Hechos clave:
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Nuevos estándares contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se esperan para este año.
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Analistas prevén que los hackers aprovecharán los primeros meses de 2019 para lavar dinero robado.
De acuerdo a las recientes cifras de la firma de seguridad CipherTrace, 1.7 mil millones de dólares fueron robados por hackers y estafadores a propietarios de criptoactivos durante 2018.
Estas estadísticas, publicadas en el más reciente reporte sobre antilavado de dinero (AML) de la firma, destacan que 950 millones de USD fueron robados a casas de cambio y monederos de criptomonedas, de un total de 1.7 mil millones de dólares estadounidenses. Se estima que el año pasado el monto total robado a plataformas de intercambio aumentó 3,6 veces, en comparación con el 2017, y unas seis veces respecto a las cifras del año 2016.
Tomando en cuenta la magnitud del monto robado, los analistas prevén que los hackers aprovecharán estos primeros meses del 2019 para lavar el dinero robado el año pasado, el cual podría ser procesado a través de casas de cambio que no posean estrictas medidas contra el lavado de dinero.
Tal previsión responde a los resultados de otro estudio realizado por CipherTrace en octubre pasado, según el cual las plataformas de intercambio de criptoactivos, cuyos países de origen no han aplicado medidas AML, procesan 36 veces más transacciones en bitcoins relacionadas con actividades criminales que aquellas que sí se apegan a las pautas AML.
Sobre este tema, el fundador y CEO de CipherTrace, Dave Jevans, declaró que entre las razones para el aumento de los robos se halla el hecho de que muchas plataformas solo han estado operativas por dos años o menos y no han invertido en las tecnologías y prácticas de seguridad necesarias para proteger sus sistemas.
En consecuencia, considera que el sector de las criptomoneda necesita una enorme cantidad de inversión en infraestructura y educación para prevenir estos ataques.
Debido al rápido crecimiento mundial del sector de las criptomonedas, esta situación trasciende a niveles globales, convirtiéndose en una de las mayores preocupaciones de las entidades regulatorias a nivel internacional.
Se espera, por tanto, que en 2019 aumenten las presiones para implementar mayores regulaciones y control sobre el ecosistema, con la exigencia de más medidas de seguridad y normas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (AML/CFT). Una tendencia que se verá incrementada en el mercado asiático de criptomonedas, de acuerdo a los analisis realizados por la empresa de consultoría Chainalysis.
Mayores presiones para el control de delitos
En octubre pasado, el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF) se propuso hacer una actualización de las normas internacionales que publicó en 2015, a través de una guía donde analiza los riesgos de las monedas virtuales.
El objetivo, según expone el organismo, es ofrecer una respuesta global efectiva basada en los riesgos de lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CFT), asociados con las actividades financieras que se realizan con criptoactivos.
La idea es que la mayoría de los países garanticen que los proveedores de estos servicios estén sujetos a las regulaciones ALM/CFT, realizando la debida investigación sobre el cliente, haciendo un monitoreo continuo, manteniendo al día registros y reportando transacciones sospechosas. A tal efecto, FATF ofrece guía y promete hacer supervisiones.
El FATF proporcionará aclaraciones a las jurisdicciones en la gestión de los riesgos de LD (lavado de dinero) y FT (financiamiento del terrorismo) de los activos virtuales, al tiempo que creará un entorno normativo sólido ALM/CFT en el que las empresas son libres de innovar. Como parte de un enfoque por etapas, el FATF preparará una guía actualizada sobre un enfoque basado en el riesgo para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, incluida su supervisión y monitoreo; lo que incluye orientación para las autoridades operativas y de aplicación de la ley sobre la identificación e investigación de actividades ilícitas relacionadas con activos virtuales.
Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales
Se espera así que nuevos estándares entren en vigencia este año (probablemente en junio), según afirmó el presidente del FATF, Marshall Billings. Las medidas se aplicarán a los 38 países miembros, incluidos los EE. UU., la Unión Europea y el G20. Con ello, se aspira que las jurisdicciones de todo el mundo se vean forzadas a licenciar o regular a las empresas que comercian e intercambian criptoactivos, incluyendo las que proveen servicios de carteras y las que emiten ofertas iniciales de monedas (ICO), so pena de ser agregados a una lista negra que restringiría su acceso al sistema financiero global.
Esta medida podría poner en apuros a muchas plataformas, puesto que en el informe elaborado en octubre de 2018 por CipherTrace, se asegura que unos 79 países tienen un régimen débil de medidas AML y no poseen normativas claras de regulación para el mercado de criptomonedas.
