¿Podría Estados Unidos incautar el presunto bitcoin de Venezuela?

La reciente detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, ha provocado un terremoto político en Caracas y, al mismo tiempo, ha reavivado la especulación sobre las posibles reservas de Bitcoin (BTC) que el gobierno venezolano habría acumulado durante casi una década para intentar sortear el cerco financiero internacional.

Según la analista de CNBC MacKenzie Sigalos, especializada en el ecosistema de criptomonedas, existe la especulación de que la administración estadounidense podría evaluar la posibilidad de incautar una fortuna en activos digitales.

De confirmarse las estimaciones más altas —que provienen de reportes no oficiales como el de Whale Hunting—, esta presunta reserva podría superar los 600.000 BTC. A los precios de enero de 2026, equivaldría a unos 60.000 millones de dólares. Cabe destacar que la propia fuente original de estas cifras ha señalado que no se tiene certeza absoluta.

La historia de esta supuesta acumulación comenzó alrededor de 2017. Ante el desplome del bolívar y el endurecimiento de las sanciones, el gobierno venezolano exploró el ecosistema de BTC como alternativa.

Según Sigalos, Venezuela se involucró en minería estatal de Bitcoin y Ether (la criptomoneda de Ethereum), y habría recibido pagos por petróleo en Tether (USDT), que potencialmente se convirtieron en bitcoin para su almacenamiento —aunque no hay confirmación pública de esta conversión sistemática.

«Incluso la mera posibilidad de que Estados Unidos confisque y retenga estos activos es un argumento alcista para el mercado», señaló Sigalos. El mercado reaccionó con euforia: el precio de bitcoin se disparó por encima de los 94.000 dólares tras conocerse la detención de Maduro, recuperándose de un inicio de año incierto.

Sin embargo, existe un gran abismo entre lo que Venezuela declara oficialmente y lo que sugieren algunos reportes. Mientras registros públicos como Bitcoin Treasuries atribuyen al estado venezolano solo unos modestos 240 BTC, reportes especulativos de Whale Hunting hablan de una «reserva en las sombras» de entre 600.000 y 660.000 unidades, según lo difundido por CriptoNoticias.

De materializarse una incautación de esta presunta reserva, el inventario estadounidense —que ya supera los 325.000 BTC por incautaciones previas, como la de Silk Road— se triplicaría, consolidando a Washington como el mayor tenedor gubernamental de BTC, por encima de China (cuyas estimaciones rondan los 190.000 BTC).

¿Puede Estados Unidos incautar una reserva de Bitcoin venezolana?

Existen antecedentes de que gobiernos han incautado miles de millones en bitcoin de entidades criminales o sospechosas. Entre los casos recientes destaca la incautación de 127.000 BTC (valorados actualmente en alrededor de 13-15.000 millones de dólares) por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Tras esa operación, el Centro Nacional de Respuesta de Emergencia de Virus Informáticos de China (CVERC) publicó un análisis técnico el 9 de noviembre de 2025, afirmando que los BTC incautados coincidían con los robados en diciembre de 2020 al pool minero LuBian (propiedad del empresario Chen Zhi, presidente del Prince Group en Camboya).

Según el informe, los fondos permanecieron inactivos casi cuatro años en wallets de los hackers hasta junio-julio de 2024, cuando se transfirieron a direcciones etiquetadas por Arkham Intelligence como controladas por el gobierno estadounidense.

CVERC califica esto como un caso típico de “thieves falling out” (ladrones peleando entre sí), orquestado por una organización de hacking a nivel estatal, y contradice la versión del DOJ, que alega que todos los BTC eran ganancias obtenidas de actividades ilícitas.

Aunque EE.UU. mantiene que fue una operación legal, el episodio demuestra que Washington puede acceder, rastrear y transferir grandes cantidades de BTC a wallets controladas por el gobierno (como se vio en las etiquetas de Arkham Intelligence). Sin embargo, esto siempre requiere acceso a las claves privadas, ya sea mediante exploits, investigaciones complejas, cooperación o incautación física de dispositivos/custodios —nunca es posible mover fondos sin ellas.

Una incautación de bitcoin es posible, pero no fácil

La viabilidad de incautar una presunta reserva soberana venezolana se ve severamente limitada por la naturaleza de la autocustodia de bitcoin. Las reservas supuestamente estarían almacenadas en wallets cuya seguridad depende exclusivamente del control de las claves privadas (posiblemente en carteras frías con esquemas multifirma). Quien controla las claves privadas controla de facto los fondos.

Sin acceso físico a las claves (sea por incautación directa de dispositivos, cooperación voluntaria o entrega por parte de custodios), las autoridades externas no pueden mover, consolidar ni liquidar los fondos, por más órdenes judiciales que existan.

Cualquier intento de incautación requeriría, en primer lugar, obtener acceso a las claves privadas (lo que podría implicar procesos de inteligencia, explotación de vulnerabilidades o acceso físico), y luego —ya con propiedad fáctica— tramitar formalidades legales internacionales complejas y prolongadas (similares a los vistos en casos como Silk Road, donde se tardaron años en recuperar fondos a través de litigios y cooperación global), pero a una escala mucho mayor que podría generar arbitrajes internacionales extensos sin garantía de éxito.

Una congelación prolongada implicaría años de disputas judiciales, especialmente si las claves privadas permanecen desconocidas. Además, la no presencia militar estadounidense en territorio venezolano minimiza cualquier acceso físico o forzado a dispositivos o custodios locales, dejando el proceso dependiente casi exclusivamente de vías diplomáticas, judiciales o de inteligencia —un escenario incierto y de alto riesgo de fracaso.

El analista Iván Gómez, en su artículo de opinión publicado en CriptoNoticias el 5 de enero de 2026 titulado “Sobre los presuntos bitcoin de Maduro”, cuestiona precisamente la certeza de esta acumulación masiva y enfatiza la duda central: “¿Quién tiene las llaves de los bitcoin de Venezuela?”.

Gómez argumenta que, aunque es probable que el gobierno de Nicolás Maduro haya acumulado bitcoin nadie posee certeza pública sobre el monto real ni sobre el control efectivo de las claves privadas.

Esta incertidumbre refuerza las barreras prácticas. Es decir, sin claves, no hay incautación posible, lo que transforma el escenario de un “tesoro incautable” en una narrativa especulativa más que en una operación factible a corto plazo.

Mientras Venezuela es tema de discusión y debate en el mundo digital, tras la operación estadounidense del 3 de enero de 2026, Caracas y otras urbes venezolanas muestran una calma aparente, pero frágil.

Las calles están mayormente desiertas —salvo patrullajes militares y de grupos de simpatizantes del gobierno— y la población se ha resguardado en sus hogares ante la tensión política y militar. Hay filas prolongadas en supermercados y estaciones de servicio por temor a escasez.