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Los mineros incautados fueron modelos Whatsminer y Antminer “de alta potencia”.
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También se confiscaron tarjetas de circuito impreso y fuentes de poder.
Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Guaicaipuro, en colaboración con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ejecutaron el desmantelamiento de una granja de minería de Bitcoin no declarada en Los Teques, estado Miranda, en Venezuela.
El operativo, realizado en una vivienda de la urbanización Piedra Azul, resultó en la incautación de un total de 204 elementos tecnológicos destinados al procesamiento de datos, informó el organismo de seguridad en un post de Instagram el martes 12 de mayo.
Según los informes oficiales, el centro de datos operaba de manera clandestina, lo que las autoridades califican como un “perjuicio directo” al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Durante la inspección en la comunidad de Lagunetica, los efectivos confiscaron 70 mineros “de alta potencia” de los modelos Whatsminer M30S de MicroBT y Antminer de Bitmain —no identificados—.
Además de los equipos de circuito integrado de aplicación específica (ASIC), se hallaron 61 tarjetas de circuito impreso (PCB) con microprocesadores especializados para cálculos de hashing y 17 fuentes de poder conmutadas de alto rendimiento. El lote incautado también incluyó computadoras de escritorio, una laptop y diversas piezas de repuesto para el mantenimiento de la granja, de acuerdo con el organismo policial.
Este procedimiento ocurre apenas días después de que el Ministerio de Energía Eléctrica ratificara, el pasado 7 de mayo de 2026, la prohibición absoluta de la minería de Bitcoin en todo el territorio venezolano. La medida busca estabilizar la red eléctrica tras registrarse un pico histórico en la demanda de 15.579 megavatios (MW), en un contexto donde el 35% de los hogares venezolanos enfrenta cortes de energía diariamente.
La presión sobre los operadores mineros en Venezuela ha escalado recientemente con la implementación de incentivos económicos para la delación. En estados como Carabobo, el gobierno regional ha llegado a ofrecer recompensas de hasta 1.000 dólares por información que permita localizar granjas de minería digital. Esta estrategia de vigilancia ciudadana, que ya dio sus primeros frutos, busca erradicar por completo la actividad en los circuitos eléctricos más críticos.
El caso de Los Teques fue puesto a disposición del Ministerio Público de Miranda para las actuaciones correspondientes. Con este operativo, las autoridades refuerzan la narrativa de que el procesamiento de datos criptográficos es uno de los principales factores de inestabilidad energética en el país.
El seguimiento contra la minería de Bitcoin en Venezuela parece consolidarse como una prioridad de seguridad nacional. Mientras el Estado mantiene la prohibición total, el sector se enfrenta a un entorno de vigilancia extrema, donde la infraestructura tecnológica es vista como una amenaza directa a la integridad del servicio público de electricidad.
