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Se trató de mineros modelo S9 de la fabricante china Bitmain conectados de forma clandestina.
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“Tenemos que apagar hasta la última máquina que esté minando en el territorio”, dijo Lacava.
La política de incentivos económicos para la delación de actividades de minería digital en Venezuela ha arrojado sus primeros resultados.
Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, informó el viernes 8 de mayo sobre el desmantelamiento de una presunta granja clandestina de minería de Bitcoin ubicada en el municipio San Diego.
Durante el operativo, las autoridades confiscaron alrededor de 13 máquinas que, según se aprecia en el video compartido en las cuentas del mandatario regional, son del modelo Antminer S9 de la fabricante Bitmain. Es decir, equipos de generación antigua, cuyo consumo es de 1,3-1,5 kW, aproximadamente.
Según Lacava, estos mineros de Bitcoin fueron desconectados y puestos a la orden de la fiscalía de manera inmediata.
Este hallazgo ocurrió 24 horas después de que el mandatario regional anunciara una recompensa de 1.000 dólares para cualquier ciudadano que proporcione información verificada, incluyendo fotos y ubicación, sobre centros de minería digital, como informó CriptoNoticias.
Según Lacava, el operativo fue posible gracias a una “denuncia anónima” recibida a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin. El funcionario fue tajante al declarar que el objetivo es apagar hasta la última máquina que esté minando en el territorio carabobeño.
“Hoy nos pasaron esta información por el teléfono de denuncias y cuando fuimos conseguimos que había una pequeña granja de minería y por supuesto pasamos a denunciar ante la fiscalía el hallazgo y apagarlas y confiscarlas de manera inmediata. (…) Tenemos que apagar hasta la última máquina que esté minando en el territorio. Aquí nadie se rinde”, dijo Lacava.
La ofensiva contra la minería de Bitcoin en la región central del país responde a una situación crítica en el Sistema Eléctrico Nacional. El Ministerio de Energía Eléctrica reportó la semana pasada un consumo histórico de 15.579 megavatios, la cifra más elevada en casi una década. De acuerdo con el gobierno, esa demanda energética ha sobrecargado la red, provocando que el 35% de los hogares venezolanos sufran interrupciones del servicio diariamente.
En este contexto, el gobierno regional de Carabobo ha identificado consumos inusuales en circuitos protegidos que alimentan instalaciones vitales, como los hospitales.
La prohibición absoluta de la minería digital se mantiene vigente en todo el territorio venezolano por disposición del ejecutivo nacional. El argumento es que esta medida busca estabilizar el suministro eléctrico ante lo que consideran un uso excesivo de recursos por parte de los centros de cómputo de activos digitales.
No obstante, la estrategia de ofrecer recompensas monetarias ha generado debate. Mientras las autoridades justifican las acciones como una medida de seguridad nacional, se cuestiona el fomento de la delación entre ciudadanos en un entorno de alta precariedad económica.
El uso de la denominada inteligencia social para identificar «fugas» de energía marca un precedente en la vigilancia estatal sobre la infraestructura de Bitcoin en Venezuela. La suma ofrecida por denuncia, que supera ampliamente el ingreso promedio local —de 240 dólares, según el último ajuste— actúa como un catalizador para la detección de granjas en zonas residenciales e industriales.
Con la consigna de “tenemos que apagar hasta la última máquina”, Rafael Lacava inicia un operativo contra la minería de Bitcoin en Carabobo. Y este primer decomiso valida el uso de incentivos económicos como método de control energético, marcando un precedente de vigilancia ciudadana sobre la actividad digital en el país.
