaciones o permisos de las autoridades competentes».
Además de los 310 mineros de Bitcoin operativos, los funcionarios militares realizaron una inspección en un depósito continuo donde hallaron un lote de componentes tecnológicos. En total, se retuvieron 1.190 partes y piezas de computación, entre las que se contabilizan 150 fuentes de poder, 130 carcasas, 190 ventiladores, 180 disipadores de calor y 540 tarjetas madre destinadas a la minería digital.
Tanto el material incautado como el ciudadano detenido quedaron a la orden del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.
La prohibición absoluta como respuesta a la crisis eléctrica
Este despliegue militar responde de manera directa a la prohibición absoluta de la minería de Bitcoin y otros activos digitales anunciada por el Ministerio de Energía Eléctrica el pasado 7 de mayo. Las autoridades adoptaron la medida con el objetivo de proteger y estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ante un escenario de alta demanda energética.
El pronunciamiento oficial se produjo luego de que el gobierno reportara que el consumo eléctrico del país alcanzó los 15.579 megavatios, la cifra más alta registrada en los últimos nueve años.
Para complementar esta prohibición, gobiernos locales, como el del estado Carabobo, implementaron una política de incentivos económicos destinada a la delación ciudadana de actividades de minería digital, lo que ha acelerado los allanamientos en ese y otros estados del país.
De hecho, una fuente con conocimiento del operativo en Bolívar reveló a CriptoNoticias, en condición de anonimato por temor a represalias, que un trabajador del sitio fue quien alertó a las autoridades acerca de la actividad minera con el objetivo de ganar la recompensa de USD 1.000, a pesar de que esta es ofrecida solamente en Carabobo.
El operativo en el estado Bolívar se suma a un historial de incautaciones ejecutadas durante el mes de mayo en diferentes regiones de Venezuela. El 8 de mayo, tras una denuncia ciudadana, el gobierno de Carabobo desmanteló una granja en el municipio San Diego con 13 equipos Antminer S9 de la fabricante Bitmain.
Posteriormente, el 12 de mayo, funcionarios policiales y militares incautaron 204 elementos tecnológicos en Los Teques, estado Miranda, incluyendo 70 mineros de alta potencia de los modelos Whatsminer M30S de MicroBT y Antminer, bajo el argumento de que causaban un perjuicio directo a la red eléctrica.
El mayor golpe a la actividad ocurrió el 18 de mayo en Maracay, estado Aragua, donde las autoridades desmantelaron un complejo industrial que albergaba aproximadamente 4.000 equipos ASIC y sistemas de refrigeración, tal como reportó este medio. De acuerdo con los informes técnicos oficiales, dicha instalación generaba un consumo estimado de entre 8 y 10 megavatios, «provocando daños estructurales» en los sistemas de protección del SEN.
Minería de Bitcoin puede ser un aliado en Venezuela
Las medidas coercitivas y la prohibición total de esta actividad económica se desarrollan en un contexto de alta tensión social en Venezuela, donde el 35% de los hogares sufre cortes de luz diariamente.
Mientras las autoridades justifican las incautaciones señalando que la actividad minera genera un impacto severo y daños estructurales en las líneas de transmisión, la opinión pública y los usuarios se debaten entre la efectividad de estas medidas y las fallas estructurales preexistentes en la infraestructura eléctrica nacional, la cual arrastra años de desinversión.
El desmantelamiento de la granja en el estado Bolívar y la confiscación masiva de equipos reafirman una postura de tolerancia cero que criminaliza y empuja a la clandestinidad a la minería digital en Venezuela.
Esta política de prohibición absoluta anula el impacto potencialmente positivo de una industria que, mediante la apertura legal, el diálogo institucional y una regulación adecuada, podría convertirse en un aliado estratégico para la estabilización del SEN.
En lugar de sobrecargar la red, una minería digital formalizada y regulada tiene la capacidad de incentivar la inversión privada en nuevas infraestructuras de generación energética.
Al funcionar como cargas interrumpibles, los centros de datos pueden financiar el mantenimiento del sistema eléctrico y ofrecer soluciones de demanda flexible y controlada, mitigando la crisis energética que hoy afecta a millones de hogares venezolanos.
