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El nuevo jefe fiscal unifica por primera vez el control de la banca pública y la recaudación.
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Mientras USDT ha sido un refugio ciudadano, ahora pasaría a ser el objetivo de fiscalización.
Tras 18 años bajo la misma dirección, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el ente recaudador de impuestos en Venezuela, experimenta su mayor transformación estructural. Román Maniglia asume la jefatura del organismo con la instrucción de automatizar la recaudación y digitalizar por completo el sistema fiscal.
Este movimiento desplaza a José David Cabello hacia la presidencia de Pequiven, organismo del sector petroquímico formal que estuvo previamente bajo la gestión de Maniglia. Sin embargo, el verdadero giro institucional radica en el perfil del nuevo superintendente, quien deja la presidencia del Banco de Venezuela en manos de Calixto Ortega para volcarse por completo al control fiscal.
Maniglia, quien se autodefine en sus perfiles oficiales como especialista en criptomonedas, ha sido el principal operador del gobierno para acercar la administración pública al ecosistema de los activos digitales.
Reportes de medios especializados en finanzas exponen que su vinculación con la banca pública se remonta al menos al año 2010, iniciando en el Banco del Tesoro. Desde entonces, ha mantenido una participación activa en la modernización de los canales de pago locales, siendo uno de los promotores de herramientas masivas como el sistema «pago móvil».
De igual forma, registros sectoriales señalan que el funcionario formó parte de las iniciativas estatales para incentivar el uso del petro, la criptomoneda emitida por el gobierno.
Asimismo, su gestión ha estado ligada a la aproximación institucional con actores del sector, incluyendo la facilitación de encuentros de intercambio técnico con figuras vinculadas a la industria internacional, como el cofundador de Coinbase, en un esfuerzo por explorar las dinámicas del ecosistema global dentro del contexto local, tal como fue reportado por CriptoNoticias el pasado mes de mayo.
El escudo ciudadano bajo la lupa del Estado
Para el ciudadano común, el uso de criptomonedas y stablecoins como USDT ha funcionado como un refugio frente a la devaluación. No obstante, la economía digital del país ha alcanzado un volumen que las autoridades fiscales podrían buscar incorporar formalmente al presupuesto nacional.
El volumen de la economía digital en el país:
- Movilización en canales digitales: estimaciones de Cavecom-e sitúan los pagos móviles en 51 millardos de dólares para 2025. La cifra debe verse con precaución ya que representa casi el 50% de un PIB nacional estimado en 110 millardos de dólares, una proporción desmesurada para el tamaño de la economía bancarizada del país.
- Acceso a servicios financieros digitales: 96% de la población (según Cavecom-e).
- Uso del sector público: el empleo de stablecoins como USDT para la gestión de flujos comerciales de exportación frente a las restricciones bancarias internacionales.
La contradicción de fondo es clara. Esto porque el mismo ecosistema que ha servido de alternativa para la economía privada y las operaciones comerciales gubernamentales puede ser ahora el objetivo prioritario de una campaña de actualización fiscal.
Aunque el marco normativo que orienta los tributos sobre activos digitales data de reformas previas como las de 2020, este año el organismo fiscalizador ha incrementado la exposición mediática y la presión de cumplimiento.
El ente tributario ha redoblado sus exigencias para declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) respecto a las ganancias de capital en criptoactivos, abarcando incluso operaciones comerciales o de intercambio con equivalentes a montos mínimos mensuales de entre 30 y 45 dólares.
En ese sentido, queda claro que el marco normativo actual diseñado para la economía tradicional mutará para adaptarse a la velocidad de los mercados tanto en plataformas persona a persona (P2P) como en operaciones en los mercados spot y de corretaje.
El debate de fondo: ¿modernización o aumento de la presión fiscal?
Más allá de aplicar con mayor rigidez las leyes existentes, analistas del sector sugieren que la urgencia por monitorear las transacciones con monedas estables responde a una necesidad macroeconómica: adecuar la recaudación a una realidad donde el dinero en efectivo y digital circula fuera de los bancos.
Formalizar la economía invisible permite capturar ingresos de un sector que ya mueve volúmenes significativos de capital sin necesidad de crear nuevos impuestos.
Richard Ujueta, presidente de Cavecom-e.
Por un lado, los defensores de la medida señalan que la digitalización fiscal dotará al Estado de recursos necesarios de forma más eficiente y transparente. Por el otro, los usuarios del ecosistema de los activos digitales y defensores de la privacidad advierten que un marco legal más restrictivo sobre las operaciones sport y P2P podría desincentivar el uso de estas plataformas o encarecer los costos de vida de quienes dependen del comercio independiente.
Después de todo, la llegada de un funcionario vinculado al ecosistema de las criptomonedas al ente tributario acelera la transición hacia un entorno de cumplimiento técnico obligatorio. Los usuarios locales deberán vigilar de cerca los controles de la banca, así como la creación de normativas específicas, ya que la digitalización fiscal apunta a ser el primer paso hacia una reconfiguración total de las obligaciones sobre el dinero digital en el país.
