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Los delincuentes mantuvieron ocupada la línea de la víctima para aislarla de su familia.
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El pago del rescate debía realizarse mediante la plataforma de Binance.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) alertó sobre una modalidad de extorsión en Venezuela en la que delincuentes hacen creer a familiares que una persona está secuestrada para exigirles criptomonedas. El organismo informó sobre el caso el 18 de septiembre de 2026, luego de localizar en el estado Miranda a un hombre que había sido engañado para permanecer incomunicado.
La víctima recibió una falsa oferta laboral relacionada con trabajos de cristalería. Una vez llegó al lugar pactado por los falsos reclutadores, recibió llamadas de personas que afirmaban pertenecer a un grupo paramilitar, lo amenazaron de muerte y le ordenaron permanecer allí con la línea telefónica ocupada.
Mientras el hombre permanecía incomunicado, los extorsionadores contactaron a su esposa y le hicieron creer que su pareja estaba secuestrada. El rescate debía enviarse en USDT mediante Binance. El CICPC explicó que no existía una retención física: el esquema se basó en amenazas dirigidas a la víctima y engaños destinados a generar temor en sus familiares.
Funcionarios de la División de Investigaciones de Extorsión rastrearon las comunicaciones después de la denuncia de la esposa y localizaron el vehículo del hombre. El organismo señaló que buena parte de las llamadas relacionadas con esta modalidad procede de números internacionales, principalmente con prefijo +57 de Colombia, aunque también ha detectado líneas con códigos +53 y +593.
El CICPC pidió bloquear y denunciar los números +573242150710 y +573241771960, señalados por el organismo en relación con esta modalidad. También recomendó no realizar transferencias, mantener la calma y verificar por otras vías el estado de la persona supuestamente secuestrada antes de entregar dinero.
El aumento de los secuestros virtuales también se observa en otros países de la región. En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial registró 58 denuncias entre enero y mayo de 2026, frente a ocho durante el mismo periodo de 2025, un incremento de 625%. El país cerró 2025 con 92 denuncias.
Estos casos muestran que el uso de activos digitales en delitos de extorsión no se limita a los ataques contra plataformas o cuentas. La rapidez con la que puede transferirse USDT también lo convierte en un mecanismo utilizado para presionar a las víctimas, mientras que la expansión de estas modalidades plantea un desafío adicional: distinguir rápidamente una amenaza real de un secuestro simulado antes de que el miedo conduzca a un pago irreversible.
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