A juicio de los investigadores, las casas de cambio pertenecientes a dichas naciones fallan en implementar políticas para evitar que actúen sectores ligados al tráfico de drogas, no aplican pautas de conozca a su cliente (KYC), o no reportan de manera sistemática las grandes transacciones a las autoridades financieras. Unos elementos que hacen más fácil el uso de bitcoin para actividades ilegales, de acuerdo al documento.
Buscarán aplicar regulaciones más globales
En su informe más reciente, el equipo de CipherTrace concluye que las presiones harán que para el 2020 la mayoría de las entidades regulatorias apliquen medidas antilavado de dinero. En este caso, la tendencia apunta a que varios organismos internacionales intervengan en procura de medidas globales.
El planteamiento es compartido por Chainalysis, la cual publicó en enero pasado un reporte en el que considera que este 2019 habrá una mayor discusión entre entidades regulatorias y representantes financieros acerca de las próximas acciones reglamentarias que se tomarán a nivel internacional en el sector de los criptoactivos.
En esta línea de acción ya se han manifestado dos autoridades europeas: la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), las cuales a través de un comunicado publicado a principios de enero plantearon la necesidad de trabajar en conjunto.
En su pronunciamiento, la EBA aseguró que fijará una posición de monitoreo y asesoría del mercado de criptomonedas este 2019, a la par que exhorta a la Comisión Europea a convocar a sus Estados miembros para realizar un enfoque regulatorio unitario, que abarque y unifique todas las visiones del continente.
La ESMA, por su parte, también recomendó a las instituciones de la Unión Europea prepararse para realizar una nueva revisión y enfoque regulatorio en el sector de las criptomonedas este 2019. Planteó además que a aquellos activos financieros que sean clasificados como valores, se les apliquen las actuales leyes financieras europeas que contemplan medidas antilavado de dinero y KYC.
Los efectos en el sector: ¿crecimiento o restricción?
Alrededor de estas previsiones, que auguran un mayor control sobre el ecosistema, han surgido dos posturas: una que considera estas normas van en contra de las características intrínsecas de los criptoactivos, como la privacidad y la descentralización; y otra que piensa que la regulación contribuirá a una mayor seguridad y crecimiento del sector.
Dentro del primer grupo también están aquellos que argumentan que el exceso de normativas, los papeleos y el temor a sanciones restringe la innovación, y por ende, no estimula el avance. Se han citado datos acerca de una disminución de los proyectos ICO desde finales de 2018, aunque en tal situación también intervienen otros factores, entre ellos la baja de los precios de las criptomonedas durante el año pasado.
Para aclarar dudas en relación a la falta de privacidad de las operaciones, el CEO de CipherTrace expuso que las únicas transacciones que actualmente son rastreadas por los gobiernos son aquellas que superan los 10.000 USD o las que tienen vínculos con individuos y gobiernos sancionados, terroristas y conocidos lavadores de dinero.
Jevans acota que las nuevas regulaciones sobre las criptomonedas no cambian esta regla y opina que las regulaciones harán al mercado más ordenado y seguro para todos. Aunque no replica sobre el tema de la pérdida de la descentralización que causan los controles, reitera lo que señalan los informes de la firma. Estos indican que los criminales enfocan sus transacciones en aquellas casas de cambio que no poseen medidas antilavado de dinero, mientras que las plataformas que sí las aplican procesan menos del 3% de los BTC relacionados con actividades criminales.
En términos generales, lo que se augura para el sector es que cada vez más empresas sigan la tendencia de aplicar normas KYC AML y CFT. Un ejemplo de ello es Binance, que en octubre pasado conformó, junto a Chainalysis, un software que monitorea transacciones de criptomonedas en tiempo real, con el objetivo de identificar cualquier movimiento sospechoso que pudiese estar ligado al mercado delictivo.
Al parecer, las casas de cambio descentralizadas tampoco quedarán fuera de esta tendencia. Ya ocurrió en Shapeshift, que desde septiembre 2018 comenzó a exigir el cumplimiento de un proceso de identificación del cliente (KYC), a pesar de las quejas de sus usuarios. El año pasado la plataforma debió procesar 60 solicitudes de investigación provenientes de organismos regulatorios de varios países.
Bajo este panorama solo queda esperar a que se desarrolle el probable despliegue de controles para saber si el sector se encamina hacia el crecimiento o la limitación.
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